Tarifazo
Martes 15 de Noviembre de 2016

La Justicia define una medida cautelar contra la suba de luz

En 10 días, la Cámara en lo Contencioso deberá pronunciarse. La demanda fue iniciada por la Adecen

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná sorteará esta semana el orden en el que votarán los vocales Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías, respecto a la medida cautelar presentada en agosto por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) que cuestiona las resoluciones del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) que autorizaron el incremento de la tarifa eléctrica en la provincia. Se trata de una la única medida colectiva que se tramita en la Justicia provincial, luego del revés que encontraron la avalancha de amparos, algunos en primera instancia, y los restantes que fueron desestimados por un tribunal de feria que resolvió confirmar la postura del gobierno.

Una vez definido el sorteo, los magistrados tendrían diez días para pronunciarse sobre la cuestión, abriendo un escenario en el que se podrían plantear varias alternativas. Que el tribunal haga lugar a la medida provisional, que la rechace en coincidencia con lo dispuesto por otros tribunales de alzada o una tercera vía, que sería el requerimiento de una medida probatoria.


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Dónde radica la legitimidad


"Lo que nosotros hemos podido colectar en el ámbito del procedimiento ordinario, es que en este caso hay mucha más prueba que acredita la ilegitimidad de los incrementos. Arbitrando un orden lógico en el asunto, La Cámara no debería sacar una resolución distante en relación a lo que venía dictaminando con los amparos", explicó el abogado Raúl Muñoz, representante legal de la ONG que defiende los derechos de los consumidores. Para el letrado la importancia de esta demanda radica en que a diferencia de la vía de los amparos, en esta cuestión se está dirimiendo sobre el reclamo de alrededor de 500.000 usuarios en toda la provincia. Muñoz recordó que cuando el Gobierno respondió a la impugnación administrativa diciendo que no había peligro en la demora.

"El procedimiento ordinario de discusión tiene que representar un peligro para los usuarios, por eso es que anticipadamente se tienen que tomar medidas para proteger y procurar sus derechos. Si nosotros esperábamos los tiempos que requería el proceso, es muy probable que ese derecho sufra algún perjuicio de restablecimiento", analizó.

El EPRE rechazó la medida cautelar esgrimiendo que se configuraba "un peligro en la demora" porque la mayoría de los usuarios está pagando la factura de luz, o sea que esta circunstancia no incidió en un aumento en el nivel de morosidad a causa de los incrementos tarifarios. "Nosotros nos opusimos a esto, porque dijimos que pese a que los niveles de morosidad sean idénticos a otros períodos donde no se produjeron incrementos, no tiene nada que ver con que no exista daño. La persona tiene que pagar el aumento sí o sí, no está en condiciones de plantearse si lo paga o no. Lo que en realidad debería estar analizándose es que el costo de la energía eléctrica insume un porcentaje sustancial de los ingresos. La tarifa, con todos los demás incrementos que hubo tuvo un aumento proporcional bastante interesante. Eso hace que mientras se discuta la legitimidad se deba suspender la eficacia de las resoluciones. En ese aspecto ubicamos el peligro de la demora", argumentó.
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La vía del juicio ordinario

La cautelar es el camino previo que eligió la entidad que preside Gabriel Vargas para resguardar los derechos de los usuarios entrerrianos. Sucede que el próximo paso será trabajar en la posibilidad de plantear un juicio ordinario en lo Contencioso Administrativo. Pero el reclamo avanzará también hacia el fuero civil. Así lo adelantó el abogado Raúl Muñoz: "Hemos presentado un beneficio de litigar sin gastos, en el ámbito de la justicia civil. En este caso, vamos a iniciar un proceso colectivo contra la empresa Enersa. Porque aún sobre la base de que tuviésemos como legítimos los incrementos que aplicó y que autorizó el EPRE, la compañía entendemos que los implementó de manera equivocada: no notificó a los usuarios, condición requerida por el reglamento de suministro, y la segunda razón es que se aplicaron sin haber estado publicada la resolución que así los autorizaba. Incluso quedaron atrapadas cuatro resoluciones; la primera y la única que tenía audiencia pública, y las otras tres que no tenían audiencia pública", manifestó.

La pretensión de la entidad que nuclea a los consumidores es que se suspendan los incrementos tarifarios que rigen desde principios de año, con efecto retroactivo y con alcance general, es decir, para todos los usuarios residenciales. Aquí confluyen dos hipótesis, la primera sobre incrementos ilegítimos y otra que contempla las subas legítimas.


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Nuevo round judicial


La Adecen, a través de su asesoría legal, solicita que se suspendan las resoluciones 146 de 2015, 150 de 2015 y 12 de 2016, por el trámite que está previsto en el Código de Procedimiento Administrativo. De este modo, cuestionaron el aumento tarifario que, se estima, alcanzó en Entre Ríos un 137%. El planteo de fondo de la Adecen es que todas las subas por diferentes causales son inválidos, incluso los que fueron autorizados.

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