Hoy por hoy
Miércoles 04 de Octubre de 2017

Las lágrimas de Mariela

Hasta hace poco había una disputa entre quienes osaban escribir el término "agrotóxicos" y quienes argumentaban que lo correcto era referirse a "agroquímicos" y que "lo tóxico" era por una "mala aplicación". Lo decían así, como si el producto químico -per sé- no fuese ya un veneno y como si detrás de la gambeta semántica no asomaran las hilachas de las multinacionales fagocitadoras de semillas y de soberanías. Por suerte, hace unos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es cancerígeno y le puso coto a la negación. Hoy ya no es malo decir "agrotóxico" pero sí lo es pulverizarlo sobre las escuelas rurales.

Este martes, el Tribunal de Concepción del Uruguay, integrado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a un productor arrocero, al dueño de una empresa fumigadora y a un piloto de avión por haber pulverizado agrotóxicos sobre una escuela rural de Santa Anita en 2014.

La foto de Mariela Leiva, la docente que denunció el hecho, llorando abrazada a sus compañeros de Agmer al escuchar la sentencia, resumió toda la emoción de las comunidades educativas rurales del país que enfrentan el mismo problema. Estas poblaciones no solo capean avionetas y "mosquitos" sino también la indiferencia de los funcionarios, que temen disgustar a los poderosos, o trabajan para ellos. Nunca hay datos oficiales porque los números del cáncer incomodan a las administraciones y, salvo excepciones, no hay profesionales que se jueguen a estampar su firma en un documento que relacione esta enfermedad con los agrotóxicos.

Pero llega este inédito fallo judicial que hace historia y sienta un precedente contra la glotonería agroexportadora representada por una Mesa de Enlace que, en el marco del juicio, corporativamente, defendió lo indefendible en un comunicado en el que expresaba su preocupación por la criminalización del productor agrícola, aunque en el juicio se haya demostrado que se violaron todos los protocolos que marcan las resoluciones parches de la ya obsoleta Ley provincial N° 6.599 de Plaguicidas.

Esta conducta "negligente" (según juzgó el tribunal), "asesina" calificaron otros, se repite como un mantra en todo el país. El glifosato se pulveriza sin tener en cuenta las condiciones climáticas, ni las 48 horas de preaviso ni la distancia entre el último tallo de soja y las viviendas o edificios escolares. Lo único que prima es el precio del quintal y seguir manteniendo "ad infinitum" el vacío legal, esa nueva Ley de Agroquímicos que rebota, hace años, de instancia en instancia, de comisión en comisión, de gestión en gestión. Una coma, un "pero", excusas.

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