Monte indígena
Domingo 19 de Marzo de 2017

Saludable confluencia de leyes en defensa del monte indígena

Aplaudimos la actuación de tres jueces, un fiscal y el Ejecutivo para sancionar la tala rasa ilegal en un campo de Federal, y nos preguntamos por los peligrosos resquicios de una legislación intrincada y por eso débil

Tres camaristas entrerrianos ratificaron esta semana las atribuciones del Ejecutivo provincial para imponer una multa de casi un millón de pesos a una empresa que taló un monte nativo sin autorización, en el norte del territorio.
Tras un meduloso Acuerdo, los jueces Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Rubén González Elías, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Número 1, firmaron una sentencia de rechazo a la demanda interpuesta por la firma Masnou SA contra el Estado provincial. Los empresarios pretendían que los jueces declararán inconstitucionales las resoluciones de la provincia contra su conducta delictiva, y la nulidad de las sanciones que les impusieron por el desmonte producido en la estancia Rincón del Sauce, en el departamento Federal, cerca de Sauce de Luna.
Y recibieron como respuesta un fallo en contra que no sólo los obliga a pagar sino que sienta precedente porque es un catálogo de normas contribuyentes al cuidado del monte, a la prevención de los daños posibles. Muy interesante, para generar conciencia.

Conciencia ecológica
La enumeración de leyes y la interpretación, referidas a la jurisdicción provincial de la administración de las riquezas naturales, abren nuevas expectativas para la preservación de la naturaleza, cuando ya se han perdido montes a paso acelerado en las últimas décadas. Lo dicen los jueces.
El 28 de marzo de 2008, los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales constataron un desmonte de 242 hectáreas, cuando existía autorización para desmontar 100 mediante Resolución 421 de 2007. Y observaron una quema de leña mayor a 10 centímetros de diámetro. Todo eso prohibido por las leyes.
Recursos Naturales aplicó una multa por 992.000 pesos. Y el caso llegó a la Justicia porque los empresarios entendieron que el Estado había obrado al margen de las normas constitucionales, que la provincia no tenía jurisdicción y que se violó el derecho de propiedad.
Los camaristas y el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes demolieron una a una las demandas con razones al detalle, y respaldaron por completo la actuación de los inspectores y del Ejecutivo.

Jurisdicción local
Aunque copiaron artículos completos de la Constitución de Entre Ríos, reconocieron que esa Carta fue publicada meses después del delito, de modo que no podían hacerla valer de modo retroactivo, y debieron acudir a otras normas para responder la demanda.
Contra las aspiraciones de Masnou S.A., apuntaron que con los cambios introducidos por la reforma de la Constitución Nacional en 1994 toda la legislación, federal y provincial, "será aplicada en las provincias por las autoridades administrativas y judiciales locales", es decir: queda clara la jurisdicción provincial.
Para los jueces, desde aquella reforma los presupuestos mínimos de preservación son legislados por el Congreso nacional pero las normas complementarias y la aplicación de las normas corresponden a las provincias.

