Policiales
Martes 10 de Mayo de 2016

Investigan si también hubo venta de balas compradas por la Justicia

Allanaron la armería a la que el STJ le compraba municiones para las pericias, a cargo del funcionario detenido Antonio Vitali

José Amado / De la Redacción de UNO
jamado@uno.com.ar 


Tanto en la Justicia como en la Policía, hay muchos que empiezan a atar cabos respecto de situaciones que parecían habituales y ahora vinculan al escándalo que a fines de la semana pasada salió a la luz: el robo de armas incautadas en Tribunales y su venta en el mercado ilegal. Ahora, la Fiscalía apunta a conocer si también ocurría lo mismo con las municiones que eran compradas para pericias. Por esto, ayer allanaron una armería de Paraná.

Aunque algunos ponían reparos sobre el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Daniel Vitali (sobre todo abogados del fuero penal), su detención en el marco de esta causa resultó un baldazo de agua fría para muchos que lo entendían como “una eminencia” en el ambiente criminalístico. A su vez, el cimbronazo que provocó la investigación en el Poder Judicial pronostica cambios que se deberían haber hecho hace tiempo, sobre todo acerca de controles sobre las personas y el lugar donde se almacenan los efectos secuestrados.

La pesquisa alcanza a ocho personas, presuntamente involucradas en el robo, la venta y la compra de las armas incautadas. La mayoría quedó registrada en las escuchas telefónicas, y otros cayeron por su cargo o mencionados en declaraciones. Cada cual tuvo su rol en una práctica delictiva que se mantuvo durante mucho tiempo.

Se presume que Vitali era la cabeza de la organización, por su función en Tribunales, su acceso irrestricto al depósito y por lo tanto el manejo incuestionable que hacía de las armas secuestradas. Pero principalmente porque en una declaración ante el fiscal Ignacio Aramberry, lo mencionaron como el hombre que dirigía todas las operaciones.

Otros dos empleados de Tribunales quedaron salpicados, uno con mayor gravedad que otro: Maximiliano Bertoni, de 34 años, que trabaja en el Departamento Médico Forense, sería la conexión entre quien lograba acceder a las armas incautadas y los compradores, aunque también creen que las habría vendido directamente. El otro es Fabricio Santapaola, encargado del depósito. Al parecer, no habría ninguna prueba contundente que lo involucre en el delito, pero su función quedó en tela de juicio porque, al menos, habría omitido deberes básicos en el control del área.

Horacio y Javier Brítez son padre e hijo y ambos también quedaron enganchados en la acusación. Se cree que aportaban una vivienda que servía de aguantadero de las armas que ingresaban al mercado negro.

Mario López y Eduardo Borgogno están sospechados de conseguir los clientes del ambiente delictivo para venderles armas y repartirse el dinero de la comercialización. Borgogno tiene una relación de cercanía con un hombre de apellido Toujan, que es por quien comenzó a surgir toda esta historia. Ese sujeto, que ha tenido causas penales, es a quien la Policía le secuestró el revólver que debía haber estado en el depósito de Tribunales, o incluso ya destruido. Por último, se sospecha que Georgina Vega es una de las personas que compró un arma, a sabiendas de su origen ilícito.

El delito imputado a los funcionarios judiciales es el de Peculado en concurso real con Venta ilegítima de arma de fuego, agravado por la habitualidad. La pena mínima que podrían recibir de uno solo de los delitos es de cuatro años de prisión, y la máxima, contando ambos delitos, es 25 años. Es decir que difícilmente podrían zafar de la cárcel, salvo acuerdos extraordinarios con la Fiscalía en los que demuestren colaboración con la investigación para responsabilizar a otros, y logren alguna atenuación de las penas.

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La investigación se extiende

Los policías de la División Robos y Hurtos que están a cargo de la investigación y todos los procedimientos solicitados por el fiscal Aramberry, ayer arribaron a una armería ubicada en Tibiletti y Zanni de Paraná. Nadie duda del dueño de este comercio, quien colaboró en el allanamiento, sino que las sospechas recaen nuevamente sobre el perito Vitali. El fiscal quiere saber si el negocio incluía también la venta de municiones.

En esta armería el Superior Tribunal de Justicia tiene una cuenta, ya que le compraban los proyectiles necesarios para las pericias que debía realizar Vitali. Del lugar se secuestraron los libros contables, que serán analizados y de los que surgirán si existen o no anomalías entre lo que se compraba y lo que se necesitaba. Es decir, si había que peritar armas de un calibre y se compraban balas de otro calibre, o si la cantidad era excesiva o si no se corresponde con lo que se requería para esclarecer las causas penales, habrá un nuevo delito que endilgar al perito balístico.

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El taller de Vitali

En horas de la tarde de ayer se realizó una inspección en el taller de armas ubicado en el subsuelo de Tribunales. En la medida participaron el fiscal Aramberry, delegados judiciales, el abogado defensor de Vitali, Marcos Rodríguez Allende, y los fotógrafos de la Dirección Criminalística.

Según se informó extraoficialmente a UNO, el pequeño lugar es evidencia del abandono durante décadas de parte de las autoridades de un área tan sensible: se observó un gran desorden, algunas armas rotuladas, cajas en desuso, falta de enumeración de inventario, entre otras cosas.

Entre las armas que estaban allí guardadas, muchas eran provenientes de Juzgados del interior de la provincia, ya que no cuentan con un depósito para este tipo de efectos. Las mismas son las que probablemente hayan sido las principales para el robo y el ingreso al mercado ilegal, ya que no pasan por el área de Scopometría de Criminalística, donde se peritan y se registran en la base de datos.

Este taller era el lugar de algunas pericias que realizaba Vitali, y al lugar tenía acceso con llave él y otro empleado judicial que está entre los imputados.

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Medidas cautelares

Los imputados fueron acordando con la Fiscalía su situación mientras avanza la investigación penal preparatoria. Borgogno ya está desde el viernes en la Unidad Penal N° 1, con 30 días de prisión preventiva. La misma medida cautelar y por el mismo lapso aceptó cumplir Bertone. Javier Brítez acordó un mes de prisión domiciliaria, y su padre Horacio está en libertad pero con restricciones. Vega y Santapaola están imputados pero libres.

A Antonio Vitali el fiscal le tomará la declaración de imputado mañana, en su domicilio debido a que fue recientemente operado. Se cree que hará un descargo por la grave acusación que pesa en su contra. Luego se acordaría como medida cautelar una prisión domiciliaria de 30 días.

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Los ocho imputados

-Maximiliano Bertone: Empleado judicial del Departamento Médico Forense. Está con prisión preventiva.
- Fabricio Santapaola: Empleado judicial, encargado del depósito de Tribunales, acusado de posible omisión en su función.   
- Horacio Brítez: Sospechado de prestar una vivienda que sería aguantadero de armas. Libre con restricciones.
- Javier Brítez: Hijo de Horacio, tiene la misma imputación que su padre. Quedó con 30 días de prisión domiciliaria.
- Eduardo Borgogno: Sería quien vendía las armas en el mercado ilícito. Acordó 30 días de prisión preventiva en la cárcel. 
- Mario López: Al igual que Borgogno, repartía ganancias de la venta de armas. Estará un mes en la cárcel.
- Georgina Vega: La mujer está acusada de haber comprado un arma incautada. Sigue imputada, pero quedó libre.
- Antonio Daniel Vitali: Desde hace unos 15 años es el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, luego de ser policía, aunque mantiene vínculos con jefes de la fuerza. Hay expectativas por lo que puede declarar mañana.

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