Un fin de ciclo en universidades

Educación. En el sistema público provincial hubo un alto crecimiento de matrícula, oferta de carreras y graduación  
18 de abril 2016 · 08:00hs
Cada gobierno impone una línea política educativa y científica particular, y fundamentalmente cada modelo económico, político y social impulsado a través del poder de turno instaura un modelo propio con determinada necesidad de profesionales. Por eso comenzará a gestarse en los próximos meses un nuevo perfil del sistema universitario.

En las casas de altos estudios, en los distintos claustros, aunque fundamentalmente en sus cuadros directivos, existen expectativas y tensiones por conocer el nuevo rumbo.

El modelo M para la universidad pública es aún un acertijo, toda vez que no han habido medidas directas que apunten a ellas. Algunos especulan el tenor y su rumbo, a partir de la discontinuidad –o por ahora falta de resolución– o ajustes en la materia, como los despidos y discontinuidades de programas como Conectar Igualdad, Finalización de la Escuela Secundaria, Mejora, en los otros niveles educativos.

Otros, en tanto, prevén medidas que tiendan a abordar problemáticas planteadas en campaña, como la baja graduación, el alto porcentaje de matrícula que no aprueba más de una materia en el año, la calidad educativa, por citar algunos.

Los primeros 120 días resultan poco tiempo para deducir el nuevo destino, toda vez que tampoco está claro el rumbo económico-político y social. 

El fin de ciclo K en el nivel educativo más alto concluyó con una creciente matrícula, una multiplicación de la oferta académica, una notable demanda de profesionales de distintas carreras técnicas, y una mejora en los últimos años de la evolución de la graduación universitaria. El creciente presupuesto oficial también permitió generar propuestas a la comunidad a través de mayores políticas de extensión, con talleres, cursos, charlas, debates y jornadas abiertas. 

En la década que pasó, no hubo riesgos de arancelamiento en la universidad pública, viejas banderas enarboladas por las comunidades educativas ante los embates privatistas de los 90. Incluso se crearon nuevas universidades nacionales, otro sello de la gestión K: fueron más de una decena, en el conurbano bonaerense, y en distintos sectores geográficos del país. Para los críticos, ámbitos partidarios sin necesidad académica ni niveles de excelencia; para sus defensores, más espacios para el ascenso social, cercanos para familias que no podían afrontar los gastos de movilizar a sus hijos a otras localidades. Ello se complementó con una reforma de la Ley de Educación Superior, a fines de 2015, que eliminó todo examen de ingreso y cualquier tipo de arancelamiento, dejando explícito en el texto de la norma que el ingreso es libre e irrestricto. 

La matrícula creció: pasó de 1.412.999 estudiantes universitarios en 2001, a casi 2 millones en la actualidad, lo que representa un incremento del 35% de la población estudiantil universitaria.

Estudios oficiales y privados dan cuenta de la mejora en los índices. Por caso, el Centro de Estudios de la Universidad de Belgrano, a cargo de Alieto Guadagni reveló en un panorama reciente, que de 2003 a 2013 –último año con estudios oficiales completos–, la evolución de la graduación universitaria argentino aumentó un 50,1%. Por si vale aclararlo, el exfuncionario nacional en los 90, es un acérrimo crítico a la universidad pública, su ingreso irrestricto y a las políticas del modelo K.

Por esa razón, bajo su mirada crítica, exhibió que la graduación universitaria en el país sigue siendo baja: se reduce a 32 de cada 100 ingresantes. Sin embargo, aclara también que “en los últimos cinco años, en las universidades estatales ha aumentado este indicador de la eficacia en la graduación, a la vez que, en un proceso inverso, ha disminuido en las universidades privadas”. 

“Esta creciente eficacia en la graduación estatal ha permitido incrementarla en todo el sistema, que ahora alcanza un 32% cada 100 ingresantes, mientras que hace seis años llegaba apenas al 26,1%. Estas cifras promedio encubren grandes disparidades entre las universidades”, testimonia el informe.

Por casa

La matrícula en la universidad pública tuvo un crecimiento superior al 35%, en lo que va del nuevo siglo, en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos su matrícula pasó de 10.707 alumnos en 2000, a alrededor de 14.000 en la actualidad.

En tanto, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), creada en 2000, las estadísticas hablan de que ha tenido un crecimiento sostenido y permanente, muy por encima de esos porcentuales y de la media nacional. Por el progresivo reconocimiento de sus carreras y su inserción en numerosos pueblos y ciudades entrerrianas, pasó de 7.880 alumnos en 2005 –el primer registro de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación– a 20.057 matriculados, en 2013.

En materia de nuevos inscriptos, en la UNER se pasó de 2.826 jóvenes en 2000 y 3.383 en 2005, a 4.351 en 2013.

En la Uader, se pasó de 3.593 en 2005, a 5.797 en 2013. En el último año superó las 6.500 inscripciones, y su población supera las 21.000 personas.

De ese modo, el sistema público contiene a casi 40.000 jóvenes, y les abre las puertas a casi 10.000 cada año, permitiendo el ascenso social a muchas franjas de la población.

Perspectiva

En los 90, el fenómeno educativo correspondió a la aparición y masificación de las universidades privadas, que empezaron a cubrir con oferta académica y presencia en distintas localidades, lo que la esquelética universidad pública de entonces no podía, por falta de presupuesto. 

Y el modelo económico de esa década saturó de profesionales ligados a las Ciencias Sociales, porque las carreras técnicas, las ingenierías, las generadoras de innovación científica, no tenían salida laboral en el país.

En el nuevo siglo, el presupuesto pasó de 0,5% a 1% del total del Producto Bruto Interno. Eso derivó en lo dicho: más docentes, más ofertas académicas, más investigación y extensión, y mayor matrícula.

En torno de lo que se avecina, no solo habrá que observar las medidas concretas en educación, como presupuesto, sostenimiento de las casas de altos estudios o incentivación a la investigación; el modelo económico y social será determinante para no solo saber si más o menos chicos podrán alcanzar un título de grado, sino también acerca de qué tipo de profesionales demandará la comunidad.   
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