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Domingo 04 de Junio de 2017

Prevenir la violencia machista, una deuda que llevó al colectivo de mujeres a ganar las calles

Mientras que el Estado sostiene que las políticas públicas son eficientes, los colectivos feministas advierten que ello no se traduce en un presupuesto acorde ni en programas integrales. Insisten en reclamar la emergencia de género

La violencia de género como problemática social nos interpela en cada acto diario, en nuestras relaciones interpersonales, dentro de nuestra familia y en la forma en que educamos a nuestros hijos con respecto a los valores y a cómo romper con los mandatos culturales que nos imponen estereotipos y mitos respecto de cómo concebir la masculinidad y la feminidad. El brutal asesinato de la entrerriana Micaela García, un caso que reavivó el debate sobre este flagelo, reveló las falencias estructurales de un sistema judicial empecinado en reforzar su identidad machista y en revictimizar a las mujeres únicamente por su condición de género, atravesada por la remanida discusión a favor o en contra del garantismo. El dolor de los padres de Micaela transmitido en vivo por cadena nacional no alcanzó para reflexionar que a la violencia machista se la puede prevenir, y que la solución no pasa por proponer únicamente una batería de proyectos que llegan cuando el delito ya se ha cometido. En otras palabras, vale preguntarse qué sucede con las políticas públicas orientadas a promover la prevención de las diferentes formas de violencia hacia la mujer y cuál es el presupuesto efectivo que el Estado destina a diferentes organismos para que puedan instrumentarlas. Estas políticas contempladas en la Ley nacional Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, a la que Entre Ríos adhirió a través de la Ley Nº 10.058, reúnen todas las herramientas para erradicar la violencia machista.


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Iniciativa. La primera marcha fue el 3 de junio de 2015.
Iniciativa. La primera marcha fue el 3 de junio de 2015.



Si bien la provincia está adherida a esta normativa, las organizaciones feministas y que militan en defensa de los derechos de las mujeres, lesbianas y travestis, advierten que ello no se traduce en un presupuesto acorde a la problemática ni en medidas integrales que garanticen el desarrollo de la mujer. "Esas medidas son muy focalizadas, cuando ya ocurrió la denuncia, en un período de tiempo muy corto que no alcanza realmente a revertir y modificar esa situación de violencia. Muchas veces termina ocurriendo que las propias mujeres van encontrando herramientas por fuera de esa misma asistencia que hace el Estado para salir de esta situación de violencia o a veces terminan quedándose, y la propia vida de esa pareja hace que vaya bajando la intensidad de ese vínculo violento", alertó la integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lucy Grimalt. Al igual que otras organizaciones que acompañan estas demandas, la activista exhortó al Estado a declarar la Emergencia Pública de Género, ya que de esta manera "está haciéndose cargo del problema y diciéndole a la sociedad 'estamos viviendo en una sociedad patriarcal y este Estado va a disponer de los recursos necesarios', al igual cuando se produce una inundación y necesitás declarar la Emergencia Hídrica porque la gente se muere, como está pasando ahora en Concordia. Exactamente lo mismo tenemos que hacer para las violencias, estamos en emergencia".


Otra de las voceras del colectivo feminista de Paraná, Nadia Ahumada, recalcó que las políticas públicas en materia de violencia de género fueron fruto de la lucha en calle y de la visibilización de un flagelo que parece no tener fin. "Con la política o la ley sola tampoco alcanza; para eso se necesitan recursos presupuestarios, se necesitan recursos humanos y que las políticas sean instrumentadas con una perspectiva de género, y fundamentalmente en el Poder Judicial, donde nosotras vemos que sigue habiendo una mirada totalmente misógina y machista", dijo para mostrar que todavía falta mucho camino para recorrer. En una nueva intervención sostuvo que desde el movimiento de mujeres no solamente se habla de prevención, sino también de promoción que alude a "una vida libre de violencias y eso tiene que ver con la integralidad de la mirada sobre la problemática. Por eso decimos ¿qué pasa que en las escuelas todavía no podemos hablar de educación sexual? ¿Qué pasa que muchas veces una mujer tiene que estar de oficina en oficina buscando una respuesta? Cuando llega a la Justicia no tiene una respuesta inmediata".



