La Provincia
Jueves 09 de Junio de 2016

Derecho a huelga: voces dispares ante el fallo de la Corte Suprema

Tras el dictamen del máximo tribunal, los gremios entrerrianos fijaron posiciones diferentes. Un abogado laboralista sostuvo que la resolución marca un precedente y el secretario de Trabajo analizó la sentencia judicial clave

Marcelo Comas / De la Redacción de UNO
mcomas@uno.com.ar 


El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que solo los gremios tienen el derecho de promover huelgas, causó diferentes reacciones en el arco sindical de la provincia de Entre Ríos. Sucede que el máximo tribunal se expidió en relación a una causa contra un trabajador del Correo Oficial de la República Argentina que había sido despedido por la empresa “por haber participado en la convocatoria y la realización de medidas de fuerza que no contaron con el aval de ninguno de los sindicatos que representaban al personal”. 

Así como rechazaron el pedido del empleado postal para que se lo reincorporara a su puesto de trabajo y se dejara sin efecto el despido, el tribunal también basó su dictamen en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, donde se le reconoce el derecho de declarar huelga solamente a los sindicatos. En el primer párrafo el artículo menciona que el requisito necesario para constituirse como organización sindical “es la simple inscripción en un registro especial”. En su interpretación de la normativa, la Corte consideró que tienen derecho a declarar huelga tanto los gremios que gozan de personería gremial como las asociaciones sindicales simplemente inscriptas. 

Ni bien se conoció la parte resolutiva de la sentencia, los principales dirigentes sindicales nacionales salieron a cuestionar su contenido, por entender que se estaban limitando derechos y que se beneficiaba a las grandes corporaciones económicas.

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Opiniones dispares


En nuestra provincia fueron diversas las opiniones del arco sindical, ya que mientras algunos dieron el visto bueno a lo resuelto por el juez Ricardo Lorenzetti y compañía, otros se inclinaron por la cautela y los más duros, por la desaprobación. El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y diputado provincial, Daniel Ruberto, recordó que la decisión de la Corte viene a ratificar que solo las asociaciones formales pueden decidir una medida de fuerza. “Es muy positivo porque protege al trabajador, porque cualquiera en un momento de excitación o de nerviosismo, ante injusticias decreta un paro. Y no es así; el derecho a huelga es la última instancia que tiene el trabajador para hacer valer sus derechos, pero tiene pasos para ejercerlo”, opinó el titular del gremio. 

Ruberto mostró distancia respecto de la visión planteada por el diputado nacional Víctor De Gennaro, o el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, entre otros. “Ellos tienen una posición totalmente distinta porque representan a trabajadores que nunca pueden ser despedidos. Entonces es muy simple la posición de un sindicalista del Estado, ya que la estabilidad del trabajador está garantizada por la Constitución. Pero otra es la realidad de sindicalistas que representan a trabajadores donde la ley prevé la posibilidad de despidos”, justificó. El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná está afiliado a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y participa de la Confederación General del Trabajo de Antonio Caló. Pertenecer a la Faecys le permite al gremio delegar facultades como la negociación colectiva, la dirección de la obra social y en ciertas oportunidades decidir medidas de fuerza. Ruberto reafirmó su conformidad con el fallo con una frase: “Es sabio”. Además negó que en el último tiempo en Paraná el sector haya resuelto paros, aunque aclaró que se tomaron medidas puntuales en algunos comercios.

En la vereda contraria se posicionó Luis Gálligo, secretario general de la CTA Entre Ríos, quien puso reparos a un dictamen que impide a grupos informales ir a la huelga. “Cualquier trabajador puede hacer una huelga si su patrón no le paga el sueldo en tiempo y forma. Desprotege al que no está sindicalizado, según la interpretación que se hace en el fallo. No estamos de acuerdo en darle el poder a los que están sindicalizados, es decir que protege al que está organizado”, fundamentó. Gálligo recalcó que el fallo potencia a los grandes sindicalistas en detrimento de los trabajadores que carecen de cobertura gremial y son víctimas del abuso patronal. “Está en contra de todos los fallos internacionales, para nosotros es anticonstitucional, dado que la Constitución contempla todos los convenios internacionales”, analizó.

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“Era una zona gris”


El abogado Gerardo Ormaechea, especialista en Derecho Laboral, planteó que la sentencia de la Corte marca un fuerte precedente en el campo laboral. Explicó que previamente a lo resuelto por el máximo tribunal “había una zona gris porque nadie se animaba a tomar medidas” contra trabajadores sin reconocimiento gremial que hacían medidas de fuerza.    

