Educación
Domingo 21 de Agosto de 2016

El vaciamiento de la escuela pública que comenzó en los 90 y se profundizó en el siglo XXI

Retroceso estatal. En más de dos décadas, la matrícula privada creció casi un 25%. Un proceso que arrancó con el desprestigio y desinversión de lo público, y se eternizó en el período K por el permanente conflicto salarial docente

Hay una privatización de la educación, enmarcada en un proceso que lleva al menos 25 años. Luego de las neoliberales políticas de los años 90, en que la educación era considerada un gasto y no una inversión –período en que la Nación transfirió la responsabilidad del servicio de educación a las provincias– pasando por la última "década ganada" del siglo XXI, el sistema educativo nacional cruje por todos lados. Y el nuevo rumbo del gobierno de Mauricio Macri parece extralimitarse a ambiciosos desafíos de calidad educativa, mientras todavía no se pueden cumplir la cantidad de días de clases, evitar las huelgas docentes y reconocer y mejorar los salarios; cumplir con leyes de jornada extendida, universalización de la sala de 4 años, entre otras urgencias.
En este contexto, no resulta extraño que sobre el deterioro de la educación en el país coincidan la mayoría de las miradas personales con las estadísticas: hay una fuerte caída de la matrícula escolar pública, como también de la calidad educativa.
El fenómeno recorre todo el país: en el caso de Entre Ríos, mientras el sistema privado se incrementó alrededor del 23% entre 1996 y 2014 –extremos de las mediciones estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación–, el sistema público en todos los niveles, desde el Inicial hasta el Secundario, creció solo 5%. En realidad, el sistema público durante estos 18 años decreció, ya que la matrícula general por crecimiento poblacional aumentó el 8,2%.
Según las estadísticas de la cartera nacional educativa, en 1996 había 224.656 alumnos en el sector estatal y 65.603 en el privado; en 2014, se elevó a 249.924 y 87.677 respectivamente.
El éxodo de la escuela pública a la privada se acentuó en este siglo, aunque las causas arrancaron en los años 90, con bajo presupuesto educativo y signado por el inicio de un conflicto educativo emblemático: la Carpa Blanca Docente instalada en Plaza 1º de Mayo durante tres años.
El pasaje al sector privado, tanto en el país como en Entre Ríos, fue avanzando a medida también, de la creación de nuevos institutos y establecimientos privados desde el Nivel Inicial, hasta el superior no universitario.
Pasan varias cosas por la reflexión de los padres que fundamentaron ese éxodo, porque tanto la oferta educativa como los cargos docentes y las horas cátedra han crecido prácticamente a la par.
Al promediar los años 90, en la provincia había 1.876 unidades educativas, que cubrían la oferta desde jardín maternal o de infantes, hasta el ciclo superior no universitario. La oferta privada alcanzaba a 379 unidades de servicio.
Casi dos décadas después, el sistema de gestión estatal está compuesto –con datos de 2014– por 2.586 unidades, mientras que el universo privado está conformado por 534 establecimientos educativos. En comparación, la oferta creció casi en la misma proporción en ambos sectores: en el nivel público creció el 37%, y en el privado el 40%.
Algo similar ocurre con los cargos docentes: hace 18 años el sistema público provincial tenía 10.771, y el privado 2.483. Actualmente hay 19.054 en el ámbito público y 5.252 en el privado. Ambos sectores prácticamente se duplicaron.

Derrotero
No resulta extraño, por tanto, observar aulas en escuelas públicas primarias y secundarias con muy pocos alumnos, mientras que en los establecimientos privados –o públicos de gestión privada– haya listas de espera para acceder a un banco.
Esta semana se conoció la Resolución Nº 2.618/16 del Consejo General de Educación (CGE), que dispuso el cierre de un grado de la escuela N°1 César Blas Pérez Colman –en la Escuela Hogar Eva Perón–, por baja matrícula. Así se dispuso el reagrupamiento de los alumnos en otra división, y el traslado de cargos de maestro a otra escuela. El reclamo gremial al CGE interpuso la posibilidad de una revisión.
Con este ajuste de criterio por costos en función de cantidades, sin medir siquiera sector social afectado –concurren fundamentalmente chicos de bajos recursos–, fundamentaría la posibilidad de adoptar similares medidas en las escuelas rurales, cada vez más vacías por el éxodo masivo de las familias desde el campo a las ciudades.
Como dato conexo a esta realidad de creciente demanda de bancos en el sector privado en detrimento del público, resulta de poco sustento la aparición esta semana de un proyecto legislativo para la quita de subsidios a escuelas privadas: si bien puede estar fundamentada en términos ideológicos sobre la laicidad de la educación desde el Estado, el sector privado bajo distintos formatos hoy es un sostén que no se puede obviar: de cada tres gurises entrerrianos, hay uno en la escuela pública.

Pupitres vacíos
Los 90 fueron sintomáticos para ver lo que hoy vivimos, porque es cuando se empieza a sembrar en la conciencia colectiva, la lamentable creencia de que lo público es peor que lo privado. En esos años, el concepto privatista hizo transmitir y repetir que todo debía pasar a manos privadas, porque el Estado no sabía administrar; entonces, nada mejor que todo se rija por las leyes del mercado.
Con la Educación pasó lo mismo, y por esa razón se concretó una de las protestas más largas en el país –se extendió 1.003 días–, que se convirtió en ícono de las luchas gremiales: la Carpa Blanca Docente, para reclamar, entre otros puntos, la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo y la derogación de la Ley Federal.
Desprestigio, bajos sueldos, precariedad de instalaciones educativas, el saldo de la falta de inversión educativa.
Observar en esos años la caída o no de la matrícula, puede revelar leves tendencias decrecientes. Es decir, no se puede adjudicar a los últimos 10 años el éxodo de la escuela pública, porque eso no ocurrió masivamente antes tal vez porque la oferta era menor, o porque también la economía de las familias –desocupación récord en los 90– no lo permitía. Por eso, en esos años está la génesis del proceso que se acentuó con el paso del tiempo.

