Juicio Político a Chiara Díaz
Miércoles 08 de Febrero de 2017

La caída del juicio a Chiara Díaz no cierra todos los cuestionamientos

Bordet aceptó ayer la previsible dimisión del vocal del STJ a raíz de la certeza de una condena en el proceso de Juicio Político, que se caerá inexorablemente. La Justicia quedó expuesta a la mirada de la sociedad como pocas veces antes

La renuncia al cargo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz, que finalmente se concretó ayer por la mañana, está lejos de cerrar el debate en torno a la Justicia entrerriana. Por el contrario, deja abierta una serie de interrogantes a los que la dirigencia política provincial debería prestar atención.

Ayer el gobierno provincial informó: "A través del Decreto N° 75 de este martes 7 de febrero de 2017, el gobernador Gustavo Bordet aceptó la renuncia que con carácter indeclinable e irrevocable presentara el vocal de la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz, en estas últimas horas".

La información oficial remarcó que la renuncia del juez acusado obedecía al "incremento del deterioro de su salud, de público conocimiento, que le impide desempeñar sus tareas como magistrado". En las últimas presentaciones, el defensor de Chiara Díaz (Guillermo Brunner) sostuvo que el juicio político produjo un agravamiento de su situación.

En ese marco, el gobierno manifestó que de acuerdo a la forma de nombramiento prevista para los miembros del superior Tribunal de Justicia en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en su artículo 175 inciso 16º, y 193, corresponde al Poder Ejecutivo proceder a su aceptación (de la renuncia), la que será operativa a partir de la notificación del decreto.

El decreto fue refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri; hijo del exgobernador Sergio Urribarri, a quien Chiara Díaz señaló en su momento como principal impulsor de su enjuiciamiento. Lo mismo sostuvo el presidente del bloque de senadores de la oposición, Raymundo Kisser.


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Rayano a lo increíble


La primera duda que se le presentó a los funcionarios que recibieron la renuncia de manos del abogado defensor Brunner fue si la firma que estaba al pie de la nota era realmente la del juez acusado. Al fin de cuentas, podría ocurrir -aunque sería un hecho absolutamente extraño- que no fuera la firma de Chiara Díaz, y que el día de mañana se presentara reclamando que no renunció. (Suena extraño, pero no tanto en el marco de las últimas movidas del defensor).

El abogado Brunner firmó entonces un acta en la que señala que recibió de Chiara Díaz el escrito firmado por él. La cuestión no deja de ser anecdótica, pero es probable que Brunner, un amigo de Chiara Díaz desde hace más de 50 años, le haya hecho la firma. Lo cierto es que para saldar dudas, hoy se le notificará al vocal renunciante la aceptación de su dimisión, lo que despejará sospechas sobre un eventual no reconocimiento de la firma del texto presentado ayer.

La Corte de Justicia (el Senado) igualmente decidió esperar hasta el 15 para recibir la notificación de la renuncia, y dar por caído el juicio político.


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¿Por qué no renunció antes?


Si se intenta analizar las conductas de los protagonistas de la inusual situación generada desde que el abogado victoriense Carlos Reggiardo presentó la denuncia ante Diputados, el 14 de noviembre; una de las preguntas que surge inicialmente es porqué Chiara Díaz no renunció antes, a sabiendas de las grandes posibilidades de recibir un fallo adverso.

Es posible suponer que el juez no creyó que se llegara a tal punto, es decir, a la casi certeza de la condena; y que recién en los últimos dos días, cuando su estrategia se desmoronó estrepitosamente, tomó el camino que lo libera de quedar en la historia judicial provincial como el primer vocal del STJ echado por un juicio político.

El renombre que se ganó Chiara Díaz especialmente en la docencia aparece como el bien a preservar con esta decisión.

El día que este diario anticipó que el justicialismo entrerriano quería someter a Chiara Díaz al juicio político, la idea parecía descabellada. Antes de salir a la calle, incluso en la Redacción, hubo quienes preguntaron si la noticia era seria. La fuente estaba consignada: el presidente del bloque de diputados del oficialismo, Juan José Bahillo, le abrió al nuevo proceso la puerta en declaraciones que formuló a UNO el 15 de noviembre.

"Nuestra responsabilidad como legisladores consiste en que, ante una reiterada denuncia; que además tiene un sustento mayor y un desarrollo más profundo; nos aboquemos especialmente al tratamiento de la cuestión. No podemos dar por sobreentendida la misma postura que tuvimos en la oportunidad anterior, sino que debemos analizar detenidamente esta nueva presentación", precisó el jefe del bloque.


