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Martes 10 de Noviembre de 2015

Fuerte revés judicial para Obama: un tribunal revoca medidas inmigratorias claves

Una corte de apelaciones emitió anoche un fallo que revoca dos decisiones del Gobierno destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez, abrió las puertas a un posible pronunciamiento de la Corte Suprema de ese país. 

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleáns, de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por Obama y que benefician a unos cinco millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca ante el Supremo.
Si ese fuese el caso, la pelota pasaría a estar en manos de la más alta instancia judicial del país, cuyo pronunciamiento pondría fin a años de discusiones entre demócratas y republicanos sobre las medidas de "alivio" migratorio promulgadas por Obama y que los conservadores consideran inconstitucionales.
Horas después de la decisión judicial, la Casa Blanca se manifestó este martes "muy en desacuerdo" y dijo que estaba "estudiando" los pasos legales a seguir.
"Estamos muy en desacuerdo con la decisión del Quinto Circuito. La Corte Suprema y el Congreso han dejado claro que el gobierno federal puede marcar sus prioridades al aplicar nuestras leyes migratorias", dijo un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado, informó la agencia de noticias EFE.
Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.
Se mantendrá así durante por los menos varios meses (hasta que la Corte Suprema se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).
DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que los decretos ley de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.
Por ello, exigen que estas se sometan primero a debate en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente controladas por los republicanos, lo que previsiblemente evitaría su aprobación.
El gobierno, por su parte, asegura que está legitimado para actuar sin el visto bueno del Congreso y acusa a su vez a los estados de operar en un ámbito en el que las competencias son "exclusivamente" federales.
"La decisión del Quinto Circuito es una victoria ante el intento del presidente Obama de reescribir las leyes migratorias de nuestra nación en una afrenta a la Constitución", indicó el representante republicano por Virginia Bob Goodlatte.
Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menendez admitió que el fallo puede ser "decepcionante para los millones que siguen atrapados en las sombras", pero que en ningún caso es "una sorpresa".
"El camino está finalmente libre para que la Corte Suprema de Justicia confirme la legalidad del programa de DAPA y la ampliación de DACA", indicó el senador.
Del mismo modo que Menendez, fueron varias las asociaciones latinas e inmigrantes que relativizaron el fallo del tribunal y urgieron al gobierno a presentar recurso ante el Supremo.
"Es importante que la comunidad inmigrante entienda que esperábamos esta pérdida. Pedimos que Obama apele a la Corte Suprema inmediatamente", dijo en Twitter Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
"Esto es solo un contratiempo para nuestras familias. Seguiremos luchando hasta el Tribunal Supremo, donde venceremos. Urgimos a la Administración Obama a que apele sin demora esta decisión ante el Supremo", indicó la portavoz del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), Kica Matos.

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