La Provincia
Domingo 06 de Diciembre de 2015

La atención a violentos, un tema pendiente en el sistema estatal

El abordaje integral del flagelo es mínimo y se reduce a un programa provincial de violencia social 

Marcelo Comas / De la Redacción de UNO
mcomas@uno.com.ar


La violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones es un flagelo que parece no detenerse, pese a todas las políticas instrumentadas para abordar la problemática y las campañas de concientización que se replican en todo el país para prevenir nuevos casos. Desde todas las miradas posibles se ha intentado abordar el comportamiento de los violentos y tratar de reflexionar acerca de porque ese espiral de agresión se replica llevando la vida cientos de víctimas. Pero partiendo de esta cruda realidad, donde las principales afectadas son las mujeres, UNO se propuso a partir de un artículo poner en contexto otras variables que se ponen en juego cuando hablamos de violencia de género. Así surgió la pregunta ¿qué sucede con las personas que son denunciadas por cometer diferentes tipos de maltrato o violencia dentro del seno familiar? 

La pregunta no solo apunta a conocer el historial delictivo y la sanción punitiva que se le aplica al agresor, sino cuáles son los mecanismos que ha generado el Estado para que estas personas puedan recibir un tratamiento específico para atender su problemática, un aspecto muchas veces soslayado pero que encierra quizás la génesis de este verdadero drama social. El fiscal Leandro Dato, especialista en violencia de género, dijo que se impone avanzar en la materia porque actualmente no existen dispositivos para atender este tipo de situaciones. “Nosotros vemos como necesario que haya un abordaje, porque como parte del conflicto entre dos personas, de familia y de pareja, de una parte del mismo se hace cargo el Estado con el sistema penal. Y en muchísimos casos vemos que no alcanza con la condena”, admitió el profesional. 

Dato consignó en la entrevista que generalmente los procesos por violencia de género se resuelven con juicios abreviados de ejecución condicional, con una prisión efectiva, aún con la discusión que hay sobre la conveniencia de la probation para estos casos. El funcionario se mostró a favor de que haya un abordaje desde la disciplina médica para el varón, porque según advirtió “empezamos a tener casos en los que se repite la violencia, pero con dos mujeres. Me ha tocado atender una o dos causas donde el imputado ha sido denunciado por dos mujeres”. En el análisis de Dato esta circunstancia alude claramente “a una conducta agresiva hacia la mujer y para eso no hay un abordaje”.

Camino alternativo

Ante la ausencia de un programa específico que se ocupe de la atención del agresor y su compleja problemática, la Justicia planteó un camino alternativo con acuerdos entre la Fiscalía y la defensa para que el condenado a una pena de ejecución condicional o a una probation accedan a tratamientos psicológicos y psiquiátricos. 

“Primero depende de que el varón entienda que tiene un problema, la defensa acceda y en algunos casos podemos imponer como fiscales el tratamiento y en otros casos no. Cuando hemos podido acordar, ha sido interesante, porque funciona la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) que está encargada de hacer un seguimiento”, aseguró. La posibilidad de crear un órgano de atención para violentos depende –para Dato- de “un mayor compromiso estatal” y que se puedan generar “otras agencias u organismos del Poder Ejecutivo, y otras áreas en el Poder Judicial”.

El fiscal que se desempeña en la Unidad de Violencia de Género y Abuso explicó que en otras provincias se registraron importantes avances en esta materia. Mencionó el trabajo que se realiza en Santa Fe, donde por experiencia propia recordó que hace dos años se gestó el inicio de un trabajo entre la Corte y la Municipalidad para realizar talleres de varones en los barrios y ofrecer esta instancia como salida al problema. “Eventualmente se buscaba prevenir y no llegar a la etapa penal, porque quiere decir que ya se consumó el golpe, la coacción, el abuso. Si uno lo detecta antes puede tener una mejor resolución”, precisó.

