Narcotráfico
Domingo 08 de Enero de 2017

Creció el número de sentencias dictadas por el Tribunal Federal

Se pasó de cerca de 70 veredictos en 2015 a un total de 91 en el año que pasó. Predominan las causas por droga

Por falta de decisión política, sigue siendo el único tribunal de juicios de causas federales, en Entre Ríos, que llegan a la instancia oral. Esto quiere decir que bajo su órbita concentra todos los procesos relacionados con el tráfico de drogas, de trata de personas, contrabando y lesa humanidad, pese a que existe una normativa aprobada el 26 de noviembre de 2008 que dispone la creación del nuevo Tribunal Oral en lo Criminal de Concepción del Uruguay. No obstante, el único avance en este sentido ha sido el nombramiento de los integrantes del cuerpo, aunque se deberán activar otros resortes judiciales para dotar a la estructura de recursos humanos y económicos. De esta manera el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná trabaja a "expediente caliente", con una demanda que supera la capacidad operativa de su personal administrativo y su plantel de jueces y fiscales.
Esta lógica queda demostrada en la cantidad de sentencias dictadas y en las causas que se tramitaron durante 2016: de acuerdo a un relevamiento al que pudo acceder UNO, en ese período se resolvieron 91 sentencias, entre juicios orales y abreviados. De la misma información se desprende que la actividad se incrementó respecto de 2015, período en que se dictaron cerca de 70 veredictos, manteniendo la tendencia en cuanto al importante volumen de causas relacionadas con el delito de narcotráfico. Uno de los datos salientes del registro estadístico muestra otro de los frentes que debió atender el TOF: el tratamiento de la ejecución de penas de las personas privadas de su libertad, con más de 200 resoluciones en todo el año.

Estadísticas
Como se dijo al principio de la nota, el Tribunal Oral Federal de Paraná y su órbita jurisdiccional acumula la mayor cantidad de expedientes en causas que se originan por delitos federales. El flagelo de la trata de persona, uno de los negocios que mueve cifras millonarias en el mundo, ocupó el protagonismo al contabilizar los debates: se dictaron 22 sentencias, 18 de ellas condenatorias y cuatro absoluciones. El caso más resonante fue por una violación y trata sexual contra una chica salteña de 15 años que era abusada en una carpa instalada en la plaza Carbó, de Paraná, a metros de la Casa de Gobierno. El tribunal conformado por Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero condenó a Carlos José Martínez a la pena de 11 años de prisión, una de las más altas para este tipo de delito. En el juicio, la Fiscalía a cargo de José Candioti subrayó que era la primera vez que se acreditaba que el acusado había participado en todas las fases del hecho. La trata de personas no solamente está vinculada con la explotación sexual, sino que asume diferentes modalidades. Es el caso de aquella que se realiza con fines de explotación laboral.
Este fue el motivo por el que se había acusado al empresario bonaerense José Manuel Gutiérrez, responsable de una explotación forestal de Colón donde se sometía a trabajo esclavo a un grupo de hacheros. Si bien el fiscal había solicitado la pena de cuatro años y seis meses de prisión, el tribunal resolvió la absolución del imputado.

Contrabando
El informe estadístico también brinda datos acerca de causas que parecen no tener trascendencia, pero que revelan el costado oculto de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando. Encuadrado en el artículo 863 del Código Aduanero, comprende "cualquier acto u omisión, que impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones". El sistema federal dictó cinco sentencias, de las cuales cuatro fueron condenatorias y se registró una absolución.
Se recordará el juicio que terminó mandando a la cárcel al ciudadano paraguayo Cristino Galeano Godoy, a quien se lo encontró culpable de contrabandear una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, por el paso fronterizo que une las localidades de Gualeguaychú con Fray Bentos (Uruguay). Le dieron cuatro años y seis meses de prisión efectiva. La pena máxima para este tipo de delitos es de 10 años.

Lesa humanidad
La causa Céparo se constituyó en la primera donde se expuso el papel de la Policía entrerriana durante la dictadura cívico-militar en la Argentina. El debate tuvo la particularidad de ser el único por delitos de lesa humanidad que se abordó en 2016 en el TOF. Luego de varias jornadas de intenso debate, a sala llena, se condenó al exmiembro de la fuerza provincial a 11 años de cárcel por haber sido encontrado culpable del secuestro de una trabajadora de salud en el sanatorio La Entrerriana de Paraná, a quien sometió a torturas con picana eléctrica y otras vejaciones en la sede central de la Policía. De esta manera se convirtió en el primer expolicía en ser condenado por delitos de lesa humanidad. El juicio permitió comprobar el rol de esta fuerza de seguridad en la represión
de los perseguidos por razones políticas durante los años del terrorismo de Estado, y corroborar que la Jefatura de Policía ubicada en calle Córdoba funcionó como centro clandestino de detención y torturas.

Narcotráfico, la vedette
En un ranking imaginario las sentencias por narcotráfico se llevan el primer puesto, reafirmando una tendencia de los últimos años. Más del 70% de las causas corresponde a la investigación y posterior juzgamiento de hechos vinculados con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En total, se tramitaron alrededor de 60 causas, que en su mayoría recibieron sentencias condenatorias. Entre las más resonantes se puede mencionar a la que involucró a la organización narco de Concordia, que se abastecía de cocaína y la revendía en el circuito del narcomenudeo en la Capital del citrus. La Justicia Federal condenó a ocho años a Norma Cabrera como organizadora de la narcobanda; a Silvio Blanco a seis años, por el transporte de estupefacientes; a Natalia Bonazzola, cinco años y medio, por ser considerada autora de tenencia con fines de comercialización agravada.
Finalmente, el hijo de Cabrera, José María Rey, como organizador pero partícipe secundario recibió la sanción de cinco años y cuatro meses. El tribunal absolvió a Juan José Martínez, para quien la Fiscalía había pedido seis años y medio de prisión como vendedor de estupefacientes.

Otras causas que también dieron que hablar

Quizás no hayan quedado en la memoria colectiva de la sociedad porque en la vorágine de la información pasan desapercibidos. Pero el caso del matrimonio constituido por Pedro Marcelo Velázquez y Claudia Fabiana Ekkert, dejó su huella por la gravedad del delito que habían perpetrado. Le cambiaron la identidad a un niño y por ello recibieron una pena de prisión condicional: Velázquez recibió una sanción de tres años, mientras que para Ekker fue de dos años. Se quedaron durante 14 años con un bebé de una adolescente que fue a parir a un hospital público de Basavilbaso.

Administración fraudulenta
Sobre el final de 2016 se sustanció el debate para dilucidar la responsabilidad penal de un exempleado de la sucursal Urdinarrain del Banco de la Nación Argentina, acusado del delito de Defraudación contra la administración pública, por un hecho cometido en julio de 2004. El procesado (Carlos María Riolfo) fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por igual tiempo, según dictaminó el Tribunal Federal.
Riolfo pergeñó una "maniobra delictiva" que recién fue detectada seis años después y que perjudicó a dos ciudadanos que debían cancelar una deuda con la entidad. En la sentencia -cuya parte resolutiva se conoció el 10 de noviembre- se absolvió al imputado por un segundo hecho, encuadrado también bajo la figura del delito de Defraudación contra la administración pública.
Según se fijó en el fallo, deberá devolver a la entidad financiera la suma de 23.363,65 pesos.

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