La presidenta de la Red Alerta de Entre Ríos, Silvina Calveyra, se preguntó cómo se pueden generar políticas de prevención concretas sin tener en cuenta que esta construcción estatal depende en gran medida de la asignación de un presupuesto federal que debe llegar a cada provincia. A dos años de aquella primera manifestación del 3 de junio, el gobierno nacional se limitó a presentar junto a Fabiana Túñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género que contempla la creación de tan solo 69 hogares, poco más de dos hogares por provincia, para 2019. "En el marco del proyecto de ley que presentamos en 2014 en la provincia solicitamos una batería de medidas universales: el botón antipánico, la pulsera para el victimario, la educación con perspectiva de género en los distintos ámbitos, que sea transversal empezando por la primera infancia en la familia y en el efector escuela. Las cuestiones de las casas refugio; hoy tenemos las casas de la mujer, pero no alcanza. Entendemos que el victimario no debe conocer los lugares donde están ubicadas las víctimas, porque la víctima tiene un antes, un hoy y un después", expuso en un primer análisis. Ese día después requiere –según la gremialista- que se activen los mecanismos estatales para garantizar a la víctima un trabajo y una vivienda digna, y que ello debe estar acompañado por un subsidio al alquiler durante cuatro años. "Se deben trabajar cupos a través de los institutos provinciales para víctimas de violencia. Para generar puestos de trabajo se deben firmar convenios con las cámaras empresarias y el acompañamiento legal debe ser verdaderamente gratuito. Si no declaramos la emergencia pública en violencia de género nos encontramos sin recursos y sin presupuesto efectivo para llevarla a cabo", enfatizó.


Como vocera de la ONG, Calveyra sostuvo que cada área tiene su presupuesto para abordar la problemática, y por lo tanto no existe una unificación de los recursos para desarrollar políticas de promoción y de prevención. "Por eso es necesaria la articulación, la coordinación y aceitar los mecanismos entre los diferentes efectores. Esto habla de continuar con la política del parche, incluso con proyectos de ley que se siguen presentando. Me parece que legislación y herramientas tenemos, lo que falta es cómo la llevamos adelante y con qué recursos", acotó.



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¿Qué hace el Estado?



Diferentes organismos gubernamentales despliegan recursos humanos y económicos en pos de garantizar derechos básicos para la mujer, principalmente su desarrollo e integración en una sociedad atravesada por un machismo de raíces ancestrales. Una característica común a todas las áreas que abordan la temática es que el financiamiento no proviene de un presupuesto específico para violencia de género, sino que el funcionamiento está supeditado a fondos que se distribuyen de acuerdo a la necesidad de cada área. Así sucede, por ejemplo, en la Subsecretaría de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y está a cargo de Myriam Bianqueri. "Nosotros no tenemos un presupuesto, viene del Ministerio", aclaró la funcionaria en diálogo con UNO. Aunque según datos brindados por el propio Ministerio de Desarrollo Social, se pudo establecer que el presupuesto anual de la Subsecretaría de la Mujer es de 6.350.000 pesos. De ese total, el 96% se financia con aportes del Tesoro Provincial (6.100.00 pesos) y el 4% restante (250.000 pesos) son fondos que gira el gobierno nacional a través del Consejo Nacional de la Mujer. De ese total, 2 millones comenzaron a ejecutarse este año a través del programa de fortalecimiento de las áreas de la mujer de los municipios.


Por su experiencia en el trabajo de campo y la articulación en redes con instituciones de la sociedad civil, afirmó: "Las políticas públicas de prevención y formación alcanzan, porque vamos generando recursos humanos, dejando gente formada, para que repliquen la temática y para que la trabajen. Hemos tenido buenas experiencias; lo que quizás nos puede estar faltando es que los talleres lleguen a los medios de prensa, por la forma en que se transmite la noticia. Cuando se conoce un femicidio y se dan detalles de la forma en que la mujer fue asesinada, inmediatamente en otras provincias se replica la misma situación, el mismo hecho y siguen como en cadena. Si bien hay que hablar de que la mujer fue víctima de violencia de género, no hay que dar los detalles, porque el violento siente que lo estás desafiando y cuando vos contás cómo fue el hecho, y cómo hizo, el violento piensa: 'Si este lo hizo, yo también lo puedo hacer'".


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Consultada acerca del funcionamiento de los programas y hacia qué grupos se orientan, Bianqueri destacó que deben ser los jóvenes los protagonistas del cambio. Al respecto, consideró: "Es donde nosotros creemos que vamos a lograr el cambio de la sociedad".