En referencia a la tarea que debe cumplir la OMA, volviendo a lo que acontece en el sistema judicial entrerriana, Dato aclaró que la competencia de esta repartición solamente se limita a la mediación de conflictos y al seguimiento a los condenados (con probation y penas condicionales) por casos de violencia de género para constatar que se cumplan con determinadas reglas de conducta. Afirmó que el agresor puede realizar el tratamiento únicamente “en el dispensario del lugar donde vive, en un hospital o con un particular. Lo que nos tiene que traer a nosotros es una constancia de que está realizando ese tratamiento”.

“Debería haber una conclusión, lo que pasa es que habría que ver con el tiempo si el tratamiento psicológico sirvió o hay un tratamiento distinto más específico todavía”, reflexionó el abogado y completó su idea hablando de la experiencia que en Santa Fe ya se plasma en acción. “Se llaman talleres de masculinidad, que se proponen conocer específicamente qué está pasando con el varón”, se preguntó acerca de una temática que se empezó a visibilizar con más fuerza en los últimos años.

Un caso tutor

El de Adrián Alberto Villagra puede considerarse como un caso “tutor” -tal la definición escogida por su abogado defensor Boris Cohen- de un hombre se encuentra en proceso de recuperación para salir de la violencia. Villagra fue condenado en julio de este año a la pena de tres años de cumplimiento condicional por 10 delitos, entre ellos dos causas por violencia de género. “Se le impusieron reglas de conducta y un tratamiento para rehabilitarse de adicciones”, señaló el abogado penalista. El representante legal aseguró que el hombre pretende dejar atrás su pasado violento: “Su esposa va con él a las audiencias, donde se le hace un seguimiento. Él está siendo monitoreado al modo de un Patronato de Liberados, porque la pena condicional tiene una razón y es que la política criminal supone que la persona tiene que cumplir reglas de conducta, porque sino esa condicional puede ser revocada y puede convertirse en efectiva”.

Al igual que otros actores del sistema judicial que fueron consultados, Cohen reconoció que no fueron creados dispositivos para ocuparse del tratamiento personas denunciadas por violencia de género. Solo hizo mención a la propuesta del juez Daniel Malatesta para la creación de un órgano con profesionales de la psicología para el abordaje de la violencia familiar y de género. Desde su parecer “hay que darle la posibilidad a la persona de que salga de la violencia, sin perjuicio de que hay que proteger a la víctima. Porque por un único hecho, una persona sin antecedentes penales no va a poder acceder a la suspensión del juicio a prueba”.

Mediación y seguimiento

La Oficina de Medios Alternativos y Sustitutivos a la prisión (OMA), con sede en la ciudad de Paraná y que alcanza en su jurisdicción a Diamante, es el organismo que cumple con la tarea del seguimiento a condenados por casos de violencia de género, a quienes les impusieron penas de ejecución condicional y probation, para que éstos cumplan determinadas reglas de conducta. Su responsable, Rodrigo Juárez, planteó que en la provincia no están previstos cursos o talleres para que el sujeto golpeador pueda abordar su problemática. Solamente adelantó que se dieron las primeras tratativas con el área de Extensión de la Facultad de Psicología de la Uader para gestionar la creación de un curso para asistir a personas con antecedentes de violencia.

“No hemos llegado a nada, está en etapa de proceso para luego derivar”, expresó el referente de la OMA. Si bien la idea recién está cobrando forma, la postura de Juárez es que esta dependencia reciba a los condenados a quienes también se les sugerirá como regla de conducta asistir a este taller. “Nosotros hemos averiguado en distintas áreas y en el Estado no hay un abordaje o  un tratamiento para estas personas. Hay un solo programa que depende del Ministerio de Salud que atiende esta problemática”, agregó Juárez. El funcionario estaba haciendo referencia al programa de Violencia Social, cuyo alcance sería limitado.  “Hay una persona que organiza un taller durante seis meses y donde asisten un máximo de seis personas. Y esta es una problemática que para abordarla debés tener una intensidad importante. No es una entrevista light; es tanta la cantidad de gente que no dan abasto”, graficó.

