Narcotráfico
Sábado 30 de Julio de 2016

Dijo que la presionaba un policía de Concordia para vender droga en su kiosco

Acusadas de integrar una banda narco, afirmó que un efectivo de la fuerza provincial la extorsionaba. Pero en las escuchas, aparece hablando con "La Peti", jefa de la banda

El juicio por el funcionamiento de una presunta banda narco que operaba en Concordia es un hervidero: hay cinco personas acusadas de integrar la organización, una de ellas declaró ayer como arrepentida y dijo que un policía de la Provincia la presionaba para vender droga; el gendarme que dirigió gran parte de la investigación está preso, acusado de asociación ilícita con narcotraficantes, y ayer dio detalles precisos de las tareas de inteligencia; y en las escuchas se aprecia el diálogo fluido entre los implicados, sobre mercancías que no se especifican. Luego de dos extensas jornadas en el Tribunal Oral Federal de Paraná, el debate continúa el lunes.

Natalia Bonazzola, una de las imputadas, defendida por los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, decidió acogerse al régimen del arrepentido y declaró sin público ante el tribunal y las partes. Si bien los detalles de su extenso relato no trascendieron, UNO supo que la mujer de 32 años aseguró que vendía droga en el kiosco que tenía en su casa porque era presionada por un efectivo de la Policía de Entre Ríos.

El hombre, que a veces iba de civil y otras uniformado a su vivienda, se identificaba como Miguel Bordón y cumplía funciones como custodia en la puerta el jardín maternal Frutillitas ubicado en Dr. Sauré y calle 60 de Concordia. Al menos hasta el 14 de mayo de 2014, cuando fueron los procedimientos que detuvieron a los implicados en esta causa. El sujeto en cuestión, dijo la imputada, iba asiduamente a su vivienda y la amenazaba para que siguiera con el negocio del comercio de estupefacientes, la extorsionaba con el dinero y otras cuestiones, e incluso le llevaba la droga para fraccionar y vender. Además, el presunto policía le pedía plata argumentando que tenía que pagarle a sus superiores de la Jefatura Departamental de Concordia, incluso "hasta el juez".

Ante esta denuncia, el tribunal integrado por Noemí Berros -presidenta-, Lilia Carnero y Roberto López Arango ofició al jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, a informar si en un período anterior de dos años a la fecha mencionada, hubo un policía trabajando en la guardia de custodia de dicho jardín, y en tal caso cuál era su nombre, para luego avanzar en la investigación que confirme o descarte los dichos de Bonazzola.

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Diálogos comprometedores

Por pedido del fiscal general José Ignacio Candioti se reprodujeron en la audiencia extractos de las escuchas telefónicas que sustentaron la investigación. En las mismas aparecen los diálogos de la sindicada como jefa de la banda, Norma La Peti Cabrera, su hijo José María Rey, Bonazzola y su pareja Juan José Martínez. En las mismas no se la escucha a Bonazzola hablar como si estuviera presionada sino más bien distendida y con cierta confianza con Cabrera. Sin embargo, ella sostiene que los contactos que mantuvo con la otra mujer acusada era por la actividad comercial lícita que desarrollaba La Peti, que era la venta de ropa en cuatro locales, y quería acceder a un puesto en el mercado Las Pulgas de Concordia.

En una de las conversaciones, se presume que Bonazzola y Cabrera hablan de que estarían siendo traicionadas por el hombre que sería la mula de la banda, Silvio Blanco, quien le llevaría mercadería de mala calidad a ellas, en complicidad con otra mujer, Daniela Gómez. En otra, Cabrera le dicta órdenes a su hijo Rey, y en otra las dos mujeres hablan de un paquete rojo a diferencia de otro con un envase verde y amarillo, cuyo contenido (que no se explicitó) sería de diferente calidad.

El juicio continuará el lunes, con los alegatos del fiscal Candioti, los defensores Cullen y Vartorelli (de Bonazzola y Martínez), Juan José Buktenica y Francisco Azcué (de Cabrera y Rey) y Mario Franchi (de Silvio Blanco).

Como informó UNO ayer, esta investigación se inició como una de las líneas que surgieron luego de que explotara en Concordia la cocina de cocaína en 2011, por la cual fue condenado Rafael Benítez. Un hombre que aparecía vinculado a esta organización que fabricaba estupefacientes era Mariano Barrios, marido de Cabrera. Cuando Gendarmería estaba tras sus pasos, Barrios volcó en Misiones en una camioneta con 200 kilos de marihuana y quedó detenido. Pero la pesquisa continuó y llegó a Cabrera y los demás acusados. Ayer Barrios estuvo en Paraná, acompañando a su pareja que afronta el juicio.

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Llegó al juicio Blanco, la mula

Silvio Blanco se perdió la mayoría del juicio. El hombre está imputado por haber ido a buscar cocaína a Buenos Aires y en el viaje de regreso lo interceptó la Gendarmería en el colectivo y le secuestró dos kilos de cocaína. Cuando lo fueron a buscar para notificarlo del inicio del debate, no estaba en el domicilio. El juicio empezó igual, con la presencia de su abogado defensor oficial Mario Franchi. Finalmente ayer lo encontraron y lo llevaron ante el tribunal. Blanco explicó que había anoticiado su cambio de domicilio en una comisaría, pero el dato no llegó a la Justicia. Todos entendieron que no hubo mala fe del imputado para profugarse. Le dieron los DVD de las declaraciones del juicio.

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Acosta, el testigo clave que está bajo sospecha

El sargento de la Gendarmería Nacional Carlos Francisco Acosta fue uno de los que dirigió la investigación por la cual ahora se juzga a cinco personas. Es, de este modo, uno de los testigos principales junto al resto de los uniformados que intervinieron. Ayer declaró en el juicio y su relato de la pesquisa, las tareas de inteligencia, las intervenciones telefónicas, casi no dejó fisuras. Esgrimió conocimiento en los procedimientos y tuvo respuestas para todos.

Como contrapartida, el hombre está preso, procesado por el delito de Asociación ilícita con narcotraficantes en Concordia. Es uno de los cuatro integrantes de fuerzas de seguridad (más dos de la Policía Federal y uno de la entrerriana) implicados en la megacausa que se inició hace un año y tres meses, que tiene a 14 personas imputadas.

En los alegatos, las partes valorarán esta circunstancia de manera diferencial: la acusación se aferrará a las pruebas y la validez de la investigación, mientras que la defensa planteará el manto de dudas que surge de un uniformado comprometido en una investigación por complicidad con una banda narco.

Acosta, en su declaración de ayer, dijo que el proveedor de La Peti cabrera era un hombre radicado en Buenos Aires que le decían El Gordo, de nombre Roberto. Casualmente, el narco que lideraba la banda con la que Acosta presuntamente colaboraba era Mario Roberto González, alias El Gordo. Pero según dijo Acosta ayer, sospechosamente no pudieron corroborar que sea la misma persona.

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