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Lunes 24 de Octubre de 2016

Elisa Carrió rechaza la ley que impulsa el Gobierno para desplazar a Alejandra Gils Carbó

La líder de la CC sostiene que la iniciativa oficial "desnaturaliza" la institución e insiste en que la procuradora debe ser destituida con un juicio político

La diputada y socia del Gobierno en la alianza Cambiemos, Elisa Carrió(Coalición Cívica), anticipó que no apoyará el proyecto de reforma del Ministerio Público que promueve el oficialismo para acotar el mandato y las atribuciones que goza la procuradora Alejandra Gils Carbó , afín al kirchnerismo. Los diputados de Cambiemos pretenden que esta iniciativa, acordada con el Frente Renovador de Sergio Massa , obtenga media sanción pasado mañana en la Cámara de Diputados.

De acuerdo a lo que publica La Nación, Carrió promete desencadenar un tembladeral dentro de Cambiemos, "al tiempo que coloca en un lugar incómodo al Gobierno" que quiere forzar la salida de Gils Carbó. En ese sentido, en el dictamen que se aprobó en comisión la semana pasada, oficialistas y renovadores acordaron que el mandato del procurador -hoy vitalicio- debía ser de cinco años, por lo que Gils Carbó debería dejar su cargo en agosto del año próximo, según los planes del Gobierno. Al mismo tiempo, la iniciativa confiere importantes atribuciones a la Comisión Bicameral del Ministerio Público, presidida por la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) que revisará todas las designaciones que hizo Gils Carbó y participará en los futuros nombramientos.

La diputada Carrió es una crítica acérrima de la gestión de Gils Carbó, al punto que presentó una denuncia penal en su contra en la Justicia, como así también un pedido de juicio político. Y si bien está de acuerdo con modificar la ley de Ministerio Público, Carrió considera que el dictamen en discusión "desnaturaliza" la institución. Además, insiste en que la salida de Gils Carbó debe ser removida por medio de los procedimientos institucionales establecidos, esto es, la vía del juicio político.

"Lilita está en contra de que el Procurador tenga un mandato de cinco años, porque eso significaría que su designación dependerá del gobierno de turno y la institución perdería su autonomía. Además, se le confieren atribuciones extraordinarias a la Comisión Bicameral de Ministerio Público", plantean en la Coalición Cívica.
Fuente: La Nación

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