Derechos Humanos
Jueves 10 de Agosto de 2017

Entrerrianos cesanteados durante la dictadura reclaman avances en la Ley que les debe otorgar una pensión

El proyecto está frenado en Diputados y plantea reconocer a los trabajadores estatales que fueron echados durante el régimen militar de 1976, por cuestiones políticas. En la provincia hay unas 1.200 personas que piden ser escuchados.


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El proyecto de ley para reconocer una pensión vitalicia a trabajadores estatales que fueron cesanteados durante la última dictadura cívico-militar está frenado en Diputados. En este marco, entrerrianos que están en esta situación hablaron con UNO, reclamaron que haya más celeridad en la resolución del tema y pidieron ser escuchados.


Es así que María del Pilar Blanca, Graciela Elvira Ramos, María Justa Reynoso y Silvia Alfaro, integrantes de la Comisión de Cesanteados Estatales por la última dictadura cívico-militar de Entre Ríos, manifestaron su descontento con la situación que viven actualmente e indicaron que hace mucho tiempo vienen reclamando que avance la ley para darles una pensión.


"En noviembre de 2016, la comisión de Previsión que preside la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Mirta Tundis le dio dictamen a la iniciativa del diputado nacional de Formosa, Juan Carlos Díaz Roig, quien es especialista en temas previsionales", contó Blanca, quien es presidenta de la Comisión.


"Pero hasta el momento, el proyecto no tiene fecha de tratamiento en la comisión de Presupuesto, la que tiene línea directa con Hacienda y que es como una espacie de filtro respecto a las iniciativas que puedan implicar erogaciones al Estado", prosiguió María del Pilar y detalló que hace mucho tiempo vienen peleando para que avance el proyecto de ley.



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"Desde 2004 se han venido presentando proyectos similares, que pierden estado parlamentario. La propuesta de Díaz Roig es de una pensión vitalicia para todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, universidades nacionales y organismos públicos, que hubiesen sido cesanteados u obligados a renunciar por motivos políticos o gremiales a partir del 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983".


De esta manera, el beneficio que propone Díaz Roig es equivalente a dos jubilaciones mínimas, lo que sería unos doce mil pesos más o menos. Además, el diputado nacional de Formosa asegura que el cobro de la pensión será compatible con la percepción de cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente, siempre que no haya sido otorgada por los mismos motivos.


Al respecto, la Comisión de Cesanteados Estatales por la última dictadura cívico-militar de Entre Ríos afirmó: "Se trata de un acto de reparación histórica. Por mucho tiempo fuimos ninguneados, no nos escucharon y ahora queremos que nos escuchen y que el proyecto de ley avance porque hay muchos trabajadores estatales que necesitan de esta pensión como así también de una obra social".


Ahora bien, el problema que surge con este tema, es que como pasaron tantos años desde que surgió el proyecto de ley, éste podría ser bloqueado en Presupuesto y sin dictamen y de esta manera, no tendría las condiciones para ser llevado al recinto.



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Blanca señaló que en el país hay unas 13 mil personas mayores de 70 años cesanteadas durante la última dictadura cívico-militar. "Hay miles de personas en condiciones de recibir esta pensión si es aprobada y avanza al Senado y no queda frenada en Diputados", señaló María del Pilar.


Mientras que Alfaro agregó: "En Entre Ríos hay unas 1.200 personas que fueron echadas durante el régimen militar de 1976. Además, cada provincia de Argentina tiene su comisión propia de cesanteados autoconvocados".



"Lo que nosotros pedimos es que nos escuchen, es que el proyecto de ley avance y que haya una reparación histórica", expresó Silvia y finalizó: "De esta manera, todos los argentinos que fuimos echados durante el régimen militar de 1976 decidimos movilizarnos el 30 de agosto para hacer visible nuestro reclamo".



Por último, las cuatro mujeres integrantes de la Comisión de Cesanteados Estatales por la última dictadura cívico-militar de Entre Ríos reafirmaron sus intenciones de ser escuchados y que el proyecto de ley avance para que así puedan tener lo que se merecen tras haber vivido tiempos muy difíciles durante 1976 y 1983.




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