La Provincia
Martes 23 de Febrero de 2016

El protocolo antipiquetes genera rechazo en gremios entrerrianos

Los referentes de ATE, AMET, Agmer y otras organizaciones coincidieron en que la medida limita el derecho a manifestarse. La controvertida resolución de la ministra Bullrich debutará con un paro de alcance nacional

Marcelo Comas / De la Redacción de UNO
mcomas@uno.com.ar


La represión a trabajadores de Cresta Roja que reclamaban por la reincorporación de compañeros de trabajo despedidos constituyó la primera señal de que el nuevo Gobierno había dado un viraje en materia de seguridad urbana. Aplicando el mismo método para liberar por la fuerza la vía pública, la Policía hirió con balazos de gomas a trabajadores municipales despedidos en La Plata. Aunque vale mirar para atrás para entender cómo ha ido mutando el sentido de la palabra seguridad: en 2002, los brutales asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán expresaron la cara más oscura del accionar policial en manifestaciones sociales. Desde entonces se gestó un cambio en favor de la no intervención violenta de las fuerzas de seguridad, también sustentado por la intervención estatal que conducía Néstor Kirchner. Evitar hechos de violencia en protestas sociales se impuso como una marca, por lo menos hasta 2012. El más claro ejemplo de ello lo mostró Entre Ríos al mundo, con el corte la ruta internacional 136 sobre el puente general San Martín, encabezado por los integrantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera UPM-exBotnia. 

“Les daremos 5 o 10 minutos”

Con el justificativo de tener que garantizar los derechos de los reclamantes y ciudadanos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el jueves el protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad que se pondrá en vigencia mañana. Al brindar precisiones sobre la nueva resolución la funcionaria advirtió a los manifestantes se les dará “5 o 10 minutos” para desalojar las calles, autopistas o rutas que corten, sino serán desalojados. “Si no se van, los sacamos”, subrayó con gesto adusto la titular de la cartera. Cuestionó la modalidad de los cortes que se replicaron en todo el país reclamando la liberación de Milagro Sala y que se tratará de una normativa que no “prohibirá las manifestaciones”, aunque admitió que se buscará que las organizaciones avisen con antelación el itinerario de cada manifestación.

La medida se aprobó tras la reunión del Consejo de Seguridad Interior realizado en Bariloche y lo más sustancial es que en el nuevo texto no hay mención alguna a la prohibición del uso de armas de fuego, como sí había en el protocolo implementado por el anterior Gobierno en 2011. En cuanto a los derechos que se ponen en juego durante una manifestación el protocolo establece que “la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro, manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, tales como el derecho de peticionar a las autoridades, el de libertad de expresión, de reunión o de huelga; los que a su vez suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y a ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente”.

Acerca del uso de armas y cómo se aplicará la ley en cada provincia, el texto determina que “las fuerzas de seguridad federales y provinciales dictarán protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”.

Política de disciplinamiento

La primera medida de magnitud contra el gobierno de Macri es la que convocó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para mañana. En Entre Ríos, la seccional que lidera el secretario general Oscar Muntes , planteó su rechazo al protocolo de Bullrich porque lo consideran “un avance para disciplinar a los que salimos a la calle”. Según Muntes, la postura de ATE de anunciar un paro general lo posiciona como “el único gremio que plantea cosas diferentes al resto”. Al fundamentar su opinión sobre el nuevo protocolo aseguró que el Gobierno busca instaurar “el miedo y además aprovechan una herramienta que dejó el gobierno anterior:  la Ley Antiterrorista. Ahora por la vía legal quieren acallar la protesta”. El sindicalista subrayó que en materia política se está atravesando un momento crucial, atento a las negociaciones salariales, y que la intención de las organizaciones es visibilizar en las calles la precarización laboral. “Todas las medidas son contra los trabajadores y en esto hacemos hincapié en la actitud y la forma en un momento muy difícil para nosotros. Este es un Gobierno al que no le va a temblar la mano si tiene que reprimir”, advirtió en diálogo con UNO el dirigente estatal.

Sobre la forma de proceder que adoptará el gobierno entrerriano ante la puesta en vigencia del protocolo de Bullrich, el titular de ATE señaló: “El gobernador (Gustavo) Bordet ha manifestado públicamente que está preocupado por la protesta social. Aunque no nos ha convocado, pero ha dicho que no está de acuerdo con implementar esta medida”. Muntes  aclaró que el paro nacional en Entre Ríos se caracterizará por una importante movilización en las calles y que tendrá dos puntos de concentración:  la Municipalidad de Paraná y la explanada de Casa de Gobierno. De todos modos, en una reunión que se realizaba anoche se iban a terminar de definir los aspectos organizativos de la protesta.

