Tarifazo
Domingo 25 de Septiembre de 2016

La Justicia y el derecho de los ciudadanos

Casi dos meses se tomó la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná para resolver respecto del recurso de recusación interpuesto por la empresa Redengas contra el juez Leandro Ríos, quien debe expedirse sobre el amparo colectivo presentado contra el aumento del cuadro tarifario de gas por la Defensoría del Pueblo de Paraná y el Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor (Codec). Como era de esperar, el cuerpo rechazó el pedido formulado por el apoderado legal de la empresa, Gualberto Domé, quien había planteado que el magistrado tenía un claro interés en el pleito, "dado su condición de consumidor del servicio de gas natural de la ciudad de Paraná, así como también sus familiares". Semejante argumento encontró de inmediato la reprobación de las entidades de defensa del consumidor, y de hecho, del propio Ríos, que respondió al recurso sosteniendo que no se encontraba comprendido dentro del universo de usuarios que se han visto afectados por las tarifas del servicio de gas natural, que no realizó reclamo alguno ni tampoco ha solicitado la tarifa social. Por lo tanto, cuando la Cámara realizó una interpretación de la causal de recusación señaló que "tal situación haría pasible de recusación a cualquier magistrado o juez ad hoc de la lista, debido a que los mismos habitan en esta jurisdicción", dejando en evidencia la falta de consistencia del pedido. El fallo también hace una descripción de los derechos de incidencia colectiva y los agrupa en difusos, colectivos e individuales, o también se los podría denominar 'trasindividuales' o 'supraindividuales'. Pero más allá del enfoque teórico del concepto, se subraya que "es legalmente irrelevante determinar qué individuos pertenecen al grupo y quién es, en última instancia, el titular del derecho transindividual".

Esta clasificación encierra un doble sentido, porque no solo sirve para exponer el grado de desacierto para impugnar la actuación de Ríos, sino que a la vez revela la maniobra de la empresa para dilatar la discusión de fondo: la cautelar por la quita de subsidios a usuarios residenciales que dispusieran las resoluciones Nº 28/2016, Nº 31/2016 y Nº 99/2016 (MEM), Nº 3.728/2016 y nº 3.842/2016 (Enargas). Está claro que los tiempos judiciales van a contramano de las verdaderas necesidades de la ciudadanía, y en esa misma línea resulta poco comprensible entender porqué el máximo tribunal superior (Corte Suprema) se pronunció antes que la Justicia Federal de nuestra jurisdicción, convocando a audiencia pública y ordenando al Gobierno a retrotraer el precio de la tarifa. Si incluso ya se llevó a cabo la discusión prevista en el marco de la audiencia con autoridades, representantes de consumidores, expertos, legisladores para establecer en qué monto debe fijarse el valor de la tarifa del gas. En este punto, el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, reclamó que en el caso de la capital provincial, los usuarios no están en condiciones de pagar por encima del 100%, y llamó a determinar parámetros entre lo que se debe cobrar el servicio en diferentes regiones del país. Así las cosas, ahora está pendiente de resolución el dictamen del juez Ríos respecto del amparo colectivo y si bien el aumento quedó en suspenso (Redengas tendrá que refacturar), responder a esta demanda es una forma de escuchar las inquietudes de los vecinos.

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