Policiales
Sábado 07 de Mayo de 2016

Faltarían unas 100 armas de fuego y hasta dólares

Robo de efectos secuestrados por la justicia. Hay seis personas detenidas por la sustracción y venta de elementos que estaban en el depósito de Tribunales en Paraná. Nadie declaró. Se realiza la audiencia de prisión preventiva para tres de los arrestados  

No es nuevo que se hable del robo de elementos secuestrados que están bajo la custodia del Poder Judicial. Sin embargo, la División Robos y Hurtos de la Policía entrerriana desarrolló una investigación donde la sospecha adquirió verosimilitud con dimensiones escandalosas. Ahora se descubrió que faltarían más de 100 armas de fuego. Pero además en el primer día de investigación en el depósito de elementos secuestrados  de Tribunales establecieron también la sustracción de dólares y otros elementos. 
Por hecho hay seis personas sospechadas, entre ellos un empleado  judicial. Todos ayer se abstuvieron de declarar ante el fiscal Ignacio Aramberry. Uno recibió prisión domiciliaria, otro fue liberado con restricciones y cuatro quedaron presos, uno de ellos con prisión preventiva por 30 días que ya está cumpliendo en la cárcel de Paraná. Los otros tres, entre ellos una mujer, sabrán hoy cuántos días pasarán detenidos, mientras tanto quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales.  
 La investigación que desató el escándalo se inició el domingo 14 de febrero, cuando personal de la comisaría cuarta detuvo a un hombre en la calle con un arma de fuego. Al personal policial le llamó la atención el revólver incautado, ya que era similar a uno decomisado por  un robo. Las pericias probaron las sospechas de los policías, que además obtuvieron del propio detenido la versión de que el arma era de Tribunales.  
La situación irregular fue puesta en conocimiento del fiscal Aramberry, quien le pidió a Robos y Hurtos que comenzara a investigar. 
Tras dos meses de escuchas y un pormenorizado trabajo investigativo, el personal policial probó que un empleado de Tribunales se encargaba de sacar las armas para venderlas. Ese trabajador pertenecería al área médica. Por ende no actuó solo. Si bien queda en claro que la custodia del lugar era pésima, hay otros elementos que le permiten a los investigadores sospechar de la participación de por lo menos un par de personas más que pertenecen al Poder Judicial. La primera etapa del trabajo policial culminó el jueves a la noche, cuando se realizaron cerca de una decena de allanamientos. Los operativos encabezados por el comisario Carlos Schmunk dieron resultados positivos, ya que se secuestraron computadoras, teléfonos, armas, anotaciones de las ventas realizadas y otros elementos que no transcendieron. 
Las personas arrestadas son un empleado judicial que se desempeñaría en el área del departamento Médico Forense; un tatuador; un sujeto que guardaría algunas relaciones con el submundo del hampa; y tres personas, entre ellas una mujer, que conociendo de la procedencia de las armas habrían oficiado de compradores.
Según pudo conocer UNO, las armas tenían un costo que iban desde los 1.000 hasta los 6.000 pesos, según el calibre y la potencia del arma de fuego. También se ofrecían municiones. 
La investigación gira en torno de la sustracción de efectos y la comercialización o entrega ilegítima a personas no autorizadas, delitos que se pagan con cárcel.  
Un verdadero escándalo 
En los Tribunales ayer no se hablaba de otra cosa: el robo de armas secuestradas. La Policía, por orden de la Fiscalía, montó un importante operativo para custodiar el depósito y no permitir el ingreso de personas ajenas a la investigación. En el primer día de inventario ya se detectó que no solo faltan armas, sino también dólares que estaban secuestrados. En el lugar tendría que haber unas 9.000 armas. Pero se estima que estarían faltando unas 100. 
El inventario comenzó ayer y se extenderá durante todo el fin de semana sin parar. Para no cortar con el operativo la Fiscalía ordenó que los delegados judiciales realicen turnos de ocho horas controlando y el personal policial de 24 horas. Se estima que el trabajo durará unos cuatro días. Fuentes judiciales confirmaron a UNO que desde hace por lo menos dos años no se controla el depósito. 
Hoy el fiscal Aramberry le solicitará al juez de Garantías las medidas de coerción para los acusados que están a disposición de la Justicia. La audiencia estaba prevista para las 8 pero se postergó para la tarde. Esta no es la primera vez que hay una investigación por el robo de elementos secuestrados. Hace una década hubo otra similar, pero el empleado acusado fue absuelto. 

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