A punto de finalizar, el año del Bicentenario de la Patria concluye a tono con lo que ocurre desde inicios del siglo XXI. El conflicto docente sigue siendo el eje central de la discusión sobre la educación, en un escenario en el que los sectores gremiales porfían con su lucha por mejorar los bajos salarios, y las autoridades políticas se muestran ineptas para su resolución.
Otro año perdido
30 de noviembre 2016 · 09:08hs
En Entre Ríos, el dictado de clases tendrá su fin hoy para aquellos alumnos que han tenido un buen desempeño en todas las materias. El ciclo lectivo, originalmente previsto hasta el 16 de diciembre, fue modificado hace un par de semanas en una decisión controvertida, que por un lado quita más días de clases donde no hubo, aunque por otro otorga un poco más de tiempo para la cada vez mayor masa de adolescentes que deben recuperar contenidos y reforzar saberes.
De este modo, una vez más, no se cumplirán los 180 días de clases que obligatoriamente, por ley, debe cumplimentar el calendario escolar. Nada nuevo bajo el sol.
Cierto es que –tal como plantean algunos especialistas– tanto la calidad educativa como el desarrollo de un adecuado proceso de enseñanza no solo dependen de un día más o menos de clase, pero si se tienen en cuenta la veintena de paros docentes en Entre Ríos, otras tantas jornadas de asambleas –con ceses parciales de trabajo áulico–, la cifra de actividad escolar cae considerablemente.
Durante el año, las nuevas autoridades de gobierno nacional quisieron poner el foco del problema de la falta de días de clases en la cantidad de feriados. Con ello se pretendió esconder la ineptitud o tal vez el desinterés en resolver el grave problema de la realidad educativa del país –que tampoco pudo solucionar el gobierno anterior–, en uno, dos o cinco días más de feriados turísticos. Los feriados siempre existieron, y si bien se incrementaron en los últimos años con el fin de promover el turismo, la cantidad es inferior a los días de paro, de asambleas docentes, y hasta de las jornadas de capacitación o días institucionales. Pero además, no constituye el meollo de la cuestión.
En las escuelas públicas, la cantidad real de días de clases, es decir con los chicos en las aulas, tal vez no llegue siquiera a 140 días. Día que se pierde, vale remarcar por si no está claro, no se recupera.
Durante estos días, en la vorágine, el cansancio y los conflictos que envuelven a todos la llegada del fin de año, el corte anticipado de clases no provoca un debate colectivo. Pero la realidad y el conflicto siguen latentes, y se postergan hasta febrero del año próximo: con el reinicio de las paritarias, en ese mes se renueva la tradición acerca del inicio o no de clases.
Entre la intransigencia de unos y la incapacidad o desinterés de otros para comenzar a desandar un proceso de reparación y mejora educativa, habrá también que reflexionar acerca del grado de compromiso real de la sociedad con la educación, si considera que seriamente debería ser la prioridad de las políticas públicas. O si una comunidad solo habla, discute o se queja ante los días de paro, más que nada porque los padres no tienen ese día, dónde dejar a sus hijos. Si una diputada nacional (Elisa Carrió), en medio de la discusión por el aumento de casi el 50% de los salarios de los legisladores nacionales, se ufanó en decir que ella tiene que cobrar más que un docente porque tiene título universitario y especializaciones, parece que todos –pero fundamentalmente quienes tienen la responsabilidad de legislar e instrumentar medidas de Estado– seguimos sin comprender la necesaria importancia de la educación para el desarrollo formativo de las personas, y para el progreso de una sociedad.