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Dudas y malestar



Lo cierto es que había razones para sostener dudas sobre el accionar del oficialismo legislativo. En agosto el justicialismo había salvado al vocal de un pedido similar realizado por algunos dirigentes justicialistas (algunos de ellos condenados por enriquecimiento ilícito) con el argumento de la formas desprolijas y misóginas con que estaba redactado.

En esa oportunidad, Cambiemos votó a favor del enjuiciamiento y los diputados opositores se cansaron de castigar al oficialismo, que cerró filas para defender a su señoría.

"¿Vos podés creer que este tipo ni siquiera mandó alguien a que nos dé las gracias? Yo no digo que venga él personalmente, ni que nos mande un vino de regalo, pero... nada!!!", se sinceró con este periodista uno de los diputados justicialistas pocos días después de la sesión de agosto.

Así contada la anécdota puede suponerse un razonamiento trivial -playito como suele decirse- de parte de los legisladores oficialistas, pero está claro que reflejaba el ánimo latente que Chiara Díaz no supo advertir y que a la larga, tal vez terminó con su carrera judicial.

"¿Por qué hay que defender a estos tipos que se quedan de por vida en un cargo en el que cobran una fortuna y hacen lo que se les ocurre, total nadie los controla?", dijo ese diputado. "A nosotros nos castigan que somos chorros, haraganes, borrachos, pero no cobramos esa guita, pagamos impuestos y tenemos que hacernos votar cada cuatro años?", agregó. Para este periodista el diálogo fue incluso más revelador que la serie de cargos que formulaba contra Chiara Díaz en ese momento el abogado Reggiardo.

El problema que enfrentaba en ese momento el justicialismo era la contradicción con lo dicho aquella noche de agosto, solo dos meses y medio antes; pero había argumentos para salir más o menos airosos del paso. Los radicales difícilmente se iban a desdecir de lo dicho aquella noche y el oficialismo asumió que, pese a reconocer el cambio de postura, siempre resulta simpático el cuestionamiento a quien tiene fama de intocable, que es la fama que bien ganada tienen todos los miembros del Superior Tribunal entrerriano.



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El contraataque



Lo que posiblemente no previeron los diputados oficialistas en ese momento fue la reacción del vocal, que en vez de buscar la solidaridad corporativa de sus pares decidió atacar a legisladores y amenazar con arrastrar a otros miembros del STJ consigo.

Chiara Díaz se sintió poderoso (de hecho lo era) y actuó en consecuencia, para demostrar que no sería gratis meterse con él. No resulta descabellado pensar que algunos miembros del STJ pudieron entender desde ese momento que , con esa actitud, se había convertido en alguien peligroso para ellos, y que tal vez sería mejor permitir que se lo juzgara y terminara yéndose a su casa.

Podría pensarse que el magistrado equivocó la estrategia, si se lo ve a la luz de lo ocurrido luego. Pero también puede suponerse que hubo allí una valoración errónea porque Chiara Díaz sabía mejor que nadie que existían numerosos elementos para sostener su destitución.

Incluso al momento de presentarse ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, el juez acusado mencionó al autor de esta nota como una de las personas que lo había atacado en razón de la publicación de algunos de los elementos que sostenían la idea de llevarlo a juicio. No hace falta explicar el interés periodístico que tenía el tema, pero sí es propicio señalar que lo entonces publicado era una pequeña parte de los elementos que luego se reunieron en la acusación.

En el desarrollo del juicio, y especialmente en la formulación de la acusación, quedó en claro que los hechos cuestionados eran numerosísimos. El trabajo de la Comisión de Juicio Político y la dedicación casi obsesiva del presidente del cuerpo, el diputado Diego Lara, terminaron fundando una acusación muy sólida y abundante.



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La oposición


La oposición legislativa -embretada por su anterior postura favorable a enjuiciar al magistrado- señaló que la postura del oficialismo en favor de destituir al juez apuntaba a enviar un mensaje intimidatorio a todos los magistrados para que no avancen en las causas contra dirigentes de ese sector político, especialmente contra el exgobernador Urribarri; y que el desplazamiento de Chiara Díaz de la Sala Penal del STJ favorecía al exmandatario.

El razonamiento era correcto desde el punto de vista del funcionamiento de la política, pero relativizable. ¿Por qué Chiara Díaz podía ahora no ser funcional al poder político, si durante 30 años había sido vocal del STJ y, de esos 30 años, más de la mitad con gobiernos provinciales peronistas?