Más voces de repudio

Otro de los gremios que se pronunció en relación a esta medida fue la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS). Su secretario general, Pedro Acosta, expresó su repudio a la medida,  porque consideró que “el derecho a manifestarse no puede ser reprimido”. El dirigente afirmó que la decisión más acertada hubiera sido convocar a diferentes sectores para evaluar su implementación. “Hay que resolverlo de otra manera, porque deberíamos sentarnos todos a discutir, porque esto es ir en contra del trabajador”, argumentó en comunicación con UNO.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), seccional Entre Ríos, tratará hoy en Buenos Aires en una reunión de secretarios generales el alcance del protocolo y  la situación de la discusión salarial. “Estamos en contra de que se utilicen los espacios públicos para actos de represión. Es un ámbito ideal para que la gente pueda expresarse. Con esta medida nos debilitamos”, sentenció el titular del sindicato, Andrés Besel. Sostuvo que en el encuentro nacional los asesores legales de la entidad explicarán el alcance de la normativa y “los derechos que cercena”, precisó el sindicalista. “El espacio público es para ejercitar el reclamo y las necesidades verdaderas de los trabajadores. Por eso vamos a llevar esa moción a la reunión”, subrayó.

“Es un atentado a la democracia”

Con ese énfasis definió su pensamiento el secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel. “Rechazamos de plano el protocolo, porque vamos repudiar toda medida que impida la normal manifestación. Además utilizan un artículo medieval donde se sostiene que el derecho a transitar de alguna persona no puede verse impedido por el derecho a la protesta: es una chicana política para aislar”, indicó.

Puntel se diferenció de otros gremios que propusieron debatir el contenido del protocolo de Bullrich, dado que desde su lógica “no se puede debatir un proyecto de ley para limitar las luchas y que es ilegítimo”. Bajo esa premisa consignó que durante las asambleas de Agmer Paraná se propicia que “no existan desbordes y efectos no queridos”.

Acerca de las dudas que genera la normativa sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y la utilización de armas de fuego, el referente de la Rojo y Negro aseguró: “No lo sabemos con certeza, pero está claro que en Entre Ríos hemos sufrido represiones con armas de fuego y sin armas, con balas de goma y de plomo. También hubo atentados ocultos con mano de obra tercerizada, como lo fue el caso del ataque al compañero Víctor Sartori a quien le quemaron su vehículo”.

Agmer Paraná confirmó que no adherirá al paro nacional convocado por ATE, pero acompañará la movilización hacia Casa de Gobierno. Con motivo de la medida de fuerza se dispuso la suspensión de las actividades  a partir de las 10. “La del 24 es una lucha clave, en medio de las paritarias, del ajuste de la escuela pública, por eso necesitamos estar en la calle”, enfatizó en declaraciones a UNO.

Criminalización de la protesta



La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), regional Entre Ríos, expuso en una conferencia de prensa  realizada ayer los detalles de la manifestación que tendrá lugar mañana. Allí el secretario general de la CTA Entre Ríos, Luis Gálligo, reclamó que no se criminalice la protesta social, entre otros puntos que fueron desarrollados junto a otros gremios. 

“Vamos a gritar a viva voz no a la penalización de la protesta social. Exigimos la libertad de Milagro Sala, injustamente presa política y para que no haya más casos como lo fue el de Río Negro con el compañero de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que fue apresado por manifestarse en contra de los despidos de la empresa Litoral Cleaning SRL”, opinó.

Respecto al protocolo para liberar piquetes, el cual anunció la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Diego Sánchez, secretario adjunto de CTA Entre Ríos indicó: “Viola los derechos constitucionales a reunirse, manifestar y peticionar a las autoridades y busca sofocar los reclamos populares contra el Gobierno”.

Por otra parte, el secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Alejandro Bernasconi destacó: “También nos unimos para plantear y reclamar por la situación de los jubilados. El Estado provincial no puede unirse al planteo nacional. No debe disciplinarse con lo que se dice a nivel país”.

De esta manera confirmaron su participación en la manifestación que la ATE convocó a nivel nacional. 

ATE nacional no respetará  el protocolo

Los representantes del gremio de los estatales aseguraron que no permitirán que se haga efectiva la medida en las movilizaciones de mañana. “Rechazamos y repudiamos las limitaciones que el Gobierno está dando a conocer. El protocolo limita el derecho constitucional de los trabajadores”, afirmó la secretaria de ATE, Silvia León tras reunirse con funcionarios nacionales.



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Reclamo en la casa de Patricia Bullrich

Un grupo de militantes de izquierda realizó ayer un acto frente al domicilio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la Ciudad de Buenos Aires, en señal de protesta contra el nuevo protocolo para las manifestaciones propuesto por el gobierno nacional, reclamo que fue repudiado y calificado como “escrache” desde la cartera que conduce la exdiputada. Unas 50 personas se concentraron durante una hora a partir de las 11 en Beruti y Scalabrini Ortiz para manifestar su rechazo a la decisión oficial de regular la protesta social, que sin embargo tuvo la adhesión de los vecinos de la funcionaria . Frente al domicilio de Bullrich, custodiado por una fuerte presencia policial, una vecina manifestó su apoyo a la medida oficial, al expresar a viva voz y con los dos dedos pulgares hacia arriba: “Aguante el protocolo”.

