Agmer
Miércoles 26 de Julio de 2017

De liquidaciones y otras yerbas

Uno de los temas de la agenda política de esta semana estuvo protagonizado por el gobierno provincial y el gremio docente mayoritario. Funcionarios y representantes gremiales debatieron acerca de la mecánica del sistema de liquidación, un procedimiento que viene siendo duramente cuestionado por el sector en la medida que impacta directamente en los salarios de los trabajadores. En esa audiencia se realizó un recorrido histórico sobre la forma en que se liquidaban los sueldos de los docentes, recordando que anteriormente esa tarea estaba a cargo del Consejo General de Educación (CGE) y que desde diciembre pasó a ser responsabilidad de la Dirección de Liquidaciones. El cambio obedeció –según el Ejecutivo-a que la Dirección de Informática advertía que el sistema y las herramientas que disponía el CGE "ponían en riesgo la liquidación de haberes". No se abundó en mayores detalles. Pero esta mención puede servir como un punto de partida para reflexionar sobre qué método es más conveniente en función de fortalecer la transparencia. Al calor de un intenso debate quedaron varios puntos que merecen el análisis. Agmer, que quedó conforme a medias con el resultado de la reunión, propuso volver al sistema de liquidaciones empleado previo a 2016, teniendo en cuenta que en el último mes se habían registrado más de 3.000 liquidaciones con errores. Quizás haya sido un antecedente que para algunos pasó de largo, pero bien vale refrescar para este suelto el ilícito cometido entre 2007 y 2008 por un grupo de liquidadores en el CGE. Según se desprende de una investigación judicial, quienes debían liquidar los haberes de empleados estatales se valieron de su calidad de funcionarios públicos para "apartar de su destino específico los caudales públicos que les fueron confiados". ¿Cómo se concretaba la maniobra? Los liquidadores de sueldos Sergio Romeo Medina, Daniel Efraín García, Gastón José Armando Sánchez y Alberto Segundo Moyano actuaron en connivencia con otros 16 agentes de la repartición, llevando adelante una operatoria mediante la cual liquidaron haberes en forma indebida y sin contar con la documentación que justificara esa erogación. Así, durante por lo menos un año, se beneficiaron con el cobro de 30 salarios familiares por montos que iban de 2.000 a 2.600 pesos. El expediente, que fue elevado a juicio en setiembre del año pasado todavía no tiene fecha de debate. De la pesquisa surge claramente que fallaron los controles en la cadena de mando, y que recién a partir de una auditoría ordenada por el entonces coordinador de Liquidaciones, Néstor Grifoni, se pudieron establecer responsabilidades.

Ni el viejo sistema brindaba seguridad y transparencia, tal cual quedó demostrado en este caso que salpicó a la gestión de Graciela Bar como presidenta del CGE, ni el nuevo –a criterio de Agmer- parece otorgar las garantías necesarias que reclaman los docentes entrerrianos. Tal vez el control compartido en mesas técnicas venga a salvar las diferencias de un problema que afecta un derecho básico del trabajador, como lo es el cobro del salario sin faltantes ni descuentos. Encontrarse con ese panorama significa para muchos docentes no poder llegar a fin de mes, sumar dificultades para pagar el alquiler o recurrir a familiares para poder afrontar las obligaciones. Avanzar en el diálogo resulta el aspecto más positivo, así como la posibilidad de pensar en nuevos mecanismos de control, como lo puede ser la intervención del Tribunal de Cuentas.


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