Causa Allende
Lunes 13 de Febrero de 2017

El eventual juicio abreviado de Allende ya genera polémicas

La aplicación del procedimiento jurídico a un caso de supuesta corrupción resonante generó advertencias y cuestionamientos

Comenzaron a pronunciarse esta semana algunas voces de advertencia ante la posibilidad de que el diputado provincial José Ángel Allende, investigado desde 2012 por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, llegue a un acuerdo de juicio abreviado en el cual, sobre la base del reconocimiento de su responsabilidad, acceda a una pena menor y libere de mayores problemas a sus familiares imputados como cómplices.

En la causa también se acusa a la esposa de Allende, Adriana Satler; su exesposa Diana Traverso, y los tres hijos que tuvo en ese matrimonio.

El exsenador radical Juan Carlos Arralde -el mismo que denunció ante la Justicia las presuntas irregularidades en la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas- advirtió ayer sobre las consecuencias de ese eventual acuerdo, señalando que el desenlace de esta causa "volverá a poner a prueba la fortaleza ética de un Poder Judicial sospechado, la política criminal del Ministerio Público Fiscal y el valor de un precedente que puede ser peligroso para la ya herida credibilidad de las instituciones provinciales".

Arralde ilustró sobre el método: "...la figura que se busca usar es el llamado "Juicio Abreviado", un procedimiento especial previsto en el Código Procesal Penal que le permite al imputado de un delito arribar a un acuerdo judicial con el fiscal que lo investiga evitando de este modo someterse a un juicio oral y público, a cambio de lo cual confiesa su autoría o participación en el o los hechos ilícitos que se le atribuyen y "pacta" una pena con su acusador, además de un modo de reparación del daño causado a la víctima".

Más allá de la intención de descomprimir la tarea de los jueces, señala Arralde que el mecanismo "autolimita el poder punitivo del Estado y resulta sensible al modelo constitucional ortodoxo del juicio oral y público al tolerar mansamente la posibilidad de que el imputado obtenga una sentencia condenatoria testimonial (de baja intensidad) sin recorrer el camino íntegro del debido proceso y basada en "evidencias" –que no son pruebas- recogidas en la investigación penal preparatoria por el fiscal actuante".

"Podrá imaginarse el más incauto observador cómo podrían llegar a ser de gravosas las pruebas que habrían de producirse en un juicio oral si de antemano se aceptan que las 'evidencias de cargo' ya acumuladas por los fiscales motivan a la defensa de Allende a un cambio de estrategia para cerrar un acuerdo", añade.

"La Ley de Enjuiciamiento Penal española, por ejemplo, acepta esta modalidad para casos de flagrancia, pequeños crímenes (llamados "de bagatela") y en general delitos de menor gravedad.- Aquí, en el reino de la permisividad y el garantismo, no existen limitaciones ni por el tipo del delito imputado ni por la gravedad de la pena que tiene asignada en el Código Penal. En fin, que da lo mismo que al abreviado lo pida un homicida confeso, un pederasta que reconoce su pecado, el ladrón de una garrafa que admite su inconducta, o un funcionario corrupto que acepta los hechos imputados y su culpabilidad", apunta luego el dirigente radical .

Posteriormente Arralde describe el escenario y apunta a la figura del procurador general, Jorge García. "Una causa judicial que se inició por una investigación periodística y que ya lleva años de investigación, que no tiene a la Oficina Anticorrupción del Gobierno Provincial como querellante (acusador particular que representa a la víctima) porque el mismo Código Procesal Penal se lo impide, y frente a la inexistencia de una Fiscalía Anticorrupción que obligó a crear el artículo 208 de la Constitución provincial reformada en 2008 y que aún brilla por su ausencia, pone la pelota en el campo del procurador general de la Provincia, el doctor Jorge Amílcar García, quien tiene asignado por ley el diseño de la política criminal y la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, así como el poder de darle instrucciones a los fiscales que de él dependen para controlar el ejercicio del poder persecutorio penal del Estado".

Añade el legislador que el juez de Garantías no está obligado a homologar el acuerdo que suscriban imputado y fiscal. Puede rechazarlo fundadamente si entiende necesario ampliar el conocimiento de los hechos que se han investigado o porque discrepa con la calificación legal de los delitos que acordaron acusadores y acusado o por tratarse de un acuerdo groseramente arbitrario.

En ese sentido, advierte que si las sospechas sobre ese acuerdo se confirman "varios funcionarios públicos o exfuncionarios públicos podrán quedarse tranquilos frente a investigaciones criminales en curso, porque la "impunidad legal" estará garantizada", y sugiere que se adecue el Código Procesal Penal "para que estos procedimientos abreviados no puedan aplicarse a los casos de delitos de corrupción...".



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La postura de Virué



Antes que Arralde, el exsecretario de Justicia de la Provincia Rubén Virué había expresado que en caso de concretarse ese acuerdo, se estará "ante la primera manifestación concreta y expresa de una claudicación ética del Ministerio Público Fiscal y eventualmente del Poder Judicial, es decir del Estado, que exterioriza el siguiente mensaje: 'roben tranquilos en la función pública, que después devuelven algo y viven placenteramente con el resto de lo robado'".

Virué, que tiene una mirada crítica sobre el accionar de García, advirtió que si la información es cierta ello implicaría que el diputado Allende reconoce que en sus cinco mandatos como legislador se apropió de dineros públicos. "Y en esta hipótesis es cuando tenemos que analizar la respuesta del Estado, cuya política criminal es atribución exclusiva de la Procuración General de la Provincia, que ejerce su titular en todo el territorio provincial mediante 'parámetros de política criminal prefijados como instrucciones generales y específicas' (entre otras reiteradas declaraciones del doctor Jorge García, Diario UNO del 3 de abril de 2013)".

Esto significa que si se concreta el acuerdo, cualquiera sea el funcionario del Ministerio Público Fiscal que lo suscriba, el mismo estaría enmarcado en los mentados parámetros de política criminal que fija el doctor García.



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"Claudicación ética y legal"



En una carta difundida por Virué, el exfuncionario provincial (gestión de Sergio Urribarri) se preguntó si el acuerdo abreviado es la respuesta punitiva que la ciudadanía entrerriana exige del Estado ante delitos de corrupción, y si es esta la respuesta "que dan el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial para castigar a los funcionarios que, burlándose de la sociedad y sobre todo de los sectores vulnerables que dicen defender, se apropian de los dineros públicos...".

También preguntó Virué acerca del interés subalterno en resolver en forma abreviada una investigación penal iniciada hace varios años. E igualmente: "¿Cuántos bienes devuelve y con cuántos mal habidos se queda el imputado?"

En el mismo sentido se pregunta cómo escaparán a la sospecha de premios económicos "quien suscriba el eventual acuerdo por el Ministerio Público Fiscal, sus superiores jerárquicos y quien o quienes lo aprueben por el Poder Judicial" habiendo tanto dinero en juego y si "solo se devuelve una ínfima parte de lo mal habido".

"¿Cómo se acuerda impunidad al grupo familiar eventualmente partícipe, cuando el ejercicio de la acción penal no es disponible a este respecto?", es otro de los interrogantes que desgrana Virué para concluir: "Este acuerdo solo resultará posible si el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, claudican ética y legalmente".


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