La Provincia
Domingo 14 de Febrero de 2016

Denunciarán por discriminación al Procurador del STJ

El abogado Silva Velazco también demandará al Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de que se lo sancionara. Cuestionó una resolución que plantea una incompatibilidad y que insta a revisar su jubilación

Un abogado que se desempeña en Paraná denunciará ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi) al Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, y al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por considerar que se habría cometido un acto de discriminación en función de su problema de su salud.  Aunque no se trata de una acción legal aislada, sino que vale remitirse a la sanción que la Justicia le impuso al profesional durante una audiencia. El caso en cuestión involucra al letrado Alberto Silva Velazco, con una trayectoria de más de 40 años en la profesión, quien durante el desarrollo de un debate en los Tribunales locales -donde se desempeñaba como defensor particular- recibió una sanción económica por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, presidida por José María Chemez. Al exdefensor oficial se le atribuye haber faltado el respeto y tener una actitud de “rebeldía” frente a las directivas del presidente. “Lamento que no haya sido filmado, porque Chemez hasta me quiso pegar y me ofreció pelea”, recordó sobre lo sucedido en aquella audiencia. En la notificación del STJ se hizo referencia al relato de los hechos y  se reproduce a continuación un tramo del acta debate: “... el Presidente le señala al defensor técnico Alberto Juan Silva Velazco, que no induzca respuestas o pregunte en forma indicativa, y ante la reiteración que advirtió que lo colocaría en la obligación de llamarle la atención, respondiendo el señor defensor en forma despectiva ‘bueno y llámeme la atención; ‘no hay problema’, motivo por el cual el señor Presidente le formula un llamado de atención, contestando el defensor que agradece el mismo y que lo iba a apelar...”.

En el mismo dictamen se alude a otra falta que habría cometido el defensor cuando se dirigió de manera inadecuada al titular del Tribunal. “... hace referencia a un pedido suyo anterior y se dirige al Presidente solicitando que ‘le preste atención si es tan amable’, ante lo cual Chemez le hace saber al profesional que es la última vez que le permite una importancia, y que efectúe el planteo que estime pertinente...”.

Derecho a trabajar

En una resolución fechada el 23 de noviembre de 2015, el STJ confirmó la sanción en cuestión, rechazando el recurso de apelación que el abogado había impuesto en su momento y ordenó además que se libre un oficio a la Caja de Jubilaciones y al Colegio de Abogados de Entre Ríos.

Esta última medida, que dispuso el Procurador General del Poder Judicial, Jorge García, generó malestar y sobre todo sorpresa en Silva Velazco. Con un informe médico en su poder de la Caja de Jubilaciones que ratifica que Silva Velazco padece una incapacidad “total-permanente”, el funcionario argumentó en la resolución judicial que el profesional “no puede desempeñar activamente lo que era su actividad habitual por ser incompatible con la dolencia que motivó su jubilación extraordinaria, o bien dicha jubilación merece revisión, ya que es obvia la contradicción entre lo dictaminado y la realidad laboral”. 

El abogado recurrió a UNO para hacer conocer su desacuerdo, planteando que pese a estar jubilado por invalidez puede ejercer normalmente la profesión en el ámbito privado y que esta situación no presenta ni tiene incompatibilidad alguna.  

Silva Velazco explicó que su situación se encuentra contemplada en la ley 8732 del Régimen Provincial de Jubilaciones y Pensiones, que en sus artículos 28 y 74 refiere a las incompatiblidades y del reajuste y/o transformaciones de las prestaciones.

Sostuvo que como respuesta elevó un recurso, incluyendo una aclaratoria, una revocatoria y finalmente un recurso extraordinario. El abogado, por un lado, decidió minimizar la sanción impuesta por la Justicia, pero no ocultó su preocupación por el dictamen del Procurador General, Jorge García. Silva Velazco calificó la medida como “un agravio” y que “lesiona sus derechos humanos en razón de mi discapacidad, destacando que cuento con Certificado Nacional respectivo y que me ampara no solo la Constitución Nacional sino de manera expresa la legislación provincial vigente y aplicable”.

El abogado padece desde hace varios años una insuficiencia renal crónica y problemas cardiológicos: es paciente de hemodiálisis renal, con tres stents coronarios colocados tras haber sufrido tres infartos-isquémicos silentes, que fueron factores determinantes de su incapacidad. 

“Esta incapacidad a mí no me impide trabajar y si por esta incapacidad a mí me impiden ejercer, me están discriminando. Esto es un acto de arbitrariedad, una locura”, dijo sin ocultar su indignación

Presentación ante el Inadi

En el despacho que tiene en su propio domicilio, Silva Velazco ratificó que denunciará ante el Inadi al Superior Tribunal de Justicia, en primer lugar, y también al Procurador General de la Provincia, Jorge García, porque entiende que se estaría cometiendo un acto de discriminación y que este accionar se emparenta con una actitud “hitleriana, fachista, mesiánica”.

Respecto a su trayectoria, el abogado recordó que ingresó al Poder Judicial como defensor oficial en 1991 con la designación política y que en 2006 rindió el concurso de la Magistratura para el mismo cargo del que era titular en la ciudad de Chajarí. 

En su descargo pidió que el Colegio de Abogados se pronuncie sobre su caso ya que en toda su carrera no recibió sanción disciplinaria firme. También mencionó que la entidad que nuclea a los profesionales de la abogacía le habilitó la matrícula que tenía suspendida desde 1985 y que pudo retomar su actividad profesional en 2013.

“Lo denuncié a Chemez ante el Superior Tribunal de Justicia, pero el alto cuerpo lo desestimó, con el argumento de que no tenían competencia ni facultades de Superintendencia. ¿Cómo no van a tener facultades para llamarle la atención a esta persona?”, recalcó. El día de la audiencia el Tribunal estaba conformado por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón. La sanción impuesta al abogado representa un 5% del haber jubilatorio de un magistrado de primera instancia y se encuentra en instancia de Casación, por lo que todavía no está firme, supo UNO.

Un fallo arbitrario

Silva Velazco confirmó que  mantuvo un encuentro con la delegada del Inadi en Entre Ríos, Lucy Grimalt y que estaba elaborando un escrito donde reconstruía la experiencia vivida, primero con el juez con el que tuvo el entredicho, y luego donde cuestiona la resolución del Procurador General de la provincia. Dijo que para formalizar la denuncia deberá llenar un formulario, aunque desde el organismo le aclararon que  como sucede en casos de estas características, la presentación se remite a Buenos Aires y es allí donde se evalúan los pasos a seguir. “Nada me impide trabajar en la profesión de abogado ni está mal concedida mi jubilación por invalidez. Tampoco transgredo las disposiciones de la matrícula provincial”, remarcó el abogado, quien pidió que se revoque la resolución a través de la cual se lo sancionó. 

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