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Viernes 20 de Noviembre de 2015

La Justicia procesó al titular del PAMI

El juez consideró que hay pruebas para enrostrarle el delito de administración fraudulenta

El titular del Programa de Atención Medica Integral (PAMI), Luciano Di Cesare, fue procesado en la causa que investiga el uso de fondos de la entidad para comprar letras del Estado en lugar de garantizar las prestaciones para jubilados.

Al tomar la decisión, el juez Claudio Bonadío argumentó que el PAMI solo podría legalmente financiar al Estado si prestara un servicio de calidad y tuviera excedentes, algo que no sucedió.

Como parte de la investigación, el magistrado indagó también al exministro de Economía Hernán Lorenzino, al extitular del Banco Central Juan Carlos Fábrega y a tres gerentes del PAMI: Carlos Ariel Lieutier, Pedro Miguel Insausti y Danilo Carlos Zelaya. A Lorenzino, el juez Bonadio le dictó falta de mérito, mientras que los otros cuatro funcionarios fueron sobreseidos.

Bonadío dispuso además “trabar formal embargo, sobre los bienes y dineros del nombrado, suficientes hasta cubrir” una suma de dinero no detallada contra Di Cesare y ordenó que se presente en su tribunal “dentro de las 72 horas de anoticiado, con el objeto de notificarlo, imponerlo del embargo y extraerle triple juego de fichas dactilares”, según el fallo al que tuvo acceso.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la diputada Graciela Ocaña, quien denunció que, en 2012, el PAMI tenía aprobado un presupuesto para todo el año de 26.000 millones de pesos, pero habría usado parte de ese monto para comprar 2.330 millones de Letras del Tesoro con el objeto de financiar los gastos del Gobierno.

En su declaración indagatoria, Di Cesare argumentó que la compra de Letras no solo fue legal, sino que resultó en una operación exitosa para el organismo, algo que el magistrado refutó en su resolución.

El juez que incomoda

Bonadío es el magistrado que fue considerado como un pistolero por la propia presidenta Cristina Fernández. Fue el mismo magistrado que comenzó a investigar la empresa Hotesur propiedad de la familia de la Presidenta, y luego fue recusado.

Tiene varias causas contra funcionarios nacionales.

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