El planteo entrerriano ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo articulado por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. En sus fundamentos incluyó el rechazo a la postura de María Eugenia Vidal, la declaración de inconstitucionalidad de las asignaciones específicas al impuesto a las ganancias, y el reclamo para que sea el Congreso y no el Poder Judicial el ámbito en el que se discuta un nuevo régimen coparticipable.


"Hemos contestado el juicio más importante que le ha tocado afrontar a la provincia de Entre Ríos medido en pesos, teniendo en cuenta que si la Corte falla a favor de Buenos Aires, la provincia se vería desfinanciada y el perjuicio ascendería a 3.500 millones", explicó Rodríguez Signes, y recordó que el reclamo retroactivo contra Entre Ríos asciende a los 18.000 millones de pesos, aproximadamente.


El funcionario, definió a la contestación como "un minucioso trabajo", y destacó la participación del "equipo de abogados de la Fiscalía de Estado, el ministro de Economía, Hugo Ballay, y el ex ministro, Diego Valiero". Además, "fue un tema que se analizó y debatió en distintos ámbitos, con los fiscales de Estados de la República Argentina (salvo Buenos Aires) como así también con los legisladores de nuestra provincia", agregó.


En ese marco, Rodríguez Signes contó que "tal como hicieron otras provincias, planteamos la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas establecidas en la ley de impuesto a las ganancias". Esto es: el 10 por ciento del fondo del conurbano, el dos por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional, el cuatro por ciento del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el 20 por ciento destinado a la Anses.


"Las asignaciones especiales son inconstitucionales por agotamiento del plazo", explicó Rodríguez Signes. "No pueden durar para siempre y ya llevan 25 años, y una de las razones por las que carecen de legitimidad es que el plazo transcurrido ya las agotó. No solamente la del 10 por ciento del fondo para el conurbano sino también la del ANSES. Por lo cual hay que decidir a través de un nuevo pacto fiscal una nueva distribución del impuesto a las ganancias", detalló el funcionario.


El planteo de inconstitucionalidad del Fondo del Conurbano promovido por Entre Ríos y otras provincias se basa en que el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias incurriría en la violación del artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional, que establece que es posible "establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables" siempre que la nueva norma establezca un objeto específico, "por tiempo determinado" y haya sido aprobada "por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".


La mayoría de las provincias consideran que esos requisitos no fueron cumplidos al sancionarse las sucesivas leyes que modificaron la de Impuesto a las Ganancias y que rompieron la rigidez que tiene la ley de coparticipación, que data de 1988.


Esa norma, que establece la distribución federal de los recursos, solo puede ser aprobada por el Congreso Nacional con el acuerdo de todas las provincias con la Nación y debe ser ratificada por todas las Legislaturas provinciales. "Entonces terminaron modificando la ley de coparticipación con la de Impuesto a las Ganancias y eso es inconstitucional", explicó el fiscal de Estado entrerriano.


El fiscal de Estado admitió que la demanda planteada por Vidal "es el juicio más importante que le ha tocado afrontar a la provincia de Entre Ríos medido en pesos, porque son 3.500 millones de pesos para 2017, unos 4.100 previstos para el 2018 y el retroactivo sería de entre 15 mil y 18 mil millones de pesos que se reclaman a la provincia".