La Provincia
Jueves 12 de Mayo de 2016

El PS sentó posición sobre los femicidios

El Partido Socialista de Paraná elaboró un documento, tras un nuevo caso de femicidio en la provincia. Señalan que las políticas públicas de género no son transparentes ni hacen nada por revertir la realidad.
La violencia contra las mujeres constituye una violación aberrante de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales que limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. La violencia sexista es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que se refleja tanto en la sociedad, las familias, como en ámbitos laborales.
Según se declara en el texto, “las políticas públicas destinadas a acabar con la desigualdad y la discriminación de la mujer, según lo dispuesto en la Constitución Nacional y Tratados y Convenciones Internacionales, se ven vacías de contenido. Resulta urgente el diseño de políticas públicas con la participación efectiva de mujeres”.
Asimismo indicaron que el asistencialismo no alcanza. “Hay que pasar al modelo de empoderamiento basado en tres ejes: perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. no poder obtener la protección de su integridad física y psíquica”.

Los reclamos
El Partido Socialista de Paraná vuelve a reclamar la implementación con todos los recursos necesarios del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia hacia las mujeres, tal como lo establece la Ley 26.485.
La garantía de acceso a la justicia de las víctimas a través del patrocinio jurídico gratuito, de la unificación de las causas del fuero civil y penal y de la capacitación del personal que recibe las denuncia en comisarías y fiscalías,
La implementación del Registro Oficial Único de Víctimas de la violencia contra las mujeres,
La profundización de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos,
La protección de las víctimas de violencia a través del monitoreo electrónico de los victimarios y la efectiva implementación de las restricciones de acercamiento impuestas judicialmente.
 

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