Hoy por Hoy
Domingo 06 de Noviembre de 2016

La postura de los empresarios investigados por la Cumbre

La agenda política transitó, otra vez, por las cuestiones judiciales, y especialmente en torno a la causa por Cumbre del Mercosur. Sin embargo Etienot agregó temas. Preocupa la incidencia narco en la elección del gremio municipal

Desde hace varios meses se vienen publicando detalles del proceso de contrataciones que llevó adelante la Provincia para el desarrollo de la 47ª Cumbre del Mercosur, realizada en Paraná a mediados de diciembre de 2014. El trabajo de algunos periodistas, especialmente de Oscar Londero, articulado sobre la vigencia de un decreto que regula el acceso a la información pública, permitió conocer detalles de este singular proceso.

Más recientemente se conoció la apertura de una causa judicial para investigar la existencia de presuntas irregularidades en las contrataciones y, en ese marco, el 19 de octubre, el fiscal Juan Francisco Malvasio dispuso allanamientos en las oficinas de cinco empresas constructoras de Paraná: Caballi SA, que preside Miguel Marizza, Szczech & Szczech (Iván Szczech), Luis Losi SA (Gabriel Losi), Cemyc SRL (Enrique Morosoli) y OIC SA (Daniel Hereñú). También se allanó la sede de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y el despacho de la titular de Vialidad provincial, Alicia Feltes.

Las medidas judiciales tuvieron un alto impacto en el mundillo político entrerriano, lo que ya se abordó en esta misma columna la semana pasada. El allanamiento a Vialidad generó críticas de abogados, jueces y políticos que en off the record consideraron innecesaria la medida. El trasfondo político se analiza casi tanto como la escasa información judicial, ya que se trata de un procedimiento que está en sus inicios, lo que sin embargo no le impidió al fiscal anticipar al otro día de los allanamientos que habría funcionarios y empresarios imputados.

Párrafo aparte, esta semana el fiscal envió una nota comunicando a los empresarios que tenían la posibilidad de designar a un abogado defensor para que controlara la producción de la prueba y eso generó una polémica judicial-periodística sobre si el dato constituía una imputación o no. Si la prueba estaba por producirse, ¿cuál era la acusación?, se preguntaron los abogados defensores. Si designa un defensor es porque está imputado, sostuvieron los allegados al fiscal.

Con Feltes como principal funcionaria provincial al frente de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, y Marizza como representante de la delegación provincial de la CAC se contrataron obras y servicios por un monto que se aproxima a los 84,5 millones de pesos, según se sabe; de los cuales aproximadamente la mitad se canalizó a través del convenio que el gobierno hizo con la delegación local de la Cámara, que designó al ingeniero Miguel Marizza como su delegado en la unidad operativa.

El representante de los empresarios asegura que el total de provisiones de las que participó la Cámara fueron 44,3 millones de pesos (concretamente 44.355.983 pesos) y que el resto se canalizó por fuera de ese acuerdo. La principal sospecha judicial se asienta en el manejo de las contrataciones, ya que las cinco empresas allanadas facturaron 41,9 millones de pesos, es decir casi el 95% del total, siendo que la entidad tiene 116 empresas asociadas.

Sobre este punto, los empresarios argumentan que trabajaron contrarreloj y, en algunos casos, en rubros en los cuales no tenían experiencia. El convenio de colaboración suscrito entre la delegación entrerriana de la CAC y el gobierno provincial se basó en antecedentes similares por contingencias ocurridas en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Argumentando la excepcionalidad de la situación, por la dimensión de las obras a realizar y el escaso tiempo, la Cámara se encargaba de la preselección de las empresas para ejecutar obras o proveer servicios, y luego de seleccionar al que lo llevaría a cabo. La coordinadora general Feltes tenía siempre la última palabra al respecto, y la Provincia no estaba obligada a contratar con la Cámara.

Cuenta Marizza, a quien la CAC designó como interlocutor principal con el gobierno en este acuerdo, que la asamblea del organismo que aprobó el convenio fue muy dura ya que la mayoría de los empresarios temían que la administración de Sergio Urribarri -embarcado como estaba en su candidatura presidencial- no les pagara, o retardara enormemente el cumplimiento de sus obligaciones. Asegura incluso que el protagonismo que tuvieron en esas contrataciones unas pocas empresas de Paraná obedece a que la mayoría de los asociados no quiso participar de la metodología.

