A Fondo
Domingo 06 de Diciembre de 2015

#HoyPorHoy El dolor de la condena social sin las pruebas

Llegando al fin de 2015 y haciendo un balance de los temas que han sido noticia en la región, aparece en reiteradas ocasiones el fenómeno social de la condena sin pruebas, particularmente hablamos de aquellos docentes que este año fueron señalados por abuso a menores en instituciones educativas. Nos referimos a esas personas que hoy ven manchados para siempre sus currículums y que en hechos anteriores hasta se han visto obligados a mudarse a otros puntos del país para poder seguir ejerciendo su profesión como formadores. Sin dudas un caso relevante y que conmocionó a la comunidad paranaense fue el que tuvo lugar en la Escuela Jesús el Maestro, donde un grupo de padres pasó por la Unidad de Violencia de Género y Abusos del Poder Judicial para relatar sus sospechas, dar datos y referirse a los testimonios de sus hijos dejando expuesta la duda cierta de los abusos que se habrían cometido. Las autoridades del colegio, ni bien se enteraron de los hechos, dispusieron el apartamiento de un ordenanza, la maestra jardinera y un profesor de Educación Física. Sin embargo, varios meses después y luego de que la Justicia decidiera archivar la denuncia por los supuestos casos a los nenes que asisten a la sala de 4 años de dicha casa de estudios, los mismos directivos de la institución analizaban qué camino seguirían para limpiar los nombres del colegio y, sobre todo, de los docentes.
Trayendo el tema a un plano más actual, hace una semana en Santa Fe se confirmó la triste resolución del misterio de la familia Villaverde quien afrontó que la adolescente Rocío que tiene síndrome de Down, única hija mujer del matrimonio, diera a luz a su hijo, fruto de un abuso. 
La fiscal Milagros Parodi confirmó, después de un año de la denuncia y luego de un estudio de ADN al bebé, que el hermano de Rocío Villaverde fue la persona que ultrajó a la joven y por ello se dio el embarazo. De esa manera, quedaron desestimadas las denuncias hacia los dos profesores que habían sido señalados como responsables por los padres de la víctima, quienes escracharon en más de una oportunidad a los docentes.
A partir del análisis de las pruebas, la fiscal que llevó adelante la causa resolvió archivar las actuaciones realizadas en relación a educadores de la institución santafesina que habían sido acusados como autores del delito. 
Ahora bien, si nos valemos de estos hechos, a futuro ¿podemos confiar en que una persona condenada socialmente por haber cometido un abuso sexual efectivamente perpetró los delitos? No, ya que eso lo determina la justicia, en base a si la persona fue hallada in fraganti o con pruebas determinantes reales. Si bien estos casos son difíciles en los términos judiciales y sobre todo dolorosos para los niños y sus familias, no debemos olvidarnos que no se debe juzgar a una persona sin fundamentos. Por otra parte, desde la justicia, se debería dar una investigación más dedicada en este tipo de denuncias, sobre todo las que involucran a personas indefensas y no condenar “por si acaso”, porque muchas veces, aquellos que son señalados por una comunidad, ven frustrados sus proyectos y su desempeño laboral.

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