A modo de ejemplo citó el caso de las reiteradas protestas de delegados de La Fraternidad en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dejaban sin el servicio de subte a miles de usuarios. “Allí intervinieron organizaciones que no respondían a La Fraternidad, pero que tenían una fuerza de acción que afectaba la calidad de servicio. Dada la fuerza colectiva nunca se tomaron medidas”,  graficó el profesional. De la misma manera recordó los despidos en el laboratorio Casa Rubio-Omega, cuando un grupo de empleados tomó el comedor del laboratorio, en reclamo de mejoras salariales y laborales. “En ese caso la patronal decidió las cesantías por daños cometidos en el interior de la firma”, especificó Ormaechea en comunicación con UNO. El abogado señaló que debió intervenir en causas donde se pretendía despedir a dirigentes sindicales que afrontaban acusaciones por diferentes hechos irregulares en su desempeño. “Para poder despedir la patronal promovía el desafuero ante el juez”,  manifestó.

El letrado expresó que si bien desde el punto de vista jurídico queda zanjada una discusión, en el mismo plano pueden surgir diferentes interpretaciones en cuanto a los derechos de los trabajadores. “Puede suceder que dentro de una lista interna de un gremio se decide una  huelga, pero está claro que ese grupo no tiene representación gremial ni tampoco protección”,  evaluó.

Justamente en un informe UNO constató la tramitación de varias causas en la Justicia Laboral entrerriana de tutelas a dirigentes sindicales, acciones iniciadas con el objetivo de reinstalar a trabajadores con protección gremial. 

Voces a favor y en contra acerca de un fallo que instaló el debate hacia adentro de las organizaciones sindicales, pero que en la valoración de los actores involucrados tendrá un impacto diferente en el ámbito estatal y privado.  Por lo pronto, el cruce de opiniones marcará el termómetro de una controversia de este primer semestre político.

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Balla: “Esto se había desvirtuado”


El secretario de Trabajo, Oscar Balla,  sostuvo que la resolución en debate viene a poner un marco normativo a las diferencias de criterio cuando se disponía una medida de acción directa. 

“Esto se había desvirtuado en cierta medida en Buenos Aires, con el reclamo de algunos sectores encabezados por delegados que no tenían representación gremial. Casi siempre el litigio se dirimía en la Justicia, aunque se llegaba a un acuerdo por el reconocimiento que se hacía de estos trabajadores”, esgrimió.

El funcionario recordó que en su momento el Consejo Federal de Trabajo fijó una serie de disposiciones, en especial resoluciones respecto de quiénes estaban autorizados a disponer paros de actividades.

Entre los métodos de reclamo que generaron polémica en la provincia, en la administración pública se recuerdan las asambleas con retención de servicios de trabajadores en el hospital San Martín de Paraná, que fueron objetadas porque supuestamente carecían de reconocimiento de los gremios estatales. “Nosotros nunca intervenimos, ni tampoco fuimos citados a alguna reunión por los trabajadores. Pero en ese caso el gobierno podría intervenir para  buscar una solución”, dijo.

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Yasky: “Desampara a los trabajadores”



El titular de la CTA de los Trabajadores advirtió que el fallo con que el máximo tribunal estableció que las medidas de fuerza solo deben ser convocadas por gremios y sindicatos “hace más vulnerable a los trabajadores” y beneficia a “las patronales”, porque “alienta el despido con causa”.

Hugo Yasky alertó que la prohibición de que grupos informales puedan organizar medidas de fuerza en una empresa “desampara la libertad que tienen los trabajadores” para organizarse y “desnivela la situación” a favor de los empresarios.

“Desde el punto de vista legal, esta es la última palabra; desde el punto de vista de la realidad, va a seguir habiendo una situación en la que los trabajadores convoquen a una huelga sin el aval del sindicato”, sostuvo el dirigente en declaraciones a radio El Mundo.

Yasky explicó: “Se da muchas veces que no siempre un colectivo de trabajadores en una empresa, por ejemplo, tiene el aval del sindicato para una medida de fuerza”. Y añadió: “Esas situaciones hoy quedan desniveladas a favor de las patronales o de los sindicatos cuando quieren imponer acciones punitivas, como el despido, y vulneran el derecho y la libertad de los más débiles, que son los trabajadores”.

Si la Justicia hubiera avanzado en un fallo de estas características años atrás, “no existirían la CTA o el sindicato de subterráneo” por fuera de las estructuras obreras formales. “Y la organización sindical nació siempre de la lucha. Primero fue la lucha y luego la organización sindical”, enfatizó.

El fallo del máximo tribunal basó su fallo al rechazar la demanda promovida por Francisco Daniel Orellano, un empleado del Correo Oficial de la República Argentina que fue despedido por haber participado en medidas de fuerza sin el aval de ninguna representación sindical. Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, aseguró que “se trata de un retroceso en un momento tan difícil”.

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