Daniel Caraffini / De la Redacción de UNO
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Conmoción, dolor, indignación, presiones, miedo, soledad, otra vez desesperanza. Santa Elena no puede salir de su triste laberinto, o no la dejan. La muerte de Gisela, una chica de tan solo 19 años, se ha convertido en otro hecho impune, uno más, en una sociedad con heridas abiertas y muy profundas.
Abandonada, casi postrada, acostumbrada a “mejor no hablar de ciertas cosas”. Presiones y amenazas fortalecen la eficacia del “no te metás”; en ese contexto también hay que entender a quienes deben convivir a diario, frente a una dura y angustiante realidad para sobrevivir.
Pese a ello, todavía hay docentes y directivos de escuelas que se animan a luchar por cambios, exigir medidas, enfrentar la indiferencia, para defender el derecho a la educación, que no es más ni menos que dotar de valores a las personas, mostrar un rumbo para la superación personal, sembrar conciencia crítica. Bañados por el contacto diario con la realidad, y pese a los conflictos o polémicas en los que quedan a veces envueltos –fundamentalmente por razones gremiales–, siguen siendo un refugio al que acuden muchos niños, para pedir ayuda ante situaciones de violencia familiar, abusos, necesidades básicas insatisfechas, entre otros.
El domingo pasado, la rectora Ana Yolanda Pemayón, de la escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5 Padre Fidel Alberto Olivera, una de las impulsoras de las marchas para pedir Justicia por Gisela, se animó a denunciar lo que está pasando en la ciudad y a los adolescentes, y advertir sobre las dificultades para acompañar a esos jóvenes. Habló de la contención que estaba dando la escuela; del ejemplo de lucha de los compañeros de Gisela para pedir que se investigue y se esclarezca el hecho; reflexionó sobre los sentimientos y sensaciones que los enmudecen, y sobre las muchas falencias que hay en las aulas, para que se pueda dotar a chicos y grandes, de herramientas para superar y transformar el dolor.
El lunes dejó de ser la rectora.
Pemayón había llegado tres días antes de la desaparición de Gisela, a una escuela con serias dificultades operativas y de organización administrativa. Presiones, amenazas ante la publicación periodística, la obligaron a dar un paso al costado. Fue mediante licencia a raíz del impacto en su salud psicológica, emocional y física, tras asistencia médica.
Una de los reclamos de sus superiores es que no pidió formalmente un gabinete psicológico. Formalmente podrá ser así, pero ¿es necesaria esa burocracia? O el acompañamiento como mínimo, no es preguntar cómo está el otro, cómo está repercutiendo la situación en las aulas, en los procesos de aprendizaje, un desesperante suceso que puso en vilo a toda la provincia. “¿Necesitás algo? Estoy a tu disposición”, obliga el sentido común, en una familia, con amigos o en el trabajo. Sin embargo, en la cadena de mandos se van desligando las responsabilidades hasta llegar a ese docente que está con los chicos. “A mí nadie me dijo o pidió nada”, fue la defensa de superiores. Nadie se interesó, ni las autoridades de allí, ni aquellas que están a la distancia.
Ana Yolanda Pemayón tenía que pedir la conformación de un gabinete psicológico, formalmente a sus superiores, fue la acusación. Al mismo tiempo debía seguir la causa judicial para mantener también al tanto a las autoridades; tenía que trabajar con el grupo más afectado de alumnos; movilizar a la comunidad educativa en demanda de justicia –la escuela fue impulsora de las marchas y de acompañar a la familia de Gisela– y por supuesto, seguir con la “normalidad” del desarrollo de clases en el establecimiento.
¿No parece una mochila muy pesada?, con semejante e imaginable carga emotiva y psicológica.
En esos 18 días que pasaron entre la desaparición y la confirmación de la muerte con el hallazgo del cuerpo, solo una autoridad educativa se presentó en Santa Elena.
La descripción y reflexión viene a cuento no para echar culpas, condenar a personas o afectar el trabajo de algún funcionario. Más bien vuelve a ser, como la nota periodística del fin de semana, un llamado de atención sobre lo que no debería pasar.
A partir de mañana –según se prevé– comenzará a funcionar un servicio de colectivo nocturno en Santa Elena, para permitir el traslado de los chicos que asisten a los distintos establecimientos nocturnos de la ciudad. El prestador del servicio cuenta con un solo colectivo –deja de funcionar entre las 20 y las 21– y estaba a la espera de esa nueva unidad para poner en la calle. El pedido, claro está, fue movilizado por la comunidad educativa.
Valió entonces, la lucha y la difusión pública de las dificultades que atraviesan los chicos de la nocturna, en ese lugar.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Santa Elena acompañó a la escuela; desde la capital provincial, el sindicato puso a disposición la concreción de una audiencia de conciliación o la posibilidad que la rectora realice una denuncia por violencia laboral.
También la Iglesia, a través del párroco Leonardo Jacob, manifestó su interés en colaborar y asistir a los jóvenes, en la búsqueda de un sentido ante la difícil situación.
Distintos actores de la comunidad se esfuerzan por estos días, en decir basta de silencio e indiferencia.
¿Por qué entonces, desde un escritorio, condenar al que habla?
¿No es más sencillo decir “estamos a disposición” para lo que necesite la comunidad? ¿O en todo caso, intercambiar diferencias de criterios en las formas, o malos entendidos, pero luego trabajar juntos?
La nota surgió a partir de una inquietud periodística, de indagar cómo estaba procesando ese duelo una comunidad educativa, cómo podía impactar en esos chicos en formación este trágico hecho, qué sentimientos expresaban, qué necesitaban. Surgió de UNO, precisamente, para saber cómo estaban.
Y ante la consulta, Ana Yolanda Pemayón no se escondió, no ensayó excusas, no dijo que debía pedir autorización, no dibujó la realidad, y se prestó a testimoniar.
Tal vez haya enfrentado la entrevista periodística sin miedos ni prejuicios, por tantos años de trabajo, por estar próxima a jubilarse, por ser un ejemplo de superación –luego de 10 años de trabajar en el emblemático frigorífico, logró recibirse de profesora y hacer carrera docente–, por estar curtida en esto de hacer lo políticamente incorrecto –fue uno de los testimonios que condenó al exintendente Daniel Rossi en la causa por enriquecimiento ilícito–.
Esta semana, la movilización por justicia e inseguridad ya mostró menos asistencia de la comunidad educativa; lo denunció la propia familia de Gisela. Si por el revuelo generado por una nota periodística se acelera la concreción de un gabinete psicológico o la habilitación de un servicio colectivo, hay parcialmente un fin cumplido. Pero deja también un lamento por los modos de llegar a esos avances. La salida de una rectora, por ese motivo, tampoco es una buena lección o enseñanza, ni para los chicos, ni para sus padres. Qué ocurrirá ahora: ¿habrá más voces o imperará el silencio? En la respuesta entenderemos por qué estamos como estamos.
En Santa Elena, la escuela de Gisela López se quedó sin su rectora
La Realidad que duele. Un crudo testimonio y una comunidad educativa en alerta y movilizada. Voces e imágenes que molestan e inquietan. Lecciones y enseñanzas para chicos en formación, y también para los grandes
22 de mayo 2016 · 15:00hs