Politica
Jueves 07 de Julio de 2016

Diputados dio media sanción a la ley de ética en la función pública

La norma regulará –si el Senado la aprueba– las pautas de comportamiento de los funcionarios, las incompatibilidades y lo relativo a las declaraciones juradas. La oposición votó en disidencia lo relativo al organismo de aplicación

La Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de Ley de Ética Pública. El objetivo de la norma es establecer reglas generales sobre deberes y pautas de comportamiento ético de los funcionarios; reglamentar el sistema de las declaraciones juradas; determinar situaciones de conflictos de intereses e incompatibilidades, estableciendo las sanciones que correspondan; y fijar régimen de obsequios a los funcionarios públicos.
El objetivo es vasto y la reglamentación aprobada taxativa, por lo que resulta posible anticipar que numerosos funcionarios (electos o designados políticamente) deberán optar entre seguir en el cargo o remover la causa de incompatibilidad, en caso de que la norma finalmente entre en vigencia.
A la vez, también puede pensarse que en caso de sancionarse esta norma, constituya un gesto distintivo de la gestión de Gustavo Bordet, sin cuyo aval los diputados peronistas no hubieran llegado posiblemente a esta instancia. Tanto en lo que respecta a esta norma como en lo relacionado a la reglamentación del Tribunal de Cuentas, el mandatario participó de diálogos con dirigentes de la oposición.
El miembro informante del oficialismo fue Diego Lara, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento. Su exposición giró en torno a la necesidad de contar con la ley, los antecedentes en la materia y algunos de los criterios adoptados para resolver cuestiones discutidas, como la autoridad de aplicación. El dictamen de comisión fue el resultado del trabajo sobre tres proyectos, presentados por los bloques justicialista, de Cambiemos y por el massismo.

Para todos y todas
La ley alcanza a todos los funcionarios. Fija los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal de acceso, incluso a los que se desempeñan ad honorem.
El listado de los funcionarios alcanzados es extenso. Desde el gobernador hasta los responsables de manejo de fondos de cualquier área de la Provincia; los policías de comisario para arriba; los miembros de empresas o sociedades estatales; los intendentes y concejales de los municipios que no tengan carta orgánica. El mismo criterio se aplicará en los poderes Legislativo y Judicial, y organismos como el Tribunal de Cuentas.

Uso y abuso del Estado
Los deberes y pautas de comportamiento ético comienzan con la observancia de las constituciones nacional y provincial. Hilando más fino se cita no recibir beneficios vinculados a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones; no restringir información sobre actos de gobierno, no usar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados; del mismo modo que no utilizar bienes o servicios del Estado para beneficio propio.
También, por ejemplo, se indica que los funcionarios deben abstenerse de realizar otras actividades que afecten la asistencia regular a las tareas propias del cargo.
Se fija un régimen de sanciones que va del apercibimiento a la cesantía y la inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público. La renuncia al cargo no interrumpe el proceso sancionatorio.

Declaraciones juradas
Todas las personas comprendidas en el marco normativo deberán presentar una declaración jurada patrimonial en forma previa o simultánea a la toma de posesión del cargo, actualizarla anualmente y presentar una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde la cesación en el cargo.
Esa declaración deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores en el país o en el extranjero. También un detallado informe de todos los ingresos y deudas, con un importante nivel de precisión. Esa declaración no será pública, sino secreta y solo se podrán abrirla a solicitud del declarante o de sus sucesores por decisión del juez competente o por requerimiento de la Autoridad de Aplicación.
Habrá también un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público y que contendrá la información patrimonial requerida. La autoridad de aplicación se encargará de que al funcionario que no cumpla este requisito se le descuente el 20% del salario neto.

Incompatibilidades
Será incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado provincial. También quien realice actividades reguladas por el Estado respecto de la contratación, obtención, gestión o control de concesiones, beneficios o actividades.
Estará vedada la función pública a quien sea proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado provincial en donde desempeñe sus funciones; y para quien intervenga desde la función en actos en los que tengan vinculación, -personal o a través de terceros que él represente o patrocine- o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero.
Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

Autoridad de aplicación
La autoridad de aplicación será el Organismo de Ética Pública que reemplazará a la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, entes centralizados y descentralizados, autárquicos, empresas del Estado y sociedades con participación estatal. El titular del organismo será un abogado que reúna los mismos requisitos que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Lo propondrá el gobernador y necesitará acuerdo del Senado. Su mandato dura cuatro años y dispone de una reelección.
Los diputados de Cambiemos no votaron esta parte del proyecto porque pretendían que el titular del organismo fuese designado por la oposición legislativa.
El Organismo de Ética Pública será asistido por una Comisión Bicameral Permanente que estará integrada por ocho miembros.

Sobre el Tribunal de Cuentas
Diputados también dio media sanción, y por unanimidad, al despacho de comisión que alcanzó horas antes la comisión de Asuntos Constitucionales para definir la selección del titular del Tribunal de Cuentas.
Para salvar la actual acefalía del organismo se designará interinamente al abogado que tenga más antigüedad en el Tribunal. De ahora en más, se constituirá un Tribunal con una mecánica similar a la del Consejo de la Magistratura aunque deberá ser convocado en cada caso.
También se aprobaron aspectos contenidos en un proyecto impulsado por el jefe del bloque de Cambiemos, Sergio Kneeteman, sobre los concursos para realizar designaciones en ese organismo de control.
Según señaló el presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria, Juan José Bahillo, fue Bordet quien solicitó a su bloque ser excluido de la designación del presidente del Tribunal.

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