Narcotráfico
Jueves 12 de Enero de 2017

Liberaron a acusados de narcos por una "investigación ilegal"

Toxicología de Concepción investigó seis meses a los sospechosos sin aval del juez federal, que igual los procesó, pero la Cámara anuló la causa

Tres personas estuvieron detenidas durante tres meses en la cárcel de Concepción del Uruguay sospechadas de venta de droga, por una investigación ilegal. A fines de diciembre los liberaron tras un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que advirtió que la Policía los había investigado sin el control correspondiente del juez federal, quien a su vez avaló tal accionar ilegal y los procesó.


Desde el 7 de setiembre de 2015, la Delegación Toxicología de Concepción comenzó a desarrollar distintas tareas de inteligencia por supuestas actividades ilícitas que desplegaba un hombre en un local comercial de la ciudad. Luego de seis meses de vigilancia, los policías informaron al juez federal Pablo Seró de tales actividades, los resultados de las mismas, y solicitaron la intervención de línea telefónica del sospechoso. El 4 de abril de 2016 el magistrado abrió el legajo de investigación, dispuso la escucha del teléfono indicado y ordenó profundizar las vigilancias, documentando los movimientos que se observaban mediante actas, filmaciones y fotografías.


En el informe policial, se indicaba: "Se pudo observar la concurrencia de personas (al negocio) que manipulaban dinero antes de ingresar, que permanecen en el interior del local por poco tiempo y que al retirarse lo hacen manipulando elementos pequeños (...) acciones indicativas de posible comercialización de estupefacientes. Es de hacer mención que en las distintas vigilancias que se llevaron a cabo se ha observado a Leonardo Larrea salir en reiteradas oportunidades del local, posiblemente en busca de sustancia estupefaciente que podría tener guardada en otro lugar o a llevar a cabo alguna entrega de la misma".


Como consecuencia de los elementos reunidos meses después por el Juzgado, el juez dispuso una serie de allanamientos en Concepción, que fueron llevados a cabo el 16 de setiembre de 2016. En una casa de calle Fray Mocho se secuestraron algunos cebollines de cocaína, pastillas, recortes de nailon con restos de marihuana, dos frascos de creatina, entre otros elementos, pero lo que más sorprendió fue que en un placard había dos uniformes de la Policía de la Provincia de Entre Ríos. En el lugar detuvieron a Manuel Fernández. Poco antes, habían perseguido al sospechoso Larrea, que iba en su auto y en la huida arrojó dos bolsas de nailon, una de las cuales contenía 900 gramos de cocaína. Tres días después, el hombre fue detenido al salir de su negocio y su presunto cómplice, Ignacio Gutiérrez, se entregó al día siguiente.


Los tres fueron indagados por el juez Seró por la tenencia de 901,9 gramos de cocaína con fines de comercialización. El 4 de octubre los procesó y les dictó la prisión preventiva. Pero todo era en vano, ya que tres meses después la causa se iba a caer.



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"Se vulneraron derechos"



Los abogados defensores Rodrigo Arrechea y Félix Pérez presentaron un recurso de apelación contra el procesamiento y la prisión preventiva. Sostuvieron "la existencia de graves defectos en la tarea realizada por la Policía que invalida la investigación y las intervenciones telefónicas ordenadas por el magistrado". Destacaron que esto vulneró los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y que debía decretarse de oficio la nulidad de dichos actos "ya que ha existido un exceso en el accionar de la fuerza que vulnera derechos constitucionales".


Asimismo, los letrados cuestionaron que "no se acreditó nada de lo que mencionan los informes de las tareas de investigación, que tampoco se probó que en el local que posee Larrea se vendía estupefacientes, ni que usaba las líneas telefónicas intervenidas".


Sobre la escasa droga hallada en la vivienda allanada, argumentaron que, según el informe pericial psicológico, "Fernández es consumidor abusivo de tóxicos". Por esto, los defensores pidieron el sobreseimiento o la falta de mérito de los acusados.


Ante este reclamo, el fiscal general Ricardo Álvarez sostuvo que debía ser rechazado, entre otros argumentos, "ya que la Policía luego de obtener conclusiones preliminares, inmediatamente se presentó ante el juez y solicitó que judicialice la investigación y se dispongan intervenciones telefónicas". Además, consideró "de alta gravedad que se hayan secuestrado dos uniformes de la Policía de Entre Ríos en el domicilio de Fernández".


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"Desparpajo policial"


El Tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones, integrado por Mateo Busaniche, Daniel Alonso y David Chaulet, sostuvo: "Se advierte que asiste razón a la defensa respecto del inadecuado accionar de la fuerza preventora, toda vez que informó al magistrado seis meses después de haber dado comienzo por su propia cuenta de tareas de seguimiento, avistaje y fotografías del domicilio y de la persona del imputado, y la realización de consultas de dominio de automotores en los que este y otros sujetos se conducían".


"El personal policial desde el 7 de setiembre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016 omitió dar inmediata noticia al magistrado o, en su caso, al Ministerio Público Fiscal", se señaló en el fallo, por lo que concluyeron: "El accionar de la fuerza no puede ser convalidado y corresponde hacer lugar a la petición de la defensa, decretar la nulidad de las actuaciones policiales realizadas sin ningún tipo de intervención de autoridades judiciales y, consecuentemente, de la resolución del magistrado que dispusiera la intervención telefónica y la realización de tareas de inteligencia y de todos los actos que son su consecuencia". En este sentido, la resolución fue "sobreseer a los imputados en las presentes actuaciones y disponer su inmediata libertad". En su voto, Alonso expresó: "En el caso que nos ocupa y luego de seis meses de actividad irregular, la autoridad policial con absoluto desparpajo procedió a requerir al juez las medidas intromisivas y este, sin ningún rigorismo homologó una investigación a todas luces ilegal y dispuso medidas con sustento en tamaña ilegalidad".


Finalmente, el camarista citó un fallo del presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar, sobre un caso muy parecido: "En definitiva, nada más impropio e invertido respecto de un desenvolvimiento regular del proceso donde la Policía debe operar como auxiliar de la Justicia. En el subexamen, y al revés del Derecho, véase que la Justicia Federal funcionó como auxiliar de la Policía (...) siendo más inexplicable aún que los mismos magistrados no advirtieran la ilegalidad de todo lo actuado, debido a la falta de intervención necesaria del juez y del fiscal".


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