La Provincia
Martes 07 de Junio de 2016

​Fiscalía pedió la elevación a juicio de la causa contra los médicos del IPP

El requerimiento se sumó al ya efectuado por las querellas en la investigación por robo de bebés durante la dictadura. Luego de que se pronuncien las defensas, el expediente pasaría al Tribunal Oral Federal para que cite a las partes a juicio.

La Fiscalía federal de Paraná formuló la requisitoria de elevación a juicio de la causa que se sigue contra Miguel Torrealday, Jorge Rossi y David Vainstub, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), por su participación en robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura cívico militar. 
Los fiscales José Ignacio Candioti y Carlos García Escalada se sumaron así a la petición que a su turno ya habían hecho las partes querellantes a principios de mayo. Tras el requerimiento de Fiscalía, realizado la semana pasada, el juez Leandro Ríos corrió vista a las defensas de los médicos, quienes deben presentar en estos días su posicionamiento al respeto. 
Torrealday, Vainstub y Rossi fueron procesados por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná por considerarlos probables partícipes de los delitos de sustracción de menores y supresión de identidad, en el caso de los hijos mellizos de la detenida desaparecida Raquel Negro, quien dio a luz en el Hospital Militar de la capital entrerriana en marzo de 1978, durante su cautiverio. Los niños –un varón y una mujer– estuvieron luego internados en el IPP y desde allí fueron dados de alta y entregados a personas que no eran familiares ni personas autorizadas. 
La niña restituyó su identidad y se reencontró con su familia biológica recién en 2008, mientras que el destino que tuvo del varón continúa siendo desconocido.
Según se informó a UNO, los defensores de los procesados están todavía en plazo para contestar la vista. Ellos pueden oponerse a la elevación a juicio, pedir el sobreseimiento o interponer alguna excepción no planteada anteriormente, como puede ser la prescripción o la cosa juzgada, y el juez deberá resolver. 
En el escrito de los fiscales no se habría variado la imputación original de la declaración indagatoria, que luego mantuvo la Cámara cuando revocó las faltas de mérito dictadas por Ríos y dispuso los procesamientos. Los acusadores públicos hicieron una valoración de la causa, en lo que se conoce como su “fase crítica”, evaluaron lo actuado y consideraron que están dadas las condiciones para la elevación a juicio. 
Concluyeron que hay probabilidad de que los tres médicos sean responsables de los dos delitos por los que están acusados, porque tuvieron a su cargo la estadía de los bebés en la institución, permitieron que fueran internados y dados de alta sin la intervención de padres o tutores y además omitieron dar aviso a la Justicia de Menores. 
Las querellas
Por su parte, el 12 de mayo, los querellantes Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Regional Paraná y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentaron el pedido de elevación a juicio de la causa. En este caso, consideraron que los médicos deben ser jugados por "haber hecho incierta, alterado o suprimido la verdadera identidad de Sabrina y el Melli –en calidad de partícipes necesarios– y por la retención y ocultamiento de ambos –como coautores". Además sostuvieron que deben responder por la desaparición forzada del bebé varón.
Consideraron que debe aplicarse el tipo penal de “Desaparición forzada de persona”, incorporado al Código Penal en 2011, ya que se dan las condiciones indicadas en la ley. Entre otros: la víctima es una persona nacida durante el cautiverio de su madre; los imputados actuaron “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, y privaron de la información relativa al paradero del niño a su familia biológica, no dieron intervención a la Justicia y permitieron la entrega del mismo a personas ajenas al grupo familiar.

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