¿Por qué ahora se lo consideraba un adalid de la independencia judicial si durante muchos años el radicalismo denunció la connivencia de la Justicia con el poder político y eso incluía a Chiara Díaz?

Incluso, durante el gobierno del radical Sergio Montiel, se impulsó desde ese sector político llevar a Chiara Díaz a juicio por entender que fallaba sistemáticamente en contra del gobierno por parcialidad partidaria.

Hay que decir también que los fiscales que llevan adelante las causas contra Urribarri o exfuncionarios de su gobierno no parecen fáciles de amedrentar, menos con un hecho público como el del juicio político. Pero más allá del mérito que esto supone para los fiscales, el razonamiento sostenido por algunos referentes opositores, sobre todo por el senador Kisser, genera una disyuntiva.

Lo que no terminaba de cerrar entre algunos legisladores opositores era si por evitar que saquen a un juez supuestamente incómodo para Urribarri, había que defender a un juez que merecía ser destituido.
La exaltada presencia de Chiara Díaz en la Comisión de Juicio Político derivó en una denuncia de juicio político a la presidenta del STJ Claudia Mizawak, que finalmente no prosperó. Sin embargo, buena parte de la expectativa que generó ese intento tiene que ver con el estado general de la Justicia y con la visión negativa que buena parte de la sociedad parece tener del Poder Judicial, y del STJ en particular.

Para la oposición legislativa la caída del intento de enjuiciar a Mizawak fue una derrota, si se considera el planteo que sostuvieron algunos legisladores que insinuaban (por ejemplo Kisser) una suerte de canje entre los dos procesos. No todos los legisladores oficialistas coincidieron con esta postura, pero tuvieron visibilidad periodística los que sí la sostenían.



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Las pruebas


El trabajo de la Comisión de Juicio Político/Comisión Acusadora demostró que lo de Chiara Díaz era más grave de lo que se pensaba. Incluso en las últimas horas del proceso se conocieron detalles de un viaje a Panamá sin autorización, además de la doble percepción de remuneración, la percepción incorrecta de viáticos y pasajes, la decisión de simular ausencias imprevistas cuando los compromisos académicos del juez se conocían con meses de anticipación, entre otras irregularidades que los legisladores consideran probadas.

Pero también permitió conocer una suerte de "laxitud" en los controles sobre esos aspectos -al decir del vocal Bernardo Salduna- que requeriría cuanto menos una mejoría ostensible de los mecanismos de control de los gastos y del trabajo de los miembros del Superior Tribunal.

En realidad, nadie de la Justicia o de la política en general podrá decir que ignoraba el tema, que incluso en alguna oportunidad se veía reflejado en los medios, como ocurrió con la autoasignación de viáticos de Chiara Díaz en 2014, publicada por UNO.

También se impone preguntarse qué sucederá con todas las pruebas colectadas en el proceso que dan cuenta de irregularidades con el manejo de los fondos de la Justicia en beneficio del magistrado. Si bien la sanción del juicio político, que es la separación del cargo, ya no se va a producir; queda pendiente la investigación de presuntos delitos contra el Estado.

No se sabe si los fiscales entrerrianos actuarán de oficio o si los legisladores presentarán esas pruebas en Tribunales para que se avance en la investigación de supuestos delitos.



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La renuncia


La pregunta inicial era por qué Chiara Díaz tardó tanto renunciar. Si fue la errónea percepción de la situación lo que lo llevó a esperar hasta el desbarrancamiento de su estrategia legislativa.

A sabiendas, él mejor que nadie, de la existencia clara de causales para su destitución hubiera podido tener una salida menos traumática si, por ejemplo, renunciaba apenas Diputados decidió someterlo al proceso y se alejaba denunciando la existencia de una "conjura política contra la Justicia independiente".

Ahí sí hubiera podido decir que no les dio el gusto de ser destituido en el juicio político. Si bien con la renuncia de ayer tampoco llegará a su fin el proceso, quedará asentado que su renuncia se dio tras el fracaso de una serie de intentos inverosímiles por frenar el juicio y sin siquiera haber podido traer a los testigos que prometió que declararían en favor suyo.

La deshilachada estrategia de defensa de Chiara se condice con la imagen de su defensor, ausente en la audiencia del Tribunal de Justicia, pero presente en los pasillos de la Legislatura y 'guasapeando' con algunos de los legisladores opositores.

La presentación tardía de un incompleto certificado médico pidiendo la suspensión del proceso; la promesa de una renuncia a cuatro meses con el mismo objetivo; y el faltazo de los testigos convocados por la defensa marcaron el precipitado final.