Se sabe que Caballi, Szczech & Szczech, Luis Losi, Cemyc y OIC son empresas constructoras que se dedican básicamente a la obra pública, porque es el Estado el principal cliente para trabajos de magnitud considerable. De hecho, algunas de ellas estaban trabajando en la zona donde se hizo la Cumbre, por ejemplo en el centro de convenciones de Paraná. También se sabe que Marizza es un viejo conocido de la obra pública y de la política entrerriana.

"Si me condenan por esto, me voy orgulloso y contento con los presos; y no me quedo con esta manga de pelotudos", aseguran que suele decir el ingeniero cuando le plantean la posibilidad del avance de la causa en su contra. "Nos hicimos cargo de algo que era, a priori, imposible de realizar. Los requerimientos de Cancillería para hacer la Cumbre sumaban 14.000 ítems y se cumplió con todo. No hubo quejas, sino solo felicitaciones. Tal vez no lo sepan, pero hasta el 18 de noviembre Cancillería mantuvo la reserva para hacer la Cumbre en el Sheraton de Buenos Aires porque no creían que llegáramos con esto ". Palabras más, palabras menos, es lo que el multifacético empresario le cuenta a sus amigos cuando le preguntan por el tema.


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Los tiempos


El 6 de octubre la Cancillería designó a Paraná como sede de la Cumbre que iba a reunir a 10 presidentes. El 20 de ese mes se aprobó la ley que cedió facultades al Poder Ejecutivo, básicamente para la contratación directa de bienes y servicios. El 21 de octubre se creó, por decreto, la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y el miércoles 29 de octubre se aprobó (Decreto Nº 3.954) el convenio entre la CAC y la unidad operativa. Restaban 37 días hábiles para la Cumbre.

El 12 de noviembre la Provincia recibió la primera planilla de requerimientos de parte de la Cancillería, faltaban 25 días hábiles. Pero el 1º de diciembre, 10 días hábiles antes de la Cumbre, se recibió una segunda planilla, con muchas diferencias respecto de la primera. Este dato es una parte importante de la defensa que hacen los empresarios de su accionar.

Por ejemplo, entre la primera y la segunda planilla se duplicó la extensión del vallado requerido, sumándolo un kilómetro y medio. Cuenta Marizza que hubo que salir a alquilar vallas de River o del estadio cordobés Mario Kempes porque ya no había de dónde sacar. Algo parecido ocurrió con la parrilla de iluminación necesaria para la televisión de alta definición que cubrió el encuentro. Sobre la hora se contrató a la única empresa (de Raúl Baglietto) que podía dar el servicio con tan escaso margen, y nadie reparó en el precio.

Otro caso fue el alquiler de la enorme carpa que se necesitaba para la cena presidencial en los jardines de la escuela Del Centenario. Por la época del año no se consiguió carpa en la provincia y gracias a una gestión de los responsables de la Fiesta de Disfraces alquilaron una en Buenos Aires. Como se recordará, la cena no se hizo, pero la Provincia pagó el 40% del alquiler que era la garantía requerida. También se alquilaron baños VIP para uso de los presidentes en ese evento, pero se terminaron usando en la vieja usina porque ya se habían pagado. Poco se sabe si fueron caros o baratos.

Es decir que lo exiguo de los plazos es uno de los argumentos de los empresarios que Marizza suele contar mientras despliega una planilla de un metro y medio de alto por uno y medio de ancho donde están consignadas, con letra tamaño de diario, los trabajos realizados.

Suele detenerse en el tema del aire acondicionado, que debía garantizarse en todas las sedes a menos de 24°, independientemente de la cantidad de gente y de las luces allí instaladas, con una respuesta óptima de enfriamiento en no más de cinco minutos. Dicen que Marizza remarca eso porque le molestó que las objeciones al valor del trabajo que hizo el Tribunal de Cuentas se realizaron tomando el precio de equipos domésticos de refrigeración ofrecidos en el sitio Mercado Libre, sin atender a las diferencias de magnitud del trabajo.

