A Fondo
Sábado 07 de Febrero de 2015

Dos dramas de fondo en la masacre de la Alcaidía

La masacre en la Alcaidía de Concordia, que dejó a un policía muerto, otro aún peleando por su vida y el autor suicidado, motivó reflexiones y medidas por parte de las autoridades políticas y judiciales. Pero ninguna hasta ahora se ha referido a los dos problemas de fondo que se evidenciaron tras la tragedia.
Por un lado, respecto del alojamiento de los presos en lugares de transición, el Superior Tribunal de Justicia, tras el pedido del ministro de Gobierno Adán Bahl, dispuso el límite de 30 días para la detención de personas en Alcaidías o comisarías. Sin embargo, no se mencionó que las unidades penales de la provincia han visto superadas sus capacidades de alojamiento, lo que obligó a las autoridades penitenciarias a ir haciendo malabares sobre la marcha para la ubicación de las personas privadas de la libertad.
En Paraná en particular el problema se evidenció aún más desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal acusatorio, en septiembre del año pasado, período en el cual ha crecido la cantidad de presos con prisión preventiva, es decir sin condena.
Cuando se habla de más y mejores espacios de alojamiento de presos, no solo se trata de una cuestión de derechos humanos básicos, sino también de una inversión para la prevención: una persona que transitó su condena en lugares adecuados y con espacios educativos y laborales de inclusión, probablemente no volverá a delinquir.
Por el contrario, en la Alcaidía de Concordia se juntaron varios factores que terminaron en el sangriento hecho: un espacio no acondicionado para tener internos durante mucho tiempo, sin personal formado para tal fin, y un joven como Juan Pablo Franchi, acusado por un homicidio y con una grave adicción a las drogas desde los 13 años, sin la asistencia adecuada para este padecimiento durante siete meses y medio.
Por otro lado, la segunda cuestión fue la referida por la madre de Franchi en una carta en la cual pidió perdón a las familias de las víctimas, pero también relató que desde que su hijo comenzaba a transitar la adolescencia cayó en la droga y pese al esfuerzo de su familia nunca pudo salir. La principal razón de este fracaso, según la madre de Franchi, fue el total abandono y la falta de respuestas por parte de los organismos del Estado que teóricamente están y manejan fondos para asistir a adictos.
La mujer mencionó que a los 13 años Juan Pablo comenzó el camino de la droga, es decir en un contexto de plena crisis del año 2001. Sin embargo, en los años que siguieron todo siguió igual.
La historia relatada por esta madre, se asemeja a la de otras que han perdido la batalla frente a la adicción de sus hijos, ya que no solo enfrentaron un problema de salud, sino toda una estructura de indiferencia, burocracia, vergüenza social y crimen organizado.
En la publicación de la carta en la web de e hizo UNO, una joven que compartió la escuela con Franchi, indignada por los comentarios que celebraban la muerte, escribió: “El sistema argentino es una porquería, ojalá que ninguno de ustedes tenga que recurrir a él cuando alguno de sus hijos o familiares tengan un problema de adicción. Porque se van a morir esperando, están totalmente desamparados. Todos somos víctimas de la sociedad en la que vivimos y ninguno hace nada para cambiarla. Respeten el dolor de esta mujer y no critiquen sin saber”.
Entre Ríos sigue sin un lugar público y gratuito donde un adicto reciba asistencia de manera inmediata y seria. En agosto del año pasado, vino a Paraná el sacerdote Juan Carlos Molina, titular de la Sedronar, quien junto al gobernador Sergio Urribarri anunció la construcción de ocho centros de atención de personas, con una inversión de 124 millones de pesos. La iniciativa todavía sigue en la etapa de “proyecto”. Mientras tanto, se sigue gastando diariamente una fortuna en la internación de algunos jóvenes en fundaciones que, como empresas privadas, hacen su negocio.

 

José Amado/De la Redacción de UNO
jamado@uno.com.ar

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