Corrupción
Jueves 23 de Junio de 2016

Diputados buscarán aprobar proyectos anti corrupción que incluyen ley del arrepentido y extinción de dominio

La Cámara de Diputados buscará aprobar el proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido para casos de corrupción, y el que propone la extinción de dominio para que el estado recupere aquellos bienes conseguidos a través de actos delictivos.

En el primero de los proyectos, el oficialismo consiguió las firmas para el dictamen de mayoría y el compromiso para acompañar en la votación en general del Frente para la Victoria-PJ, del Frente Renovador y del bloque Justicialista, entre otros.


El de extinción de dominio, en cambio, fue impulsado por el massismo y acompañado por Cambiemos y otras bancadas minoritarias.


Antes del tratamiento de estos dos proyectos, en el temario de la sesión prevista para mañana a las 11 figuran el que autoriza a la justicia a "allanar el domicilio particular y las oficinas del diputado nacional Julio De Vido", en una causa especifica; y el que crea la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el ámbito del Congreso nacional.


En una reunión de presidentes de bloque prevista para mañana a las 10, las diferentes bancadas terminarán de definir el esquema de trabajo de la sesión especial, que se extendería por más de ocho horas.


El tema principal de la sesión será el que amplia la figura del arrepentido para casos de corrupción, sobre cuyo proyecto hoy el bloque oficialista Cambiemos logró emitir dictamen, con el respaldo del Frente Renovador y otros bloques de la oposición, en el marco de un plenario de comisiones.


La iniciativa, que luego deberá ser tratada por el Senado, fue debatida en el marco de las comisiones de Legislación Penal, a cargo de la radical jujeña Gabriela Burgos y de Seguridad Interior, presidida por Luis Petri (UCR-Mendoza).


Esencialmente, contempla para el arrepentido la "reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate", pero no la extinción de las condenas para quien brinde información que pueda contribuir a esclarecer causas judiciales.


El texto que tuvo dictamen hoy terminó de consensuarse ayer en base a las propuestas de los legisladores del Frente Renovador de Sergio Massa, otros bloques de la oposición y aportes del Ministerio de Justicia y de la Oficina Anticorrupción.


Si bien el proyecto contó con el respaldo inicial de la mayoría de los bloques de la oposición, el Frente para la Victoria pidió tiempo hasta la noche para analizar mejor el texto y pasadas las 18 le avisó al oficialismo que, finalmente, acompañaría la votación en general.


Esto surgió de una reunión de bloque realizada por la tarde, donde la idea de acompañar en general se impuso a la de un grupo de diputados ultrakirchneristas que planteaban el rechazo absoluto al proyecto.


"La semana pasada volvimos a las provincias y la gente nos cuestionaba diciendo que votamos en contra del pago a jubilados; y ahora, si no votamos esto, van a decir que protegemos a los que tienen causas por corrupción", se lamentaba un diputado del interior.


Debatido el tema en el bloque que preside Héctor Recalde, esta postura se terminó imponiendo por sobre las de los diputados que desde diciembre sostienen la idea de oponerse a cualquier iniciativa del gobierno.


En cuanto al proyecto para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes provenientes de ilícitos, consiguió dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, Justicia y Presupuesto y Hacienda, donde recibió el respaldo de varios bloques.


El proyecto que finalmente buscará ser avalado por el plenario de la Cámara para pasar luego al Senado, fue elaborado en base a una iniciativa de la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador.


El dictamen de mayoría cuenta con las firmas de Cambiemos, el Frente Renovador y el bloque Justicialista (en disidencia); en tanto que el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda presentaron sendos dictámenes de minoría.


El proyecto contempla a los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, y se aplica a cualquier situación presente o pasada, por lo que no habrá plazo de prescripción para la extinción de dominio.


Al exponer sobre el proyecto, Camaño señaló que hoy se trabaja con la figura del "decomiso en el ámbito penal", y que eso hace que concretarlo "sea un trámite muy largo y engorroso, atado a la suerte de la causa penal".


Por su parte, Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, señaló: "No queremos que los delitos queden impunes y que los delincuentes después aparezcan disfrutando de esos bienes".


"Están dadas todas las garantías para la defensa", agregó el diputado oficialista, al tiempo que cuestionó al Frente para la Victoria-PJ, al señalar: "hay quienes dicen que no están de acuerdo y no dicen mucho por qué".


Y concluyó: "Hoy tratamos este proyecto no porque la tapa de los diarios diga que es urgente, sino porque es necesario", en referencia a los pedidos de respuestas concretas ante los supuestos casos de corrupción descubiertos en los últimos días.


Por el FPV-PJ, el bonaerense Luis Cigogna cuestionó la posibilidad de decomisar un bien sin condena previa al afirmar que su bloque está "de acuerdo con el fin perseguido" y advertir que, sin embargo, "atenta contra varios artículos de la Constitución".


En relación al proyecto de resolución que permita a la Justicia allanar el domicilio y las oficinas del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional De Vido, el oficialismo intentará aprobarlo mañana tras haber fracasado en su intentó la semana pasada cuando pidió el apartamiento del reglamento para debatirlo sobre tablas.


La iniciativa propone "autorizar, en los términos del artículo 1° de la ley 25.320, al juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Luis Rodríguez, a allanar el domicilio particular y las oficinas del diputado nacional Julio Miguel De Vido, de acuerdo con lo ordenado y lo que se pueda ordenar en el futuro, en la causa por enriquecimiento ilícito".


El mes pasado la Justicia tuvo que dar marcha atrás en un operativo que se había ordenado en el departamento del ex ministro en Puerto Madero, luego de que la defensa de De Vido invocara el artículo 1° de la ley 15.320.

Fuente: Télam

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