El argumento parece contundente, claro que ese enorme listado incluye desde la provisión de café hasta la ornamentación con plantas o la instalación de espejos. Hay de todo, y de complejidades bien diferentes.

Otro caso que Marizza suele citar es el de la provisión de banda ancha, que estuvo a cargo de Cemyc, porque "era la única empresa con experiencia para hacerlo".


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Pocas empresas


Otro punto en el que hace hincapié el representante de la CAC en la unidad operativa está relacionado con la desconfianza del grueso de los empresarios respecto del pago por las tareas. Asegura que su empresa (Caballi) cargaba a las obras un margen de ganancia del 10%, aún a sabiendas de que mucho dinero que adelantaba iba a ser recuperado varios meses después. Caballi facturó 11,7 millones de pesos por 12 obras que se adjudicaron directamente. Señalan allegados a Marizza que en 2014 la facturación de su empresa se acercó a los 215 millones de pesos, por lo que entienden que no hubiera salvado el año con la Cumbre, aún cobrando excesivamente por lo hecho.

La que más facturó fue Cemyc, casi 13 millones. Le siguieron Szczech & Szczech SA, con 6,9 millones; OIC SA, con 5,6 millones; y Losi con 535.184 pesos. Sobre esta última hay un dato llamativo: se encargó de reasfaltar el garage oficial y zonas aledañas, donde funcionó una instancia de seguridad para el control de los vehículos. Dicen que Gabriel Losi le hizo la gauchada a Marizza porque los otros empresarios no disponían máquinas en la zona (además debían ser pequeñas para trabajar en un espacio reducido), y esa fue la única participación que tuvo esta empresa, una de las 30 más grandes del país en lo relativo a obra pública. "¿Alguien puede creer que Losi, que estaba en la lista de las empresas que trabajaban con Vialidad Nacional en la gestión de José López y que ese año debe haber facturado 1.500 millones de pesos por lo menos de obra pública, va a meter la mano en 500.000 pesos? ¿Cuánto de sobrefacturación admite una obra de este tipo, si hubiese existido?", suele señalar Marizza cuando habla del caso. Aseguran que el empresario siente una culpa especial porque él le hizo el pedido a Losi y el allanamiento afectó profundamente al fundador de la empresa, quien durante más de cinco décadas en el rubro nunca había vivido una situación similar. Más allá del dato familiar, también se dice que el allanamiento abarcó información de ejercicios anteriores al de la Cumbre y que a los empresarios les quedó la duda acerca de la razón de esa búsqueda.

Las anécdotas son tantas como los requerimientos que hubo que responder para la Cumbre. Marizza dice que en su rol de constructor de viviendas lleva plantados más de 40.000 árboles en la provincia, aludiendo a las notas periodísticas que indicaban con sorpresa que también se encargó de la provisión de plantas para la Cumbre.

Lo cierto es que la causa judicial será muy compleja. Se trató de convenir en tiempo récord obras y servicios mediante un mecanismo de contratación directa avalado por leyes específicamente dictadas para tal oportunidad, donde además se contrataron servicios infrecuentes y casi sin preguntar el precio. Da la impresión de que la conducción de la CAC evaluó además de la conveniencia económica de su participación en la organización de la Cumbre, un componente político que lo unía con el gobierno provincial. Se trata de empresas que trabajan, tal como se dijo, casi exclusivamente para el Estado.

Marizza, en representación de la CAC, no hacía los requerimientos de obras, ni aprobaba los presupuestos o los trabajos (firmó solo los presupuestos de su empresa). Entonces, desde el punto de vista de su rol formal no parece tan comprometido. La CAC no le ha reclamado explicaciones acerca de porqué cinco miembros se quedaron con la mayoría de los trabajos, pero él dice que casi nadie quería participar de ellos y que nunca hubo siquiera dos interesados en las obras más importantes, siempre hubo uno. También sostiene que no fue designado por el gobierno, sino por la Cámara, por lo que no se lo puede considerar como funcionario ni con las responsabilidades de tal.

