Por el IPP pasaron los hijos mellizos recién nacidos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela en marzo de 1978. Ambos bebés, uno de cada sexo, fueron sustraídos y sustituida su identidad. La niña se reencontró con su familia biológica en 2008, mientras que el paradero del varón continúa siendo desconocido.
"La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná tiene en sus manos la posibilidad de dar un paso decisivo para que la responsabilidad civil en los crímenes de lesa humanidad, cuya investigación es todavía una deuda pendiente en Entre Ríos, no quede oculta tras el manto de la impunidad", afirmaron desde H.I.J.O.S.
Para la organización, los delitos de robo de bebés y supresión de identidad "no pudieron haberse cometido sin la colaboración" de civiles como Vainstub y Rossi, quienes el año pasado fueron beneficiados con la falta de mérito dispuesta por el juez Leandro Ríos. Luego de la apelación de la fiscalía y las querellas, que ambas partes sostuvieron en la audiencia del miércoles 9 de febrero, se espera la definición de la Cámara.
"Esperamos que ahora la Cámara se pronuncie por el procesamiento de los médicos, como ya lo hizo con otro de los socios, Miguel Torrealday, dado que consideramos que existen pruebas suficientes de la participación de ambos en el caso de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, con quien nos reencontramos en 2008, y de su hermano el Melli todavía apropiado. Ambos bebés estuvieron internados en el IPP en marzo de 1978 y allí fueron entregados a los represores para que se concretara su separación de su familia biológica", recordaron.
Por otro lado, enfatizaron que "en los tiempos que corren, caracterizados por el vaciamiento de las políticas de derechos humanos, el hostigamiento a organismos históricos y el avance de la represión como herramienta de disciplinamiento social, es fundamental que el Poder Judicial emita señales claras de que no hay marcha atrás en el proceso de memoria, verdad y justicia que le ha merecido a nuestro país el reconocimiento internacional".
Razones
H.I.J.O.S. enumeró una serie de razones por las cuales sostienen que se debe procesar a Vainstub y Rossi. Por ejemplo: "No podían desconocer la situación de los niños ingresados a la institución, tanto las afecciones médicas que padecían como la cuestión administrativa contable. Aunque la clínica era de 'puertas abiertas', los cuatro socios atendían el servicio de neonatología donde estuvieron internados los mellizos, realizaban guardias en el lugar y estaban al tanto de la situación de los pacientes, tal como lo confirman los testimonios reunidos en la causa y fue tenido por cierto por el Tribunal Oral Federal de Paraná en su sentencia de la causa Hospital Militar".
Además afirmaron que hay testigos que aseguran que los cuatro socios tenían a su cargo efectuar las altas de los pacientes, lo que consideraron "el paso fundamental para que se concretara el traslado de los bebés hacia los lugares donde iban a vivir sin conocer la verdad sobre su origen".
"No es creíble –continuaron– el argumento de que no tuvieron conocimiento de la internación, ya que fue un suceso totalmente fuera de los normal: pacientes ingresados como NN provenientes del hospital militar, sin madre, padre, ni encargados; internados durante periodos relativamente extensos –23 días la nena y 17 días el varón– y todo eso a escasos meses de inaugurada la institución y con pocos niños alojados en neonatología (no más de seis, según el propio imputado Rossi). Además, hubo enfermeras que sí tuvieron conocimiento, e inclusive confirmaron que había una versión que decía que se trataba de hijos de una 'guerrillera'”.
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