La funcionaria admitió que las partidas que manejan para acciones en el territorio "son suficientes", pero en ningún momento brindó cifras del dinero que baja del Ministerio de Desarrollo Social. "Siempre disponemos de los medios para viajar, de la folletería, no te sabría cuantificar cuánto es el dinero. Pero lo que necesitamos, la ministra siempre lo autoriza. Lo que nos hace demorar un poco en este trabajo es que tengamos que atender situaciones de violencia, que es una realidad que nos sobrepasa porque hay muchas denuncias. Y quienes deberían hacerse cargo de hacer todos esos informes y de trabajar con la mujer deberían ser los equipos del Poder Judicial. Pero como nos derivan la atención, debemos disponer de tiempo para la atención de estas situaciones", subrayó. El área lleva adelante una serie de programas y capacitaciones, entre los que se destacan Noviazgos sin Violencia, Formador de Formadores, Sensibilizándonos, Modelo de Atención Humanizada, Fortalecimiento de Instituciones Locales y Formación de Redes de Prevención y el Fortalecimiento al personal interviniente en hogares, refugios y albergues para mujeres víctimas de violencia, y la creación de 22 áreas Mujer municipales, para lo cual se pusieron en circuito 12 proyectos de 100.000 pesos cada uno para su aprobación.



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Otro espacio de participación entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales creado para prevenir y erradicar situaciones de violencia es el Consejo Provincial de la Violencia (Coprev). "En relación a la prevención el organismo implementó talleres, y sobre todo en articulación con la unidad de apoyo del Consejo General de Educación (CGE), para que las personas sepan de qué hablamos cuando hablamos de violencia y para detectar situaciones. Nosotros apoyamos todos los proyectos de las ONG para hablar del tema y que las personas puedan tener en alguno de los diferentes ámbitos algún tipo de contención o algún tipo de respuesta", manifestó en declaraciones a UNO la coordinadora del Consejo de Prevención de la Violencia, Mariana Broggi.


Sobre los dispositivos creados para brindar asistencia a la víctima, la funcionaria recordó el funcionamiento del hogar Inés Londra, que se encuentra detrás de la Escuela Hogar y que depende del Coprev. Fue construido a fines de 2015 y se construyó con fondos nacionales. "Está preparado para recibir a las mujeres con sus hijos que están en una situación crítica y con un equipo de gente especializado para asistir a las víctimas", graficó.


En relación al presupuesto con el que se maneja el organismo sostuvo: "Dependemos de la Secretaría General de Gobernación y no tiene presupuesto específico, porque todo lo que se establece para trabajar es lo que se va pidiendo de actuar o cuando se planifica un año de actividades. Lo importante es que el Senado aprobó la creación como ente autárquico descentralizado del Coprev. No creo en las grandes estructuras, en esto hay que poner todos los recursos necesarios, pero también hay muchísima gente que viene trabajando desde los distintos ministerios", puntualizó.


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<b>Ni una Menos. </b>Mañana, a las 16, se volverá a reeditar el reclamo en todo el territorio nacional.
Ni una Menos. Mañana, a las 16, se volverá a reeditar el reclamo en todo el territorio nacional.


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Paraná declaró la emergencia de género


La Municipalidad de Paraná dispuso de una partida de 3 millones de pesos para el cumplimiento de los fines y de los objetivos de la Ordenanza Nº 9.417, que declara la emergencia pública en materia social contra la violencia de género y femicidio por el período 2017-2018, a ejecutarse por la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná.




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Un grito que se hizo sentir en numerosas ciudades argentinas


La marcha por el #NiUnaMenos, estuvo presente en las principales ciudades argentinas. En Rosario, miles de personas junto a agrupaciones políticas, sociales y gremiales, se reunieron en la plaza Montenegro y marcharon por las calles céntricas.


En La Plata, la convocatoria también fue masiva y exigieron más presupuesto estatal para prevenir y erradicar la violencia de género, entre otras consignas.



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En Mar del Plata hubo un espectáculo artístico frente al monumento a San Martín sobre la avenida Luro, y pasadas las 17 partió una importante columna por las calles del centro, también hubo una movilización destacada en Bahía Blanca con una gran concurrencia.


En Córdoba, por ejemplo, un nutrido número de manifestantes se movilizó bajo el lema Vivas y libres nos queremos, lo hicieron por las calles céntricas de la capital provincial.


También en Mendoza, como en tantas otras, miles de personas hicieron lo propio, en forma pacífica por el centro de la capital mendocina para expresarse contra la violencia hacia la mujer. Al menos seis cuadras completas de gente partieron a las 18 desde la avenida San Martín.


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