Delitos de Lesa Humanidad
Jueves 06 de Julio de 2017

La defensa usó el fallo Muiña para pedir la absolución del represor Mazzaferri

El abogado del ex policía federal realizó su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Intentó desacreditar los hechos investigados, que ya fueron probados por la Justicia con fallo firme. El 27 se conocerá la sentencia.

En concordancia con la corriente ideológica que busca dar marcha atrás con los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, el defensor del represor José Dario Mazzaferri hizo este jueves su alegato en la causa por los hechos ocurridos en Concepción del Uruguay durante la Noche del Mimeógrafo, y pidió la absolución del imputado por el "principio de la duda razonable". El Tribunal dará a conocer el veredicto el 27 de julio, tras escuchar las últimas palabras de quien llegó a ser comisario general de la Policía Federal.

El abogado Guillermo Morales basó gran parte de su exposición en el planteo de cuestiones ya zanjadas por la Justicia argentina, pero que han vuelto a tener difusión últimamente, como la prescripción y la amnistía, al tiempo que citó entre sus fundamentos el polémico fallo Muiña, en el cual la Corte Suprema consideró aplicable para los condenados por delitos de lesa humanidad el beneficio del 2 x 1.

Morales pretendió que ese pronunciamiento de la Corte sea tenido en cuenta en tanto afirma, en el caso de los votos de Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna. No mencionó que rápidamente el Congreso de la Nación le puso límites a esa interpretación.

"No es casual que el defensor cite el fallo Muiña", dijo la abogada querellante Sofía Uranga al momento de su réplica, tras lo cual destacó la ley que delimitó claramente los alcances del 2 x 1, excluyendo los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Luego su compañera de equipo Lucía Tejera reforzó esta idea e hizo alusión a la gran movilización que hubo en todo el país para rechazar esa decisión de la Corte y "defender el juicio y castigo" a los responsables de los crímenes de la dictadura, recordándole al Estado que tiene la obligación de sancionar estos delitos.
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Mazzaferri está acusado de cometer secuestros, torturas, allanamientos ilegales y asociación ilícita, cuando se desempeñaba como oficial de la Policía Federal en la Delegación Concepción del Uruguay. Llegó a juicio acusado de su responsabilidad en ocho casos, entre ellos se encuentran los de los estudiantes secundarios que fueron secuestrados el 19 de julio de 1976 luego de repartir panfletos contra Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. En las torturas eran interrogados por el mimeógrafo que usaban para esas impresiones; por eso los hechos se recuerdan como La Noche del Miméografo.

El alegato de la defensa
El defensor Morales comenzó su alegato planteando excepciones de extinción de la acción penal por prescripción, falta de acción, amnistía e insubsistencia de la acción penal. Se trata de cuestiones que habitualmente interponen los abogados de los represores y que la jurisprudencia ha considerado reiteradamente que no corresponden para estos casos.

Para argumentar a favor de sus planteos citó las leyes de obediencia debida y punto final, que ya fueron derogadas y anuladas por el Congreso de la Nación y esto es sostenido por la Corte. Sobre la obediencia debida dijo que su defendido ocupaba un cargo subalterno en la Policía Federal; con respecto al punto final, interpretó que significa una amnistía que le correspondería; y se quejó por la falta de juzgamiento "en un plazo razonable", sin mencionar que esto ocurre en parte porque Mazzaferri estuvo más de cuatro años prófugo de la Justicia.
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En ese tramo de su intervención citó el voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton en el fallo Muiña, quienes consideraron que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos. Luego de este pronunciamiento –recordaron a su turno desde la querella– y tras el generalizado rechazo que desató en la sociedad, se aprobó la ley que prohíbe la aplicación del 2x1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

Por otra parte, Morales cuestionó las declaraciones de las víctimas. Llegó a decir que los testimonios de los sobrevivientes son "imprecisos" e "irreales" y hasta puso en duda las graves secuelas físicas y psicológicas que sufrieron y sufren hasta la actualidad. En ese sentido, se permitió desconfiar del relato de uno de aquellos estudiantes secundarios, a quien debieron extirparle un testículo como consecuencia de una patada que recibió en su cautiverio, o de los padecimientos psicológicos de otro de aquellos jóvenes que sufrió tortura con picana eléctrica a manos del propio Mazzaferri y por su estado de vulnerabilidad no concurrió a declarar.
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Asimismo, y tras criticar a los medios de comunicación por la cobertura que hacen del caso, cuestionó que las víctimas no hayan denunciado los delitos ni bien salieron en libertad, cuando es sabido que el terror que imperaba en la época hizo que la mayoría de los secuestrados y torturados no hayan llevado sus casos a la Justicia hasta muchos años después.

Finalmente pretendió argumentar que el bajo rango y la corta edad de Mazzaferri a la época de los hechos –tenía 23 años– lo eximirían de las acusaciones.

La respuesta del fiscal
El fiscal José Ignacio Candioti sostuvo que las excepciones planteadas por el abogado de Mazzaferri ya fueron resueltas por la Justicia argentina: "Los crímenes de lesa humanidad no prescriben", sostuvo. "No hay amnistía; las leyes de obediencia debida y punto final fueron anuladas por el Congreso", amplió con tono didáctico.

Candioti respondió a Morales sobre las supuestas inconsistencias de las declaraciones de las víctimas que incriminan al imputado, pero además recordó que los secuestros, torturas, allanamientos ilegales y la asociación ilícita, que el defensor intentó desacreditar, ya fueron comprobadas en la causa Harguindeguy, con fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná confirmado en casación y finalmente dejado firme por la Corte. En la causa Harguindeguy fueron condenados dos camaradas de Mazzaferri, Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, quienes fueron juzgados por los mismos delitos en 2012, mientras el ahora enjuiciado se encontraba prófugo.
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