Hoy por hoy
Sábado 18 de Marzo de 2017

Los grandes chorros no andan en moto

La medida anunciada por el gobierno nacional consistente en colocar el dominios de una moto en el casco y el chaleco que deben utilizar los conductores de las mismas, fracasará en el objetivo de dar una solución a lo que consideran como un gran problema de seguridad pública. Es solo una respuesta del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desde el sensacionalismo barato, al reclamo por el incremento de los robos violentos que se registraron el último tiempo. Y es tremendamente discriminatorio.
El decreto pretende ser preventivo: la "especie humana motochorro" ya no podrá actuar así nomás, en vehículos robados y ocultos en los cascos. Y también, aquel que circule en moto sin esa reglamentación, quedará bajo la lupa de la sospecha de pertenecer a dicha especie. Asimismo, el Gobierno propone que en determinados barrios y horarios no puedan circular en moto dos personas. O sea, si vivís en Humito o Gaucho Rivero, por ejemplo, tendrás que volver a tu casa caminando porque no te van a poder ir a buscar si es la hora prohibida.
Con esa misma lógica la Policía entrerriana hizo el jueves una razia ("procedimiento de identificación") en calle Urquiza en Paraná. Pusieron contra la pared a cinco "sospechosos" para pedirles el DNI. No tenían ni antecedentes ni parecido físico con algún prófugo que estén buscando. Hace un par de semanas, en Paraná, dos hombres fueron baleados en intentos de asalto por parte ladrones en moto. Uno ocurrió a las 10 de la noche y otro a las 11 de la mañana, en barrios de la ciudad. Ninguno se hubiera podido prevenir si hubiera estado vigente el proyecto macrista, por el simple hecho de que, en tal caso, hubieran esquivando cualquier tipo de control vehicular para llegar a sus víctimas. O, de lo contrario, hubieran salido a robar a pie. Pero este no es el punto central de análisis en cuestión.
El aumento de la pobreza y la desigualdad por parte del gobierno de Macri (sobre lo que había heredado del kirchnerismo) ha empujado a un sector social al límite. Ya no solo falta el trabajo, sino hasta las changas se han cortado. La decisión de agarrar un arma y salir a robar por parte de algunos puede tener miles de aristas, pero en un contexto crítico, la responsabilidad de quienes tienen que generar otras oportunidades es la principal.
No obstante, en perjuicio del pueblo, el Gobierno ha beneficiado con sus políticas a sectores del poder económico que han logrado ganancias exorbitantes: abrió importaciones castigando a trabajadores de la industria local, le quitó retenciones a las mineras y grandes terratenientes, condonó deudas millonarias a parientes y socios, por mencionar algunas. Estas son medidas de índole delictiva por sus consecuencias. Tanto por parte del Gobierno como de los empresarios hay una corrupción legitimada. Y ninguno de ellos circula en moto. Ni firman esas decisiones a rostro cubierto con cascos.
Los que le robaron y dispararon al repartidor de garrafas en calle Romina Iturain (excalle 141), por ejemplo, deberán ser encontrados y pagar por lo que hicieron. También, y principalmente, los que generan las condiciones para que esto ocurra, tendrán (¡¿alguna vez?!) que rendir cuentas por los estragos que vienen causando hace décadas.

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