Causas que recibió este año la OMA

Según estadísticas pertenecientes a este año en la jurisdicción Paraná-Diamante, en la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) recayeron 924 causas de condenados por violencia de género, en procesos que fueron resueltos mediante juicios abreviados, probation o penas de prisión condicional. En todos los casos se realiza un seguimiento para que se cumplan las reglas de conducta impuestas en el marco de un proceso penal previo. Algunas de las medidas restrictivas son el impedimento de acercamiento con la víctima a 200 metros de su vivienda, la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos, la imposición para que se realicen cursos de formación o instrucción en una determinada entidad.

“En general la violencia familiar y de género se está resolviendo en juicios abreviados, ahora hace poco se dictó una probation por violencia de género”, dijo en otra mirada sobre el tema el abogado Boris Cohen. 

En otra apreciación sobre a cuestión el penalista puntualizó: “Se está reviendo el tema de la aplicación de la ley para evitar justamente la denuncia por cuestiones de pareja, tal como suele suceder con la infidelidad. Es que al darse estas denuncias de carácter inaudita se decretan medidas de restricción, de exclusión del hogar, que terminan perjudicando a una personas sin antecedentes penales”.

A partir de la opinión de los diferentes actores involucrados en  la problemática, se impone pensar que falta una seria revisión de las políticas destinadas a brindar asistencia a los violentos, casi siempre ignorados por el sistema.

“El agresor ni siquiera es entrevistado”

Claudia Izza forma parte del Programa de Prevención y Abordaje de la Violencia Social y está a cargo de la División de Prevención en Salud Mental, organismo que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social provincial. 

–¿Cómo funciona este dispositivo?
–Es un grupo terapéutico para hombres en situación de violencia. Todos los casos que ingresan  son por la ley de violencia familiar 9198. Son personas denunciadas por violencia de género y que deben cumplir reglas de conducta Si tratáramos la cantidad de casos que ingresan por causas penales no daríamos abasto.

–¿Hace cuánto tiempo se presta este servicio?
–Se creó hace cuatro años, pero en realidad el Programa funciona hace 14. Se trata de una iniciativa que está planteada como una medida de prevención. No cualquier agresor está en condiciones de sumarse al grupo. Nuestra modalidad de atención primero atiende a cada caso en forma particular y luego se lo integra a la fase grupal. A un hombre con un perfil psicopático no se lo puede incorporar porque te puede desintegrar el grupo, debe reunir ciertas características. 

–¿Con qué cantidad de personas se trabaja?
–Por lo general se le brinda asistencia profesional a un grupo de entre 6 a 8 personas, con una frecuencia quincenal y el tratamiento se extiende durante alrededor de seis meses derivados de los Juzgados de Familia con competencia en casos de violencia.

–Por la información recabada en la órbita estatal se indicó que es casi nulo el tratamiento destinado a personas con antecedentes de violencia. 
–Este dispositivo surgió a partir de averiguaciones que hice en Córdoba, donde funcionaba un programa similar, porque es necesario reforzar la contención.

–¿Este forma de abordaje ayuda a prevenir nuevos casos?
–Es que el sistema penal lo que hace es apartar al agresor, se queda sin atención, no se lo escucha y no se trabaja con él. Lo que se hace es revictimizarlo. 

–¿Qué conclusión se hace al final del tratamiento?
–Hay historias de vida detrás de cada agresor y habría que preguntarse porque ese ciclo de violencia alguna vez hace eclosión. Por eso se debe trabajar el historial de cada persona, sino existe de fondo una patología psiquiátrica, de problemas de alcoholismo,de adicción severa. Por eso debo decir que esta prueba piloto me sorprendió, porque todos los asistentes muestran una disciplina en cuanto a la continuidad en el programa. A este servicio además de hombres en situación de violencia, asisten adultos mayores que son atendidos por un equipo técnico conformado por tres psicólogas, dos trabajadoras sociales, una técnica en psicogerontología y una operadora psicosocial.
 

Comentarios