Las leyes
Interesante también el respaldo que brindan a los inspectores. Porque en su defensa, los empresarios dijeron que sólo habían realizado entresaca en el monte y limpieza de renovales, y que "las máquinas avanzaron más" de lo permitido, en la extracción de ejemplares. Es decir, los propietarios responsabilizaron a las máquinas, lo que daría para todo un capítulo aparte ya en términos graciosos. (Esto último es un exceso del teclado de nuestra computadora).
Los jueces entienden, en cambio, que los inspectores actuaron de acuerdo a la ley vigente y punto.
El caso no fue sencillo, como surge del expediente. En el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, la entonces Fiscal Interina, Aranzazú Barrandeguy, opinó que debía hacerse lugar a la demanda y no conocemos los fundamentos. Los tres camaristas y el Fiscal de estado opinaron distinto.
En defensa de la provincia, los jueces hicieron alusiones a la Constitución Nacional, la Constitución provincial, Ley nacional 13273 de defensa de la riqueza forestal y la adhesión provincial por ley 3623; la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos número 26331, el Código Civil y Comercial, la Ley provincial 9663 que regula las especies del género prosopis (algarrobo, ñandubay, etc) y su protección y las declara patrimonio genético e histórico de la provincia, resoluciones varias de organismos provinciales que determinan los procedimientos para la tala, la quema, las multas, etc. Incluso hay alusiones a leyes posteriores como la ley provincial 10284 de 2014 (ordenamiento territorial del bosque nativo).
Principio precautorio
Una norma que define la posición de los camaristas es la nombrada ley 26331 de 2007.
Calza justito porque se publicó antes de que la empresa provocara el daño del ambiente.
Los jueces copian de allí algunos párrafos sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
Recuerdan que la norma establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
En lo que aquí interesa –añaden en el dictamen- la ley expresamente dispone como objetivo en la materia: d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos; además de establecer que todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá autorización por parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente.
Apuntan que la ley prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos. Y que las sanciones al incumplimiento de esa ley y de las reglamentaciones serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde.
Luego la norma establece que las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes: a) Apercibimiento; b) Multa entre trescientos (300) y diez mil (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
El fallo reconforta. Ya veremos, en un apartado, que los jueces y fiscales debieron acudir a un combo de leyes y resoluciones bastante dispersas y de distintos orígenes para abordar un tema tan sencillo como la tala rasa no habilitada.
En esa dispersión encuentran grietas los defensores del capital para hacer de las suyas, salvar al cliente, embarrar la cancha, o como en este caso, optar por la política de los hechos consumados y ganar en dinero lo que perdemos en vidas.


En el por si pasa la empresa no perdió pero sus dueños sí

Remediar, reponer, recomponer, resembrar, replantar, reparar el daño: nada de eso surge de la decisión del Estado en el caso de Sauce de Luna.
El esfuerzo de los jueces en la defensa del monte nativo es encomiable.
Tuvieron que argumentar por qué el derecho de propiedad privada no es absoluto, por qué el estado debe proteger la naturaleza, por qué la provincia sí tiene jurisdicción.
Hace diez años que el estado está trabajando y gastando dineros nuestros para demostrarle al delincuente que destruyó lo que no le pertenece y que no basta con acudir a los vericuetos legales para salvarse de la multa.
Ahora, cuando han pasado ya décadas en el estudio de los daños de la tala rasa, debemos reconocer que la destrucción ilegal, prohibida, de la biodiversidad por parte de empresarios inescrupulosos no ha tenido su debida sanción en este caso de 2008 al día de hoy.
El mismo Estado que se ufana de resolver casos de homicidios en pocos meses, hace casi diez años que viene dando vueltas por una obviedad. El capital le marca el paso.
Hubo medidas administrativas, varios recursos previos, y todos fueron tomados por los empresarios que destruyeron el monte y parecen más dispuestos a fingir inocencia que a pagar o replantar, por lo que surge de este expediente.
Es evidente que el cúmulo de leyes no logra zafar de las trampas del sistema, aprovechadas por los capitalistas.
El dictamen resalta la vigencia de normas nacionales y provinciales que confluyen en la protección de la naturaleza. Como la letra se conoció hace pocas horas, no pudimos constatar si la provincia exigía en las resoluciones previas, además del pago de una abultada multa, la reposición de ejemplares de la flora autóctona en la zona talada, como corresponde.
Entendemos que no.
Pero este atropello empresario se puede remediar. Las semillas del mismo monte están en los linderos. ¿No debió el Ejecutivo provincial exigir la repoblación del terreno, de inmediato? ¿Por qué no lo hizo, si Recursos Naturales es órgano de aplicación?
Dice la Constitución Nacional en su artículo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley".
¿Estamos dudando, acaso, que la tala rasa prohibida es daño ambiental?
En la Cámara que intervino admiten (en voz baja) que lo que se impone es la restauración del monte. Casi diez años, decenas de funcionarios, jueces, leyes nacionales, provinciales, pero el empresario arrancó el monte y el monte no está. ¿Quién se salió con las suyas al fin y al cabo?
En una primera lectura no se desprende de este fallo de la Cámara la repoblación de especies nativas. Los jueces, con menos libertad de las que uno les daría, se tuvieron que circunscribir a dos temas si se quiere menores: la demanda de inconstitucionalidad, y las costas.

