Tarifazo
Miércoles 17 de Agosto de 2016

El Gobierno espera el fallo de la Corte sobre tarifas para fijar "reglas claras"

El ministro Garavano argumentó que hay "una situación de crisis que viene desde hace años y requiere de definiciones para poder revertirla".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó que para el Gobierno es "central" que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre los aumentos de tarifas "para poder fijar reglas claras", dado que "hay una sobreexposición de la Justicia, a veces tratando de autoprotegerse".

Por otra parte, negó que haya cambios de fondo en la política de derechos humanos sino que hay organismos "que tenían una relación simbiótica con el anterior gobierno" e intentan instalar eso.

"Para el gobierno es importante que la Corte se pronuncie" sobre el tema tarifas, porque "el sector energético en general está en una situación de crisis que viene desde hace años y requiere de definiciones para poder revertirla, lo que no pasa sólo por las tarifas sino por las inversiones que hay que hacer", aseguró Garavano en una entrevista concedida a la agencia Télam.

Respecto a si es correcto que la Corte tenga un rol determinante en la definición de las tarifas de los servicios públicos, el ministro respondió que "en realidad la definición sobre el tema de las tarifas es algo que la Constitución Nacional le asigna al Poder Ejecutivo, incluso a organismos muy específicos, como los entes de control de gas, con lo cual ese es uno de los temas que es importante que defina" el máximo tribunal.

En cuanto al rol que juega la justicia, sobre todo el fuero federal, en la política cotidiana, Garavano destacó: "Venimos de una década de mucho conflicto entre la justicia y el poder político", donde "la política exacerbó que esos conflictos se lleven a los tribunales. Esto es lo que tenemos que comenzar a cambiar", agregó.

"Ineludiblemente la Corte va a tener siempre conflictos que resolver, y estos van a tener trascendencia, pero tienen que ser temas puntuales y abordados institucionalmente. Y el resto de la justicia tiene que cumplir con su tarea, creo yo que con un perfil más bajo", aseguró.

Esta situación, señaló, no es de solución inmediata, "pero la forma tiene que ver con corregir los niveles de sobreexposición y focalizarse mucho en los trabajos y en los resultados. Por eso desde el gobierno, ante muchos allanamientos y diligencias, siempre hablamos de la elevación de juicio oral y público, que es lo razonable y lógico, porque se da un mensaje de que quien viola la ley es juzgado y condenado".

El problema, señaló, es que como en Argentina ha habido muy pocos juicios orales y públicos, "la difusión queda en las medidas preliminares, en las diligencias de la instrucción, que luego pueden terminar de cualquier manera, incluso en la nada".

En este sentido, el ministro señaló que el complemento al cambio de actitud es el funcionamiento de las instituciones: "Es importante respetar los roles de los distintos actores en estos temas. Eso me da la sensación de que en los últimos años se había perdido bastante, como que era todo lo mismo", dijo.

Para Garavano "el Consejo de la Magistratura tuvo un rol de domesticación de los jueces durante el anterior gobierno, como una apéndice del Poder Ejecutivo, que es una de las cosas que se han corregido. Hoy el Consejo es un cuerpo mucho más equilibrado y no es claramente un apéndice del Poder Ejecutivo. Por eso es importante corregir esta lógica que imperó durante los últimos años. También sé que es cultural y que va a llevar mucho tiempo", agregó.

Represores
Sobre el tema de la flexibilización de las normas de detención sobre los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, el ministro negó que haya en ese sentido un cambio de política. "Hay casos emblemáticos, como el de (Miguel) Etchecolatz, que lo tendrán que evaluar los jueces. Creo que sabiamente decidieron mantener su situación de prisión. Por lo que me han dicho muchos jueces, durante el gobierno anterior hubo presiones para que personas no pudieran gozar de un beneficio que está en el Código Penal, que es el arresto domiciliario para personas mayores de 70 años o con problemas de salud".

"Mi sensación es que con la salida del gobierno anterior cesaron esas presiones y lo que están haciendo algunos jueces es otorgar lo que establece la ley. Ahora, eso no lo podemos tomar como un cambio de política, porque algunos intencionadamente lo que están intentando es buscar algunas cosas para señalar que hay un cambio de política", agregó.

"Me parece que hay muchas cosas hechas en lo que va de gestión, con estilos y mirada diferentes, pero parece que muchos organismos que tenían una relación simbiótica con el gobierno anterior lo que intentan es sobreactuar esas diferencias al marcar que hay políticas totalmente opuestas a las que antes se sostenían, y eso no es así", aseguró.

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