La Provincia
Domingo 13 de Noviembre de 2016

La Justicia de Victoria interviene contra los desmontes en zona protegida de islas

La Justicia de Entre Ríos decidió abrir una investigación de oficio tras hacerse público un caso de desmonte en zona protegida de islas ubicadas frente a Puerto General San Martín. Así lo confirmó el fiscal Nº 2 de Victoria, Jorge Gamal Taleb, quien decidió avanzar judicialmente tras la denuncia pública que había realizado a finales de septiembre el grupo ambientalista Guardianes de Victoria, respecto a maquinaria pesada y tala indiscriminada de vegetación nativa en esa zona del Humedal.
Taleb explicó que decidió actuar de oficio tras enterarse por los Guardianes de desmontes en zona de islas, un hecho que también motivó un pedido de informe realizado por la diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador-Gualeguay) dirigido al poder ejecutivo de la provincia, en el que se pedía información sobre el mismo tema.
"En virtud de ese pedido de informe y teniendo en cuenta lo conversado con los ambientalistas decidí abrir una investigación de oficio sin que mediara ninguna denuncia penal de particulares", dijo el fiscal, quien agregó que ya en ese momento entendió que existía un grado de sospecha atendible respecto a la posible comisión de ese delito.
Respecto a la figura legal en cuestión, Taleb aclaró que enfocó su investigación bajo la figura de "daño", ya que si bien existe una profusa legislación ambiental en Entre Ríos, la misma es de carácter tutelar. "Estamos en cierta manera a la zaga respecto a protección penal de medio ambiente, que sólo existe para el caso de residuos peligrosos y este no era el caso", agregó.
Por eso la causa avanza sobre la figura de daños, ya que tanto las islas como las riveras son de dominio público tal como establece el nuevo código civil: "Cuando vi las fotos de los daños en la rivera por efecto de la tala decidí actuar de oficio por el delito de daños en inmueble, que en este caso es la isla la que es dañada por la acción sobre sus árboles".

Daños en dominio público
Luego, el fiscal pudo confirmar esta hipótesis al informarle el gobierno de Entre Ríos que el islote Pancho —donde se hizo el desmonte— es efectivamente un bien de dominio público. En ese punto se supo que se había acordado un permiso de uso para amarre a una empresa particular, pero ese permiso no comprendía la facultad de realizar tareas de desmonte: "Eso no se puede hacer por ley nacional a la que adhirió la provincia, para desmontar hace falta un trámite administrativo que en este caso no estaba hecho".
La Justicia pudo constatar con fotos e informes elaborados por la Delegación de Islas que se habían talado árboles de especies autóctonas en una franja costera de mil metros de largo por siete de ancho hacia adentro. También se conoció quienes eran los dueños de la empresa La Barranquita, se corroboró que no tenían permiso para realizar esas tareas y que el inmueble era propiedad del Estado: "La hipótesis inicial sobre el delito de daños se vio confirmada a nivel probatoria", argumentó el fiscal.
A partir de allí, Taleb solicitó al juez de garantías una audiencia para pedir una medida inhibitoria que prohibiera continuar con los desmontes de la isla, algo a lo cual el juez hizo lugar aunque la audiencia fue diferida hasta tanto los posibles imputados designaran abogado defensor. Según el fiscal, el próximo paso en su investigación será mensurar el daño ambiental que produjo la tala de árboles nativos: "Si bien el delito de daños no tiene una pena alta —hasta un año de prisión—, en este caso está agravado por ser bienes de uso público".
"El objetivo es actuar según la ley nacional del ambiente que no es penal, por eso la finalidad es recomponer el daño ambiental mediante la reimplantación de esos árboles por parte de la persona acusada", argumentó el funcionario público en declaraciones a La Capital.

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