Paraná
Jueves 12 de Octubre de 2017

Ratifican fallo que obliga a frenar la obra del edificio de 25 pisos

La Justicia confirmó la cautelar dispuesta meses atrás. La construcción no puede seguir, hasta que se resuelva el planteo de fondo

"Es lo que se denomina Justicia anticipada, o en otros términos, es casi un adelanto de sentencia", se animó a explicar a UNO Fernando Barzán, vecino litigante en el conflicto surgido en 2013 por las anomalías denunciadas en la construcción de lo que se promocionó como "el edificio más alto de Paraná" o incluso de la provincia. Según contó, pese a la decisión judicial, la obra siguió avanzando, aunque a paso lento. Se erige en calle Catamarca al 600, luego de un controvertido proceso de autorización y factibilidad otorgado durante la anterior gestión municipal.

La novedad de los últimos días fue la ratificación, el viernes 6 y notificado a las distintas partes en las últimas horas, de la medida cautelar que obliga a suspender la continuidad de la obra, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esa cuestión remite a las irregularidades en la conformación de la Comisión Asesora que dictaminó la factibilidad del proyecto, en el año 2014. Ante un pedido del municipio – tras la medida cautelar–, se habían instruido nuevas acciones en la demanda judicial, y se exigió al denunciante (Fernando Barzán) a que presente una caución (seguro), que fue aceptada por el Tribunal –compuesto por los vocales Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo González Elías– , por un millón de pesos, con la compañía Antártida Argentina de Seguros SA. Para llegar a asegurar ese monto, se reunieron distintos vecinos de la zona.

Cumplida esa exigencia, la Cámara en lo Contencioso Adminstrativo ratificó el fallo emitido el 30 de mayo, al disponer: "Suspender la ejecución de la resolución de fecha 07/07/14, obrante a fojas 77 a 80 del expediente 32668/2013-8991-35, mediante la cual el Poder Ejecutivo Municipal otorgó la Factibilidad de Anteproyecto de Vivienda Multifamiliar, 71 (setenta y un) departamentos y 60 (sesenta) Cocheras en el domicilio de Catamarca Nº 640". Se trata de un paso más a favor de los vecinos, en un proceso judicial que tendrá nuevas batallas, hasta tanto se resuelva el planteo de fondo. Al mismo tiempo, se acota: "En los autos principales se observó que ciertos terceros podrían ver afectados sus derechos por no tener participación en el juicio, con riesgo de conculcar la plena observancia del derecho de defensa. Se impone entonces, que efectivizada la medida en esta oportunidad, corresponde que se notifique a aquellos que pueden verse afectados por la misma.

A su vez, en el caso de las medidas cautelares es dable agregar que en determinados supuestos la traba de la misma no solo se notifica a quienes son o vayan a ser partes en el juicio, sino que debe extenderse a quienes pudieran tener prima facie un interés legítimo o, dicho de otro modo, acrediten derechos suficientes, motivo por el cual corresponde notificar la presente a los posibles afectados mencionados en el informe actuarial precedente". De ese modo, se abre una instancia para que puedan participar y exponer otros afectados o interesados en el juicio, de modo que no puedan en el futuro establecerse quejas o demandas por no haber sido tenidos en cuenta, explicó Barzán.

Conflicto La historia del conflicto es conocida, y fue difundida inicialmente por UNO, en el año 2015. Luego de distintos reclamos y expedientes presentados en el ámbito municipal, el tema llegó a la Justicia. El fallo en la causa Nº 506 mencionó que para decisión administrativa de la obra se requería la intervención de la Comisión Asesora. Pero justamente, la reunión fue ilegítima porque no fueron convocados todos los miembros, fue el argumento de los vecinos. La factibilidad solicitada para la construcción del edificio requería de un procedimiento especial y previo a su dictado, consistente en el tratamiento obligatorio de una comisión asesora integrada por funcionarios municipales, un delegado de cada bloque legislativo del Concejo Deliberante, representantes de colegios profesionales y un representante de organizaciones no gubernamentales ecologistas con especialidad en urbanismo, pero, según la documentación disponible, dicha comisión fue reunida luego de otorgada la factibilidad, e integrada por menos de la mitad de sus integrantes, sin que conste que sus integrantes fueron convocados públicamente. En el medio de esta situación, que se arrastra desde 2015 –y tiene su génesis en el expediente para la obra presentado en diciembre de 2013– los distintos actores del negocio inmobiliario de Paraná reclamaron a la Municipalidad "garantía jurídica", para llevar adelante las inversiones.

El inmueble en cuestión pertenecía a la familia Mizawak, y fue ocupado durante varios años por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem). Allí, a metros del Rosedal, mediante un fideicomiso se propone construir un edificio de 25 pisos, 74 departamentos y 60 cocheras, en un lote de unos 10 metros de frente, por 80 metros de fondo. La comercialización de los departamentos se inició a mediados de 2014, al otorgarse la factibilidad del proyecto en julio. Durante varios meses, a los vecinos se les impidió acceder al seguimiento de proyecto y de obra –tal como recomienda la Defensoría del Pueblo para estos casos–, pese a las numerosas notas y pedidos de audiencia cursados, sin respuestas.

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