De comprobarse esto, la mirada judicial apuntaría entonces más a los funcionarios y a la utilización de la otra mitad de los fondos que demandó la Cumbre.


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La explosiva Josefina


Esta semana la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, protagonizó un exabrupto que será recordado. Para diferenciarse de las concejalas de su partido que se negaban al tratamiento de una modificación de partidas presupuestarias del Concejo, ella les dijo que no tuvo que acostarse con nadie para llegar a ese cargo. Se desprende de su razonamiento que las otras cuatro sí, o al menos alguna de ellas.

Los detalles de este aspecto son de escaso interés. Sin embargo, parece ser que Etienot piensa que muchas mujeres ofrecen su cuerpo a cambio de mejorar sus posiciones políticas; o que es al menos frecuente que eso suceda en la política. Obvio que nunca antes hizo algo para evitarlo o denunciarlo. Es más, su pensamiento parece reconocer antecedentes en el "qué lindo culo que tenés" del presidente Macri o en el pensamiento del embajador argentino en Panamá Miguel Del Sel.

Sin embargo reducir el hecho al supuesto desequilibrio emocional de la viceintendenta es una simplificación. ¿Ahora todos saben que era una desequilibrada? Y sin embargo llegó a la Viceintendencia de la capital provincial.

El hecho, cuanto menos, amerita revisar el mecanismo de formulación de las listas. Lo que los radicales denominaron en su momento el Método Rogelio, aunque algunos que antes lo cuestionaban prefieran ahora olvidarlo porque el macrismo los rescató con algún cargo nacional. Macrismo puro el de Etienot y Gainza en el Concejo, a los dos se le pegaron cosas en este primer año de gestión.

El método del PRO para armar las listas permitió que concejales, viceintendentes y legisladores provinciales llegaran a los cargos casi sin la trayectoria política que supone llegar a esas instancias. Por ser amigos, socios comerciales, conocidos o simplemente el único que había para poner. Hubo incluso canjes, una diputada provincial en Entre Ríos por un concejal en San Isidro, como ejemplo hipotético. Y los dirigentes radicales que avalaron esas listas, por supuesto.

El radicalismo, después de la Convención de Gualeguaychú, hizo una alianza electoral de entrega. Eso explica no solo que Etienot haya terminado siendo viceintendenta o Ema Gainza primer concejal, sino también que Varisco no haya podido poner un diputado de Paraná en la lista. Por eso, algunos radicales entienden que el incidente es la conclusión de un proceso, y no un hecho aislado.

Está claro que la viceintendenta fue víctima de su carácter, no se contuvo, dijo cosas inconvenientes (que obviamente es lo que piensa) y que incluso ya había manifestado en ámbitos privados. Hace una semana, contábamos en esta columna que el ministro Rogelio Frigerio había tratado de explicarle su rol de "acompañamiento a Varisco" al menos por ahora, alertado porque los problemas de cartel en Cambiemos eran cada vez mayores. Parece que su prédica cayó en saco roto.


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La disyuntiva


El Foro de Concejales de Cambiemos, integrado mayoritariamente por radicales, se reunió ayer en Cerrito y desistió de pronunciarse sobre el Caso Etienot. Pese a que la concejala Karina Llanes planteó la moción.

No es porque los concejales radicales hayan decidido respaldar a la vice Josefina, sino que entienden que este tipo de situaciones debe resolverse puertas adentro. Algo parecido sucedió con la mesa del Comité Provincial, aconsejados algunos de sus miembros por el propio Frigerio acerca de la conveniencia de bajarle el perfil al conflicto.

Como contrapartida, el varisquismo lo expuso mediáticamente y realizó denuncias ante organismos provinciales, y promete ir también a la Justicia. Lo que no termina de entenderse es porqué las cuatro concejales aludidas deciden involucrar al arzobispo de Paraná en el tema, a quien también le mandaron una nota. Salvo que sea por la vinculación de Etienot con la Universidad Católica Argentina.


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Impredecible


Ahora es fácil caerle a Etienot porque ella lo permitió. El varisquismo ve la chance de darle un garrotazo público (en realidad se lo pega sola) y obligarla a varios meses de bajo perfil. Los más entusiastas incluso barajaron la chance de promover su destitución, pero eso iría en contra de la convivencia de Cambiemos.

