Energía
Viernes 02 de Junio de 2017

Dieron luz verde al proyecto de soberanía energética

En la iniciativa se solicita que se gestione la provincialización de Salto Grande

Dos proyectos de ley tuvieron sanción definitiva ayer en la quinta sesión de la Cámara de Senadores de la provincia. En la Cámara alta dieron luz verde a la denominada ley de soberanía energética y a la creación como ente autárquico del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev). La primera iniciativa, cuya autoría corresponde al senador Ángel Giano (FPV-Concordia), declara que los recursos naturales hídricos existentes en el territorio provincial y la energía que se produce como fruto de su explotación corresponden al dominio originario del Estado entrerriano conforme las previsiones constitucionales del orden nacional y provincial. A su vez, se encomienda al Poder Ejecutivo provincial, al Poder Legislativo y a las representaciones legislativas de la provincia en la Nación la realización de las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre el país y la República Oriental del Uruguay.


En sus principales lineamientos, la iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo deberá "acordar, convenir y concertar con las restantes jurisdicciones provinciales o nacional; lo relativo en cuanto al uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes".


Al fundamentar el proyecto Giano argumentó: "Creemos que el gobierno nacional no nos paga por el río ni por la energía que genera el río, y si somos dueños del recurso, somos dueños de sus frutos", resaltó. "Se trata de un proyecto que declara, por un lado, la propiedad originaria de nuestros recursos naturales, principios claramente constitucionales, y también y como consecuencia la soberanía energética provincial" aclaró el legislador.


Y recordó, entre otras cosas, que "partir del año 1994, en la nueva Constitución nacional se estableció que corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales de su territorio. Creemos que Entre Ríos tiene dos recursos naturales -los hídricos- también la energía natural que se genera".


En otro aporte al respecto, el presidente del bloque peronista indicó: "Esta ley ayudará al Poder Ejecutivo provincial y a los legisladores nacionales a gestionar la provincialización de Salto Grande ante el gobierno nacional".



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Voto a favor, pero con objeciones



Por su parte, Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) destacó: "Si bien compartimos muchos argumentos, nosotros decimos que la metodología para reclamar lo que es nuestro no es en el marco de una ley provincial. No estamos en contra de que este complejo hidroeléctrico sea de los entrerrianos, sino en cuanto a que no lo podemos reclamar por una ley provincial", remarcó.


Seguidamente el senador leyó el dictamen de minoría que sostiene, entre otros puntos, que no se oponen al objetivo final sino a la metodología: "Decimos que debemos partir de que nadie puede estar en contra de la provincialización de la represa de Salto Grande. El hecho está en que esa soberanía surge de las propias constituciones provincial y nacional por lo cual dictar una ley termina siendo inocuo", expresó.


Recordó que hay acuerdos internacionales y leyes nacionales que ameritan actuar con prudencia. La sanción de una ley no es la vía adecuada, sino una comunicación instando al Poder Ejecutivo de Entre Ríos para que gestione ante el gobierno nacional el traspaso de la represa.


Finalizó diciendo que "sería de imposible cumplimiento esta ley provincial incurriría en inconstitucional por haber normas de mayor jerarquía. Y felicitó a la senadora nacional Sigrid Kunath por la presentación de un proyecto de comunicación instando al Poder Ejecutivo a reconocer el "derecho de propiedad" de Entre Ríos sobre el complejo hidroeléctrico de Salto Grande.



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Coprev



También se aprobó el proyecto que crea en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, como ente autárquico descentralizado, el Coprev. El organismo se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social.


La iniciativa establece que dicha repartición funcionará bajo la conducción de un presidente que será secundado por un secretario general, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo.


En órbita del Consejo funcionará una mesa intersectorial como órgano honorario, con especialidad en la materia, conformada por un representante de cada uno de los ministerios; un representante de cada una de las cámaras del Poder Legislativo provincial; un representante del Poder Judicial; un representante del Ministerio Público de la Defensa; un representante del Ministerio Público Fiscal; un representante por las entidades sindicales o gremiales; un representante por cada Universidad; un representante por cada Colegio de Profesionales afines y un representante por cada organización no gubernamental dedicada a la temática, quienes revistarán la calidad de consejeros. Estos consejeros desarrollarán sus tareas ad-honorem, según se informó desde la Cámara de Senadores.


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