La Provincia
Jueves 28 de Julio de 2016

La Justicia le negó la rehabilitación a Luis Goy para ejercer cargos públicos

El exvocal del IAPV fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en 2005 por el delito de Fraude a la Administración Pública.

La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa del concordiense Luis Alberto Goy, exvocal del Instituto Provincial de la Vivienda de Entre Ríos (IAPV), que solicitó su rehabilitación, luego de haber sido condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en 2005 por el delito de Fraude a la Administración Pública.

Chiquito Goy fue condenado el 9 de diciembre de 2005 por la Cámara del Crimen de Concordia, que lo encontró autor del delito de Fraude a la Administración Pública en el marco de la causa "Luna, Juan José, Alalí Antonio Omar y Goy, Luis Alberto". En ese momento, el tribunal integrado por Patricia Pérez, Mariela Rojas y Miguel Giorgio le impuso la pena de tres años de prisión, de cumplimiento condicional, y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. El fallo fue confirmado por la Sala Penal del STJ en 2007 y quedó firme.

A través de su defensor, Pedro La Madrid, Goy hizo un pedido de rehabilitación, que fue rechazado el 14 de setiembre de 2015 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Barbagelata Xavier, Martín Carbonell y Carolina López Bernis. Contra esa decisión adversa, la defensa de Goy presentó un recurso de casación.

En la audiencia ante la Cámara de Casación, el defensor expuso que estaban dadas las condiciones para rehabilitar al exfuncionario. Afirmó que Goy intentó reparar el daño causado, allanándose a la demanda que le inició el gobierno provincial. La defensa negó que Goy hubiera tenido mal comportamiento después de la condena por fraude a la administración.

Sin embargo, la Cámara de Casación, integrado por Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano, rechazó el recurso y confirmó la sentencia que denegó el pedido de rehabilitación.

Entre sus principales argumentos, la Cámara destacó que surge del propio expediente que Goy, después de haber sido condenado en 2005 a la pena de tres años de prisión condicional más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, quebrantó dicha inhabilitación y ejerció un cargo público, y por este nuevo hecho delictivo fue condenado en 2012.

Respecto de la reparación del daño por parte del condenado, en la medida de lo posible, el tribunal expresó que si bien Goy se allanó a la demanda civil que el gobierno le interpuso oportunamente, tal allanamiento "no fue concretado, por lo cual no configura reparación alguna". En ese sentido, el fallo resalta que el condenado tuvo tiempo "más que suficiente para efectivizar realmente ese allanamiento" y que no lo hizo, pese a que consta que durante ese lapso el condenado tenía una empresa constructora.

La causa por la que se condenó a Juan José Luna, Antonio Omar Alalí y Luis Alberto Goy, por el delito de fraude a la administración pública se originó en la desaparición de 32.000 pesos destinados a obras de iluminación de la rotonda de la localidad de Los Conquistadores. Por la ausencia de esas obras, en 2003, un colectivo de pasajeros chocó contra un camión cargado con garrafas de gas envasado y murieron 17 personas.

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