Advierten que habrá muertes

La protesta, organizada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), fue encabezada por el diputado porteño de esa fuerza Alejandro Bodart y su principal referente política, Vilma Ripoll. Para Ripoll, “el Gobierno tiene conciencia de que el ajuste en las tarifas, la inflación y las paritarias no pasan sin represión”. “Nosotros estamos convencidos que ellos (el gobierno) necesitan una herramienta porque saben que va a ver respuesta de la gente, que no se va a dejar ajustar tranquilamente como pretenden”, destacó. 

En la misma línea, Bodart consideró: “Este protocolo se podía encarar de otra manera, pero ella (Bullrich) salió de manera bravucona y no es la forma para que un funcionario toque temas tan sensibles”. 

“Con este protocolo va a haber muertos en las marchas, como hubo antes, porque le están dando una navaja a un mono,” sostuvo. Luego se preguntó: “¿Qué clase de diálogo puede haber si a una persona que protesta la van a sacar a los palazos a los cinco minutos”.

Bodart sostuvo que la reacción de la gente que decide cortar una calle lo hace con sobrados argumentos. “La gente que protesta corta una calle después de haber hecho un calvario de citas con funcionarios que no les dan respuesta o de ir a ver a patrones que se fugan y dejan a los trabajadores en banda”, aseveró. Bodart dijo por último que la Constitución Nacional avala el derecho a la protesta y cuando hay colisión de derechos, hay uno que prima sobre otro: “Ésa es la democracia”. 

Rechazo del Ministerio

Por su parte, el Ministerio de Seguridad manifestó su rechazo al escrache efectuado frente al domicilio particular de la ministra Bullrich. “Esta medida intimidatoria se opone a uno de los objetivos primordiales de este Gobierno Nacional: unir a todos los argentinos. Y a su vez, atenta contra la idea de una convivencia en armonía”, sostuvo el ministerio a través de un comunicado titulado “Repudiamos el escrache a la ministra Bullrich”. 

“Para este ministerio es fundamental recordar que todos los ciudadanos de este país tenemos derecho a gozar de una vida sin violencia, dentro de una sociedad pacífica y tolerante”, concluye el texto.

El protocolo, presentado la semana pasada, recibió fuertes críticas entre las organizaciones sociales, sindicales y de izquierda. Por lo pronto, los funcionarios del Ministerio de Seguridad recibirán ayer en una reunión “informativa” sobre el nuevo protocolo a la dirección del gremio de ATE, que llevará adelante pasado mañana el primer paro nacional con movilización en lo que va de la gestión de Cambiemos.



Nuevas disposiciones

El nuevo procedimiento, presentado por Bullrich la semana pasada “con total aval del Presidente”, establece medidas para regular los cortes de calles y rutas, entre ellas, los manifestantes deberán informar las calles por las que circularán y quedarán prohibidos los cortes totales. Otro aspecto polémico del protocolo es en relación a la cobertura por parte de la prensa, ya que el mismo establece un “perímetro” especial para los cronistas y reporteros

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El Gobierno habilitó consulta por mail

El Consejo de Seguridad Interior, compuesto por autoridades nacionales y los ministros del área de cada provincia, aprobó el miércoles pasado en Bariloche el flamante Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, más conocido como protocolo antipiquetes.

Sin embargo, y si bien se anunció que la normativa ya estaba vigente, por iniciativa de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, el Gobierno puso a consulta el protocolo y recibirá sugerencias de la sociedad para su eventual modificación hasta el 3 de marzo. Para ello, el Ministerio de Seguridad habilitó una casilla de mail (juntosavos@mingseg.gob.ar) para que cualquier persona envíe allí sus opiniones sobre el proyecto.

Asimismo, el documento fue publicado en la página oficial y en el Facebook de la cartera que conduce Patricia Bullrich. “Este espacio de consulta tiene como finalidad saber qué piensa el ciudadano sobre el protocolo de Seguridad y la determinación del Ministerio de Seguridad de evitar los cortes de calles, rutas y autopistas”, se explicó en un comunicado. Más allá de las posibles modificaciones, fuentes oficiales indicaron que el protocolo ya está en condiciones de ponerse en práctica.


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“El protocolo antipiquetes es inconstitucional”, dijo Conti

“El protocolo ‘antipiquetes’ es inconstitucional”, aseguró ayer la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) en referencia a la medida adoptada por el Gobierno frente a los cortes de calles.

Como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Conti presidió el año pasado el debate sobre la regulación de la protesta social, proyecto que nunca llegó al recinto por falta de acuerdo.

Ahora, a través de un comunicado, la legisladora sostuvo: “El artículo 194 del Código Penal al que refiere el ‘protocolo antipiquete’ del Gobierno tiene y ha tenido distintas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales”.

“Impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte por tierra – conducta criminalizada en nuestro Código Penal – no siempre ha sido considerado delito”,  fundamentó la legisladora acerca de esta controvertida normativa.

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