Narcotráfico
Domingo 27 de Agosto de 2017

Trágica naturalización y avance de las drogas y del narcotráfico

Investigación Académica. La venta y tráfico de estupefacientes ha tenido una fuerte expansión territorial y casi no diferencia estratos sociales. Prioridades sociales y de las políticas públicas, en un contexto de riesgo para la niñez

En Paraná hay un solo centro público de tratamiento para las adicciones a las drogas, y ninguno con internación. El freno a la obra del Centro de Prevención de Adicciones en el barrio Anacleto Medina de Paraná, es consecuente con un clima social que pese a las quejas por el avance de la venta y tráfico de estupefacientes, no registra a esta problemática como una prioridad a resolver por las autoridades públicas.
Esa reflexión acerca de la falta de interés en abordar esta penosa realidad que afecta a cada vez más niños y jóvenes, a menores edades, y que los condena a una vida sin expectativas ni oportunidades, se desprende de la observación de muchos actores vinculados y comprometidos con la problemática, y también de investigaciones y estudios técnicos y académicos.

En la semana que pasó, en el marco de una jornada académica organizada en la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo de esa institución –que desarrolla la tarea de campo en la capital provincial para los datos que arroja el Barómetro de la Deuda Social–, expuso la realidad que atraviesa la infancia y juventud de la capital provincial. Se abordó fundamentalmente la pobreza en su carácter multidisciplinar, es decir, no solo económica, sino en términos de incumplimiento de derechos.

En ese ámbito se divulgaron una serie de datos vinculados a la percepción social en torno a la venta y tráfico de estupefacientes. El 50,4% de los niños de Paraná, es decir la mitad de los paranaenses de 0 a 17 años, habita en zonas o barrios donde se manifiesta esa realidad de comercialización de drogas. Con escasas diferencias por estratos, la situación atraviesa todos los segmentos sociales: en el caso de los niños en situación de indigencia, alcanza a 72,2%; en los de hogares pobres, un 54,3%; en sectores sociales medio, 55,4%; y en estratos medio-alto, 40,8%.
Estos registros marcan la cantidad de hogares donde se sabe, o se conoce, que se vende drogas como medio de subsistencia, o se compra para consumo.

Otros datos sustantivos asoman en un trabajo desarrollado por el equipo del Centro de Investigación Interdisciplinar de la UCA Paraná, que integran el Magister César Sione, la técnica Silvia Montaño y la doctora Soledad Menghi. En el documento se observa el notorio avance que ha tenido el problema de la venta y tráfico de drogas, en los barrios: en el año 2010, un 28,6% de los hogares contestaron afirmativamente acerca de esa situación que se padecía en el lugar que habitan. Con el paso de los años, fue oscilando para alcanzar en 2016, a un 48,2% de los hogares.
Sin embargo, llamó la atención de los especialistas, que cuando se interrogó a las personas mayores de 18 años, acerca de cuál era a su juicio el problema más importante que tiene que resolver el país, el avance del narcotráfico y las drogas fue mencionado solo por el 2,2%. Resultaron más prioritarios la delincuencia o seguridad pública (19,7%); la economía o los problemas económicos (17,3%); la inflación o aumento de precios (17,2%); la desocupación o desempleo (12%); los problemas de educación (9,6%); la pobreza o desigualdad (9,1%); y la corrupción (5,7%).

Las interpretaciones fueron varias: esa falta de prioridades obedece a una naturalización de la venta y consumo, o que el problema está centrado en la familia; o que el tema de las drogas está visibilizado dentro del rubro delincuencia o seguridad pública.
Asimismo, en el marco del proyecto las cifras de la medición multidimensional de la pobreza en Paraná y su contrastación empírica con un estudio de casos en zonas de alta marginalidad, hubo una opinión social generalizada en contra de que el consumo de drogas sea despenalizado (62% respondió 'muy en desacuerdo' con la despenalización), mientras que en el otro extremo de la escala de respuestas, hubo un 14% 'muy de acuerdo', y otro 14% 'algo de acuerdo' con la despenalización.

E indagando acerca de la responsabilidad familiar, que deriva en el consumo de estupefacientes, mayoritariamente el muestreo aportó que un 44% se mostró muy de acuerdo con esa falencia en el grupo familiar, y un 31% algo de acuerdo.
Ante la consulta de UNO, los investigadores ampliaron la información acerca de la problemática de las drogas en los barrios, y las entrevistas realizadas por el equipo de investigación a referentes barriales para complementar la tarea cuantitativa.
En general, se reveló la ausencia de centros especializados para el tratamiento de los adictos.
"Hay madres que vienen al centro de salud que dicen 'No sé qué hacer con mi hijo', y tiene 12 años", aportó una referente social, para el proyecto de investigación, sintetizando una expresión que se repite en miles, en los distintos barrios.

Esperanza de un futuro mejor
En ese contexto de análisis de los riesgos y la vulnerabilidad a la que están expuestas la infancia y la niñez de Paraná, se aportaron las estadísticas locales que se ubican en la media nacional. Hay un 20% de los niños –hay más de 99.223 chicos entre los 0 y 17 años en el Gran Paraná– que se encuentran en inseguridad alimentaria; hay un tercio de los hogares en condiciones precarias de sanidad –no tienen cloaca–, más de un 27% de los chicos sufre privaciones moderadas de derechos –alimentación, educación, salud, recreación, entre otros– y hay más de un 10% con privaciones severas; la pobreza en términos económicos supera al 35% de los chicos, y el trabajo infantil –en la casa o en la calle–, llega al 15%.
En el marco de esa presentación del proyecto Esperanza de un futuro mejor: monitoreo de indicadores claves para el desarrollo humano y social de la niñez y adolescencia paranaense, el investigador César Sione planteó algunos aportes y propuestas, justamente surgidas de las distintas entrevistas realizadas, para complementar la información cuantitativa.
Tras reseñar acerca de la restricción de oportunidades que plantea la pobreza estructural, sostuvo que en los últimos años hubo logros en materia de ampliación de derechos, pero hay un déficit para garantizarlos.
Metido de lleno en lo que se denomina la pobreza multidimensional –no solo económica, sino de condiciones de vida, capacidades, etc–, indicó que el aumento del consumo no significa salir de la pobreza, si no se logran otras mejoras en las condiciones de vida.
Y como consecuencia de los testimonios en los barrios, reflejó que faltan posibilidades, pero también faltan modelos para que la población pueda observar y replicar experiencias de progreso. Se refirió también a la solidaridad y dignidad: dijo que la gente no necesita que le den "cosas", sino que se le mejoren las condiciones de vida. Por ejemplo, un persona puede mejorar sus ingresos –como ocurrió con la Asignación Universal por Hijo–, pero si sigue estancada su condición de vida en un hogar precario, sin servicios básicos, permanece en la pobreza estructural. "Faltan políticas públicas, y siguen sin alcanzar las que se ejecutan, porque solo se limitan a lograr la subsistencia", marcó Sione. Por ello la pobreza estructural, al margen de las especulaciones políticas-electorales, se mantiene en los mismos índices desde hace cuatro o cinco años.
Y enumeró como propuestas surgidas de la propia población en condiciones de mayor vulnerabilidad, la necesidad de mayor presencia de escuelas secundarias, técnicas y de oficios, en los barrios; más acercamiento de las universidades; y un mejor diseño de intervenciones públicas, más efectivas, para evitar la superposición de acciones –en asistencia alimentaria, por ejemplo– entre organizaciones no gubernamentales y Estado, en un mismo lugar.

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