Dicotomía calidad vs inclusión
Pasada la catástrofe del 2001, y durante este siglo, se registraron avances tales como la aprobación por ley del Congreso, del aumento progresivo de la inversión total en Educación, del 6% del Producto Bruto Interno; la derogación de la Ley Federal de Educación y su reemplazo por la Ley de Educación Nacional; el impulso a los estudios y carreras técnicas; y el salto cualitativo con programas de acceso universal a la era digital, como Conectar Igualdad.
Sin embargo, esas medidas no alcanzaron ante la falta de solución a un tema crucial: el bajo sueldo docente. El rol de los maestros no ha sido jerarquizado, como prometieron todos quienes pasaron con responsabilidades de gobierno durante los últimos años: hoy el haber inicial de un maestro oscila en torno de los 8.500 pesos –varía según las jurisdicciones–. La cifra es menor prácticamente a cualquier otro empleo o rubro de la economía. Eso le exige al docente sumar horas, y como contrapartida, restar capacitación y actualización.
La cuestión salarial se ha convertido en el conflicto dominante de nuestra enseñanza en más de dos décadas.
Por eso la protesta docente vuelve a desembocar recurrentemente en paros y pérdidas de días de clases.
Esas jornadas no se recuperan, y es una de las causas centrales de la pérdida de alumnos en el sector estatal. Las familias cuestionan las medidas de fuerza y en defensa de sus hijos se vuelcan a establecimientos "donde hay clases". Entre paréntesis, vale remarcar que muchos de esos mismos padres que critican y se quejan por los paros de los maestros, son quienes no envían a sus hijos a la escuela cuando llueve, hace frío, o cuando ellos tienen franco o no trabajan.
El paro de Agmer realizado el jueves y viernes es una consecuencia de esa falta de jerarquización del trabajo docente, que no es exclusivo de la provincia. Y si bien el gremio es el más representativo en el sector privado, la incidencia de la medida de fuerza se siente fundamentalmente en las escuelas públicas.
Los gobiernos K no supieron resolver esa situación. Y tampoco pudieron mejorar la calidad educativa; más bien pasó lo contrario.
Las evaluaciones educativas suelen ser una herramienta peligrosa, porque detrás de ella pueden profundizarse diferencias, reducirse recursos, pero no dejan de mostrar el estado de la enseñanza de los chicos: falta de comprensión lectora, chicos que no saben leer en público al finalizar la Primaria, el bajo nivel de aprendizaje en Matemáticas son algunas de esas características que sobresalen en mediciones nacionales e internacionales.
La inclusión fue un acierto que incrementó en los últimos años la matrícula y asistencia a las escuelas, pero eso solo no alcanza. Tampoco la superación, años atrás, de las escuelas como comedores comunitarios, riesgo hoy nuevamente latente.

Metas cortas, rumbos claros
Cumplido alrededor del 20% de su mandato, todavía no se observa con claridad el rumbo del gobierno de Mauricio Macri en materia educativa. La Ctera, principal entidad gremial del sector docente, convocó a un paro nacional el miércoles, con movilizaciones en las distintas provincias. Y resolvió participar de la Marcha Federal del 31 al 2 de setiembre que realizarán las dos corrientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y otras organizaciones sindicales, en una protesta similar a la realizada en los años 90.
"El congreso de la organización docente votó un plan de lucha nacional ante la falta de soluciones a la problemática educativa", señaló la conducción de la Ctera.
Entre los reclamos figuran la reapertura de la paritaria nacional; aumento salarial; cumplimiento de los acuerdos paritarios; continuidad de los programas nacionales socioeducativos; rechazo al impuesto a las Ganancias y a cualquier intento de modificación de la jubilación.
Por estos días, se replican las medidas de fuerza de todos los gremios docentes, públicos y privados, representativos de los distintos niveles educativos.
En estos meses el gobierno nacional hizo algunos anuncios ambiciosos: universalización y obligatoriedad de la sala de 3 años, la creación de un Instituto de Evaluación Educativa, la incorporación progresiva de la jornada extendida, entre otras acciones.
Sin embargo, en el país sigue sin cumplirse la ley que exige que los chicos no tengan menos de 180 días de clases; tampoco la Ley de Educación que en 2006 ya había fijado que las escuelas primarias deben tener jornada extendida; y se anuncia la obligación de la sala de 3 años, cuando hay chicos de 4 años que aún no pueden acceder al sistema formal de educación por falta de jardines.
Sorprende también, y alerta en todo caso, que se hayan discontinuado planes educativos, o que no haya sido para reemplazarlos por otros. Se trata entonces, directamente de un recorte presupuestario, que afectó a programas de valioso y reconocido aporte social en sectores carentes o marginados, como las orquestas y coros barriales, Conectar Igualdad, o los Centros de Actividades Juveniles e Infantiles (CAJ y CAI).
Atraviesa entonces una difícil realidad la escuela pública, que añade a su compleja situación la presencia de nativos digitales en un mundo que transforma la vida diaria en forma vertiginosa. Eso requiere revertir rumbos ya conocidos en los últimos 20 o 25 años.
El retroceso del sistema educativo nacional, y del estatal en particular, tiene estas y muchas otras causas. Pero bien vale desandar el proceso y su origen, para entender porqué el vaciamiento de aulas en escuelas públicas, la baja calidad educativa, o el deterioro del prestigio del sistema educativo nacional no son responsabilidad de un solo gobierno, sino de varios.

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