La Provincia
Jueves 14 de Abril de 2016

Juez de Menores expuso el nuevo proceso penal juvenil a senadores

Pablo Barbirotto explicó ante la Comisión de Legislación el proyecto que pretenden que se apruebe para investigar y juzgar a menores  

La necesidad de implementar en la Provincia de Entre Ríos un proceso de responsabilización penal juvenil, adecuado a las mandas convencionales y constitucionales, fue la conclusión de la reunión de trabajo mantenida ayer por la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, y el Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto con los integrantes de la Comisión de Legislación General y otros miembros del Senado provincial.

Funcionarios judiciales y legisladores mantuvieron ayer un encuentro en el que intercambiaron opiniones sobre el anteproyecto de Ley Procesal Penal de Niños y Adolescentes, aprobado por el STJ en el Acuerdo General Nº 07/15 y remitido a la Cámara alta en abril de 2015 en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa del Poder Judicial, prevista en la Constitución de Entre Ríos. En ese marco, coincidieron en la necesidad de adecuar el procedimiento penal para niños y adolescentes a las exigencias convencionales y constitucionales, asegurando a las personas de entre 14 y 18 años la plena vigencia de un proceso penal acusatorio respetuoso de las garantías.

Los legisladores manifestaron su compromiso de estudiar el proyecto y darle tratamiento en el menor lapso posible.

Barbirotto (que presidió junto a la camarista de Casación Penal, Marcela Davite, el equipo redactor del anteproyecto) expuso a los actuales integrantes del Senado las conveniencias de la norma proyectada, a fin de implementar en la Provincia un proceso de responsabilización de niños y adolescentes, abandonando el viejo paradigma tutelar que trataba a los niños como objetos de protección, para pasar a interpelarlos como sujetos de un proceso, con las mismas garantías que los mayores.

En tanto, Mizawak destacó la relevancia institucional de la iniciativa en análisis. En ese aspecto, la titular del STJ recordó que la propuesta significa un proceso novedoso y de avanzada, y destacó que fue producto del trabajo de especialistas de distintas áreas, incluso del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Copnaf), y puesto a consideración de los jueces de Familia y Penal de Menores y otros operadores especializados.

En la reunión estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Legislación General del Honorable Senado de la Provincia de Entre Ríos, Lucas Larrarte (presidente), Raymundo Kisser (secretario), Ángel Giano, Rogelio Schild y Nancy Miranda, además de los senadores Roque Ferrari y Pablo Canali.

La propuesta de la Justicia

El proyecto que se encuentra en estudio modifica la Ley Nº 9.861, y agrega el procedimiento penal aplicable a las personas menores de 18 años.

El presente régimen procesal penal es aplicable a todo adolescente mayor de 14 y menor de 18 años al momento de la atribución de un hecho tipificado como delito en el Código Penal de la Nación, en Entre Ríos. Los adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años únicamente podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se perpetraren contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones graves y gravísimas o cometidos con armas y demás supuestos previstos en la nueva ley. Barbirotto dice que ahora habrá un proceso penal, se establecerán responsabilidades, aunque no se llegará a la penal, porque para eso se necesita reformar la edad de imputabilidad, que es resorte del Congreso de la Nación. Ahora, ante una causa que involucra a un menor, se la archiva y se dicta el sobreseimiento, porque son inimputables. Con el nuevo proceso se le puede imputar el delito, pero lo que no se puede es aplicarle la pena. Por otra parte se asegura a las personas menores de 18 años la plena vigencia en Entre Ríos de un proceso penal acusatorio conforme lo establece la Constitución.

Por otra parte, el proyecto bajo estudio garantiza el proceso penal a los adolescentes de 14 y 15 años para los delitos graves específicamente establecidos en la ley a los fines de no dar lugar a la discrecionalidad de los operadores, como en casos de abuso sexual, homicidios o robos con armas. En estos casos, dice la iniciativa, solo se deberá determinar la autoría o participación del adolescente en el hecho, prohibiéndose la adopción de medidas de coerción.


 

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