Otro dato es que la conducta de Etienot es impredecible, casi sin historia política y con cierto desdén al radicalismo, ni siquiera se preocupó por ocultar su acuerdo con (al menos) algunos concejales peronistas, empezando por Cristina Sosa. Los acuerdos parlamentarios son práctica habitual, pero ahora salen a la luz supuestos manejos de contratos en beneficio de los ediles opositores que habrían robustecido esos entendimientos.

La bomba no está desactivada, advierten algunos radicales mientras le piden al presidente del partido Pedro Galimberti o al intendente de Victoria Mingo Maioco el manual de cómo pelearse con el viceintendente y no salir tan perjudicado. Porque Etienot fue electa por cuatro años y dispone de una caja importante (y bastante oculta).

En el entorno de la vice Josefina reconocen que a su jefa le faltó tino, pero aconsejan que el árbol no tape el bosque. Señalan, por ejemplo, que habría que ver de qué hablaba la dama cuando dijo que no iba a permitir que la llevaran puesta con el presupuesto. Mientras algunos dicen que hablaba de esa caja del Concejo Deliberante, otros dicen que se refería al presupuesto del municipio para 2017, que el Concejo debe votar. "Van a tener que continuar tratando de sacarme de acá para apoderarse de esa caja", advirtió ella.

Para abonar la hipótesis acerca de que hay algo más tras la expresión de ira de La Jose, comenzaron a circular algunos proyectos del Ejecutivo que, según los corrillos del Concejo, generaron la discrepancia. Uno de ellos es del concejal Carlos González y propone la adquisición por parte de la Municipalidad del predio de la ex fábrica de cemento portland, al que considera un espacio cuyo deterioro derrama negativamente sobre el entorno del lugar donde está enclavado, perjudicando las posibilidades de desarrollo, especialmente turístico, de la zona.

Son rumores, pero dan claramente la pauta de que el conflicto no se terminará con el pedido de disculpas que las concejales aludidas por la vice reclamaron en una nota dirigida (extrañamente) al arzobispo de Paraná.


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Elección y narcos


En tres semanas se disputará en Paraná la elección de las autoridades del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) tras varios años de intervención. El tema no ocupa espacios destacados en la agenda política, pero debería ocuparlos.

Compiten cuatro sectores, ya que el exsecretario general del gremio, Hugo Vázquez, fue habilitado a competir por el Ministerio de Trabajo nacional, luego de que la Junta Electoral lo excluyera del proceso.

De estos cuatro sectores, dos tienen evidente vinculación con ciudadanos de Paraná señalados como importantes narcotraficantes. Eso impacta en el "financiamiento" de la campaña aunque no quiere decir que en los otros no hay algún dealer de candidato entreverado en las listas.

La problemática atraviesa al espectro de trabajadores municipales. Las noticias policiales que involucran a los empleados de la comuna, especialmente de áreas como Limpieza o Parques, están en un alto porcentaje relacionadas con venta de drogas.

Trabajadores armados, otros amenazados, uso de bienes municipales para la distribución de estupefacientes son situaciones que solo pueden ignorarse premeditadamente. Lo más graves es que todavía no se observa una determinación de esferas estatales de intervenir en la cuestión.


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La interna peronista


Mientras estos temas aparecen en superficie, la interna del peronismo tiene sus novedades soterradas. Al gobernador Gustavo Bordet ya no se lo ve tan preocupado por la contingencia electoral y aseguran sus allegados que eso sucede, al menos en parte, porque percibe un clima de unidad del peronismo que hace años no se palpaba.

Los peronistas que están en el massismo, los kirchneristas, los no kirchneristas comienzan a juntarse alentados por señales que bajan de la dirigencia.

No resulta sencillo imaginar el año que viene desde lo electoral si las denuncias periodísticas y judiciales sobre presuntos casos de corrupción siguen dominando la agenda política. Es claro que ese escenario favorece a Cambiemos, pero también es evidente que cualquier estrategia del peronismo debería basarse en la acumulación y no en la fragmentación. Esta semana se vieron indicios de que esa idea va tomando fuerza.

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