Plantar algarrobos
¿Por qué no preguntamos a esos jueces qué hay que hacer? Sin dudas mandarían al empresario a plantar algarrobo, espinillo, ñandubay, chañar, tala, curupí, tembetarí, y a regar el predio con semillas de hierbas autóctonas.
La ley habla de restauración. Recomposición. Pero si el organismo de aplicación no lo exigió antes quizá el interés particular esté buscando el paso del tiempo para que la causa prescriba.
Los funcionarios de la provincia fueron estrictos en este caso como no lo fueron en otros tiempos (a veces soborno mediante), aunque ignoramos por qué imponen penas mínimas y no máximas.
Pero lo que más nos interesa para el caso es que el pueblo a través del Estado dispuso que ese árbol quede ahí, y el árbol fue arrancado y quemado, por disposición de un capitalista. Eso no se paga con dinero. La única forma de pagarlo es la siembra de un bosque nativo donde estaba. Es muy sencillo.
Ante el flagelo de la tala rasa ilegal perpetrada hace casi una década, y con tantas normas, leyes y constituciones a favor del monte, lo cierto es que el monte no está, y que con el valor económico de la superficie y los cultivos que se hacen allí sobre el suelo desmontado la empresa puede pagar la multa y ganar dinero.
Conclusión: la política de hechos consumados le sirve.
Es decir, de 2008 a 2017 el capital aún no ha pagado y tampoco ha replantado ni sembrado lo que corresponde: monte nativo.
(Si lo hicieron y lo desconocemos, aquí están las páginas para aclararlo)
Ahora preguntémonos: ¿qué preferimos? ¿El millón de pesos o todo ese monte restituido? Es una obviedad.

Ley acallada
La confluencia de leyes en torno de este tema puede fortalecer la defensa del ambiente pero también puede debilitarla, porque los infractores o delincuentes encontrarán resquicios por donde escabullirse.
El Estado provincial debió multar y a la vez exigir la restauración del monte. Las dos cosas.
Claro, de eso podría agarrarse la empresa infractora para no hacer una cosa ni la otra. No pagar porque podía restituir, y no restaurar el monte porque ya vencieron los plazos... Las exigencias de recursos administrativos y judiciales escalonados juegan a veces a favor de la prescripción.

Normativa
El artículo 28 de la ley general del ambiente número 25675 dice, textual: "El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente..."
No sabemos por qué esa ley dice que a la indemnización debe resolverla la justicia ordinaria cuando otras leyes establecen multas desde los organismos del Ejecutivo.
Como podemos apreciar, el tema es sencillo, pero la acumulación de leyes, normas menores y la superposición de jurisdicciones lo hace intrincado y a río revuelto ganancia de pescadores.
Decíamos en el título que la empresa no perdió: es obvio, con el adicional en el valor de mercado de la tierra desprovista de monte, lista para hacer soja y otros cultivos, esa empresa paga diez multas como la impuesta.
Además hace ya casi diez años que esa empresa puede cultivar allí, donde había bosque indígena.
La empresa ganó a pesar de todo. Atropelló con los hechos consumados y por si pasa. Y culpó a "las máquinas".
Pero sus dueños perdieron. ¿Por qué? Porque ellos sí son seres humanos y no hay una sola persona que se beneficie con el ecocidio que padecemos, y del cual la tala rasa (aún en las cien hectáreas permitidas) terminará por destruirnos. Los jueces lo advierten en el dictamen.
Bien por las y los camaristas, fiscal, inspectores. Muy bien. Y comprendemos si sienten un gusto a poco, porque debemos recuperar ese millón de ejemplares de hierbas, árboles nativos, aves, mariposas que jamás reemplazaremos con monedas, aunque sean un millón.

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