La Provincia
Jueves 19 de Mayo de 2016

Impulsan llamativa ordenanza de emergencia para Paraná

El varisquismo quiere tratar hoy sobre tablas la habilitación al intendente para extender la excepción a cualquier trámite, como habilitaciones o códigos de Edificación o Urbano;  y también a allanarse, transar o desistir de juicios en curso o nuevos. Seguí la sesión en vivo

Con argumentos relacionados a la necesidad de eliminar las continuas acciones judiciales por morosidad  en los trámites administrativos, el Concejo Deliberante de Paraná tratará hoy un proyecto  que declara el estado de emergencia administrativo y judicial de la Municipalidad de la capital provincial.

El proyecto fue ingresado ayer por los concejales Carlos González y María Marta Zuiani, ambos de Cambiemos, con la intención de tratarlo hoy sobre  tablas, lo que generó suspicacias en ediles y referentes de la oposición.

Sucede que el proyecto  propone llevar a cabo “un reordenamiento y establecer un orden de prioridades en la atención de los reclamos administrativos y de las obligaciones provenientes de sentencias judiciales  adversas y los consabidos gastos y costas, a las que eventualmente debiera hacer frente la administración municipal.

Para justificar el estado de emergencia por un año, que podría prorrogarse un año más, en los breves fundamentos de la propuesta se señala que la Ordenanza N° 8.256, que es la que actualmente regula la materia, ha quedado desactualizada respecto de  “un volumen de actuaciones administrativas y planteos que han avanzado en complejidad” respecto de la época de su promulgación en 2001.

Sostienen que el volumen e importancia de las presentaciones administrativas deviene en la imposibilidad de cumplir  con la resolución de los planteos efectuados y en los plazos establecidos, lo que trae aparejado la promoción de numerosos amparos por mora administrativa con los consiguientes gastos y honorarios que se imponen a la administración municipal.

También dicen Zuiani y González que en las causas en las que resulta condenada la Municipalidad y corresponde dar libramiento de fondos en cumplimientos de mandas judiciales, la acumulación de actuaciones administrativas resulta perniciosa para  la agilidad de los trámites; y a la vez genera mayores gastos  y costas judiciales. Por eso los ediles proponen el reordenamiento y también la realización de un relevamiento de los trámites administrativos en curso y de las causas judiciales en las que interviene el municipio.

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Las facultades para Varisco

Hasta aquí, la enumeración de propósitos resulta lógica; pero lo que genera dudas a dirigentes de la oposición es la forma de alcanzar ese reordenamiento y las facultades que se le atribuyen al presidente municipal.

Así, tras duplicar todos los plazos administrativos establecidos en la Ordenanza N° 8.256, se faculta al intendente Sergio Varisco para extender la emergencia a las ordenanzas que rigen el trámite de Habilitación Comercial, Código Fiscal Municipal, Código de Edificación, Código Urbano, Código de Faltas  y  Procesos de Sumarios Administrativos.

Igualmente  Varisco podrá extender la emergencia a “toda norma que establezca un procedimiento administrativo específico”, de acuerdo a su consideración, ya que se señala  vagamente que podrá hacerlo cuando “la situación amerite la aplicación de la emergencia administrativa”.

Este aspecto, que puede interpretarse como una cesión de facultades del Legislativo al Ejecutivo municipal, se completa con otro artículo no menos llamativo. Es el Nº 5 del proyecto propuesto, donde se señala que  el intendente, en el marco de la emergencia, podrá allanarse, desistir y transar juicios pendientes o los que se inicien durante la misma.

Tras indicar que  el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM)  instruirá a los apoderados legales del Estado municipal  para que recurran a conciliación, mediación y arbitren los mecanismos a su alcance para  concluir reclamos y pleitos de cualquier naturaleza y monto.

El octavo artículo  instruye al DEM para que realice un relevamiento  de todas las gestiones judiciales y extrajudiciales de cobro de tributos municipales y de multas impuestas  por juzgados de Faltas  y organismos municipales, autorizando luego a que desista de esos juicios en caso de “que mediare informe que acredite la incobrabilidad del crédito  o la imposibilidad de su continuación” (del juicio).

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