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El reemplazo



Sería un error de la dirigencia política centrar la mirada solamente en quien será propuesto por el gobernador Gustavo Bordet para reemplazar al juez renunciado. Se sabe que los integrantes del Superior no pasan por el Consejo de la Magistratura, y el mecanismo de designación se inicia con la propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

Posiblemente, antes que apresurarse en la designación, deba tomarse nota de lo ocurrido y de la necesidad que existe de dar mayor transparencia y control al accionar de los miembros del STJ.

Respecto del eventual reemplazo hay numerosos nombres en danza. Hay muchos que lanzan candidaturas, incluso para ver qué repercusión mediática tienen.

No es arriesgado suponer que Bordet no se va a apresurar en la designación, acorde con su estilo; y que posiblemente también busque un consenso entre las fuerzas políticas provinciales.

En ese sentido, hay quienes opinan que no debe descartarse la salida de otros integrantes del Superior Tribunal, algunos de los cuales ya están en condiciones de jubilarse.

Incluso se dice que si se producen cambios apuntados al mayor control y transparencia del funcionamiento del cuerpo, no habría que descartar que algunos miembros ya no se sientan tan cómodos en ese lugar ya que la inamovilidad en el cargo no es tan placentera si se ajusta el control.


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La Corte de Justicia se reunirá otra vez el 15


La Corte de Justicia que tiene aún a su cargo el juicio político a Chiara Díaz pasó ayer a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 15 a las 10. Así lo resolvió el Cuerpo dada la no comparecencia de los testigos propuestos por la defensa y a la espera de la notificación del decreto por el cual el gobernador, Gustavo Bordet, aceptaría la renuncia del vocal.

Por Secretaría de la Corte se informó que no se encontraban presentes los testigos Julio César Báez, Cristina González, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta y Miguel Piedecasas, todos convocados por la defensa para prestar declaración en el marco del juicio político, y cuyo comparendo fue favorablemente acogido por la Corte. Al igual que en las sesiones anteriores se indicó que no constaban las notificaciones que estaban a cargo de la defensa, por lo que se los tuvo por desistidos.

El presidente de la Corte, Aldo Ballestena, en su alocución indicó: "Existiendo un hecho público y notorio como es la renuncia presentada por el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, y siendo inminente la remisión del decreto del gobernador por el que se aceptaría la misma, a efectos de evitar dispendio jurisdiccional, se propone al pleno pasar a un cuarto intermedio hasta el 15 de febrero próximo".

Puesta a consideración la propuesta del presidente, fue votada unánimemente y quedaron suspendidas las audiencias que deberían celebrarse hoy y mañana.

Finalizado el cónclave, el senador justicialista Ángel Giano expresó: "Una vez más los testigos propuestos por la defensa están ausentes, y creo que con seguridad esto tiene que ver con la renuncia presentada por el doctor Chiara Díaz y que el gobernador ha aceptado, pero nosotros tenemos que continuar con el proceso hasta que sea incorporado al expediente, el decreto notificado al acusado que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, lo que ocurrirá seguramente en el día de mañana. Luego se incorporará una copia enviada por el gobernador".

Además el miembro de la Corte de Justicia manifestó: "Lo que hemos hecho hoy, y a solicitud del presidente de la Corte de Justicia, es pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 15, donde seguramente estará incorporado el decreto notificado, entonces mediante un acto administrativo resolveremos la finalización del Juicio Político por la renuncia del Dr. Chiara Díaz".

"En estos 54 días y sabiendo que era un hecho histórico de una importancia republicana, democrática y constitucional, dimos todas las garantías del debido proceso y de la defensa, cuestión que consta en el expediente. Lamentablemente en estos días, la ausencia de la defensa técnica, y de los testigos, le ha quitado la seriedad que nos hubiera gustado, pero creo que los 17 senadores, y todos aquellos que hemos trabajado para que este juicio se lleve adelante, lo hemos hecho con suma responsabilidad", expresó finalmente.

Por su parte el senador por el Departamento Victoria, Roque Ferrari indicó: "Como lo establece la Constitución provincial hemos estado reunidos como Corte de Justicia y ante la ausencia de los testigos se ha levantado la reunión. Esto va a marcar un antes y un después en la Justicia entrerriana porque, desgraciadamente, sabemos que es una de las instituciones más castigadas y sospechadas".

"Este tipo de acontecimiento, independientemente del resultado, porque es de público conocimiento la presentación de la renuncia del Dr. Chiara Díaz, logrará que jueces y funcionarios del poder judicial puedan ser juzgados como cualquier persona común", expresó a modo de balance el legislador.


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