Policiales
Viernes 12 de Febrero de 2016

En el Gaucho alquilaron el arma con la que mataron a un chico

Ricardo González está imputado en el homicidio de Claudio Retamar. Declaró que al arma se la alquilaron, pero no dirá quién

El enfrentamiento entre dos sectores del barrio Gaucho Rivero de Paraná va dejando varios muertos en el camino. Del último homicidio ocurrido el 20 de enero, donde Claudio Retamar, de 14 años, murió de dos balazos, está acusado Ricardo González, de 35.

El hombre no niega haber cometido el crimen, pero dijo que se defendió. Además, reveló que el arma que usó para dispararle a la víctima se la dio alguien de barrio en alquiler, y que inmediatamente la devolvió. Pero no dijo ni tampoco dirá quién, para proteger a su familia. El dato en sí ya demuestra una vez más el nivel de circulación ilegal de armas de fuego en Paraná, y es suficiente para que la Justicia y la Policía investiguen quién provee de armas y municiones, que son el origen de muertes, robos a mano armada y otros hechos graves que ocurren en la ciudad.

Ayer se realizó la audiencia donde González, que estaba preso desde el día del hecho, logró que la jueza de Garantías Marina Barbagelata le otorgue la prisión domiciliaria con permiso para ir a trabajar en una empresa constructora de Paraná, tal como lo había solicitado la abogada defensora María Candela Bessa. Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo habían pedido que se extendiera la prisión preventiva en la Unidad Penal por 60 días más.

La violencia en la que se vive en esta zona del oeste de Paraná fue graficada por el fiscal Malvasio, al argumentar el peligro de nuevos enfrentamientos en caso de que González recuperara la libertad: “Los testigos tenían miedo de declarar, dijeron que era imposible vivir en el barrio, que las bandas antagónicas hacen insufrible vivir en el lugar”.

Según la Fiscalía, el 20 de enero alrededor de las 15.15 ocurrió el homicidio en calle Virrey Vértiz, cuando González le disparó a Retamar y a otro menor que se encontraba con él. Según testigos, le dijo: “Cagaste rata, sé que lo voy a tener que pagar pero lo tenés merecido”. Incluso, cuando el fiscal va al lugar del hecho y entra a la casa del imputado, él mismo le reconoció lo que había hecho. Cuando declaró unos días después, dijo que se había defendido de un ataque de las víctimas. A Retamar, cuando lo llevaban al hospital San Roque, le encontraron una pistola en la cintura.

Acerca del arma, Malvasio informó que “no fue habida” y que “González reconoció que la alquiló. O sea que luego de matar se tomó el tiempo para ir a devolverla”. Por su parte, Bessa agregó al respecto: “La bandita (por los oponentes) ya mataron a un hijo de González y a otro le pusieron un arma en la cabeza ¿No es suficiente para querer proteger a su familia? La mujer sufrió tiroteos y la Fiscalía no le quiso tomar la denuncia. Con miedo de que cumplan con las amenazas pidió un arma, no pensaba usarla, y tuvo la suerte de disparar primero, porque sino el muerto sería él”. Además, la defensora aseguró que González “no la entrega porque no puede, no quiere poner en peligro la vida de sus hijos por eso”.
De la casa al trabajo y a la casa
En la discusión acerca de la medida cautelar, los fiscales aseguraron que con la prórroga de la prisión preventiva “se va a neutralizar el peligro de entorpecimiento de la investigación, porque los testigos les tienen miedo tanto a González como a sus hijos”. La defensora sostuvo que el hombre, luego de cometer el hecho, llamó a la Policía y se entregó voluntariamente: “No tiene problemas en hacerse cargo, pero está trabajando en blanco y el lunes tiene que presentarse a trabajar y debe mantener a tres hijos”, afirmó. Además, agregó que ya acondicionó una casa precaria lejos del barrio Gaucho Rivero donde vivir hasta el juicio.

La jueza Marina Barbagelatta concluyó que González “tuvo un accionar más relacionado con facilitar la investigación que con entorpecerla”, por lo que la prisión preventiva en la cárcel “sería desproporcionada” ya que hay otras formas para evitar el contacto con los testigos.

Por esto, la magistrada resolvió que González continúa con prisión preventiva domiciliaria en el nuevo domicilio que aportó, y que sólo puede salir para ir a trabajar, desde las 7 hasta las 15.


 

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