La Provincia
Sábado 07 de Mayo de 2016

La ampliación de derechos de las personas con discapacidad, el eje de una ponencia en Paraná

La temática fue el eje de la disertación “Capacidad en el Nuevo Código Civil y Comercial”. Graciela Iglesias, principal expositora, manifestó que se debe ampliar la inclusión de personas con discapacidad y de otros colectivos sociales.

La capacidad jurídica de las personas discapacitadas y la reforma del Código Civil y Comercial, fueron los ejes transversales de la disertación que encabezó en Paraná la abogada, exjueza de Familia y actual presidenta del órgano revisor de la Ley de Salud Mental, Graciela Iglesias. En una visita a UNO la especialista recordó que desde que ejerce la abogacía siempre se ocupó de luchar por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Convocada por el Ministerio de Salud de la Provincia y facultades de la UNER y de la Uader, Iglesias remarcó que dentro de las conquistas logradas en materia legislativa también se vieron contemplados otros colectivos sociales excluidos: niñez, personas mayores e identidad de género. “Desde el filtro convencional siempre hay mayores requerimientos de amplitud, pero desde la reforma del Código Civil se dio un giro absoluto porque se pasó de la presunción de incapacidad a la presunción de capacidad jurídica”, reflexionó acerca de un aspecto crucial dentro del nuevo paradigma. Para explicar en que medida impactan estos cambios en la vida de las personas citó el artículo 31, en su inciso a, que establece: “La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aún cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial”.
De esta manera valoró la existencia de un tejido legal que está a tono con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, siendo Argentina uno de los primeros en el mundo en establecer la sustitución de la curatela por el apoyo.
La docente sostuvo desde su perspectiva que el paradigma que involucra a la capacidad de las personas se puede abordar desde un único enfoque posible. “Es a partir de los derechos de las personas y de la inclusión, una inclusión comunitaria, con accesibilidad universal y que se visibilice en igualdad de oportunidades para la gente. Y que esa brecha que existe entre la realidad y el reconocimiento de derechos se acorte cada vez más en la implementación.
 Es un momento de complejidad, de desentrañar, pero es un momento extraordinario para respetar la dignidad de la gente”, reflexionó. En su fundamentación de la temática, la abogada señaló que la capacidad jurídica atraviesa a todos los institutos del Derecho Privado, y en consecuencia todo lo que abarca a relaciones familiares.
Adopción y sus implicancias
La posibilidad de adoptar un hijo todavía se configura como un  verdadero desafío en el país. Según Iglesias, el nuevo Código logró operatividad en el procedimiento y entre los más importantes se destaca la declaración de adoptabilidad. “Define en favor de los niños su ubicación dentro de lo que es la condición de adoptabilidad. Siempre la adopción es una instancia compleja y la etapa previa a la declaración de adoptabilidad considero que es la más cuidadosa frente a los derechos dentro de una trilogía: los pretensos adoptantes, el niño-niña-adolescente que fuera a ser adoptado y la familia biológica”, expresó.
“Se ha venido a poner un marco certero cuando se habla de adopción”, dentro de un proceso donde se encuentran las personas con discapacidad. “Tienen la capacidad jurídica de ser personas”, resaltó.
La necesidad de romper con la barrera de la exclusión
La actividad realizada ayer en la escuela Normal de Paraná fue organizada por el gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Niñez, Familia y Discapacidad, conjuntamente con las Facultades de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Senado de la Nación.
María Graciela Iglesias, oriunda de Mar del Plata, estuvo a cargo del Juzgado de Familia N °1 del Departamento Judicial de Mar del Plata y actualmente directora del órgano de revisión de la aplicación de la Ley  Nº 26.657 de Salud Mental. Además ejerce la docencia en diferentes universidades y estuvo al frente de una serie de capacitaciones sobre Derecho de Familia. 
Una importante convocatoria tuvo ayer la actividad en Paraná, en la que la docente tuvo un fluido intercambio con el público y de esa manera pudo transmitir con mayor eficacia sus conocimientos. En su visita a UNO, Iglesias destacó la necesidad de romper con la brecha de la exclusión, sobre todo dentro de los colectivos que todavía siguen excluidos. Marcó como una de las cuestiones pendientes el reconocimiento del género y dentro del mismo, el derecho maternal. “Se trata del derecho a decidir como cualquier otra mujer,  en el mismo pie de igualdad que los demás sobre su descendencia. No se visibiliza todavía en  materia de discapacidad psicosocial. Pareciera que tener un diagnóstico psiquiátrico implicara una separación con su descendencia”, subrayó la docente en Paraná.
 

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