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Uno Entre Rios

La Provincia

Domingo, 26 de septiembre de 2010

Multas de acuerdo al origen del infractor

Gendarmería hace operativos, labra actas y luego habilita el cobro dispar del municipio, según la provincia del infractor. Tienen un claro tinte recaudatorio y se hacen dentro de ejidos urbanos.

En Entre Ríos aún no se acordó con Gendarmería para que la fuerza labre actas de infracción. En Entre Ríos aún no se acordó con Gendarmería para que la fuerza labre actas de infracción.

Con un claro afán recaudatorio y en controversia con lo previsto en el Código Único de Infracciones aprobados por el Consejo Federal Vial, las rutas nacionales son una muestra contundente que la trágica realidad vial que vive nuestro país, no sólo obedece al mal manejo de los conductores.

Hay medidas y políticas que además de alejarse de los lineamientos de la seguridad vial y destinarse a la prevención, tienen un sesgo discriminatorio, según la procedencia del infractor.

Así, –por citar una falta leve– el monto de la infracción por no llevar luces bajas en una ruta nacional varía, según el ciudadano sea oriundo de la ciudad o pertenezca a otra jurisdicción nacional. En tiempos de tanta movilidad social, casi parece ser otra trampa o artilugio de mero carácter fiscalista, como al que se le suele endilgar a las foto-multas.

El domingo pasado, en horas del mediodía, en la ruta nacional Nº 34, dentro del ejido urbano de la ciudad de Rafaela (Santa Fe), Gendarmería colocó un puesto de operaciones. En ese contexto, labró un acta de infracción por no llevar luces bajas en el viaducto a un entrerriano, que había pasado el fin de semana en esa localidad y cruzaba por la ruta para trasladarse hacia barrios del oeste de esa localidad.

Está claro que la ley exige el uso de luces bajas encendidas en rutas, por lo que el tema no se centra en esa decisión. Al día siguiente apareció el dato más sorpresivo: la multa, fijada en 600 unidades fijas, tenía un valor en el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Rafaela, de 30 pesos, si era oriundo de la ciudad; o de más de 130 pesos, por ser de otra jurisdicción.

La explicación del Juzgado de Faltas fue que por convenio interjurisdiccional de esa comuna con Gendarmería, al tratarse de un trayecto urbano, permite a los oriundos de esa ciudad abonar un monto distinto.

La primera inquietud es si el objetivo es garantizar la seguridad vial, sería pertinente que Gendarmería (en este caso el Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional) realice controles en sectores críticos de las rutas, y no dentro de la traza urbana. Pero la situación merece otra reflexión. Por caso, la indicada por Lucila Haidar, secretaria de Justicia de Entre Ríos e integrante del Consejo Federal Vial, quien afirmó ante la consulta de UNO que “no deberían existir diferencias, ya que el cumplimiento de las normas sobre una ruta nacional, debe ser el mismo para cualquier habitante del país”.

Para ello, citó la aprobación del Código Único de Infracciones, a fines del año pasado, con el aval unánime de las 24 provincias.

Participación
La participación de Gendarmería en operativos de seguridad vial está siendo incentivada por la Nación, en las rutas de su jurisdicción.

A su vez, cada provincia debe adherir con la fuerza, para la concreción de controles. En el caso de Entre Ríos, aún no hubo acuerdo para el labrado de actas en su territorio.
Santa Fe adhirió, y a su vez cada municipio puede formalizar convenios e incluso objeciones a las leyes de tránsito, básicamente la Ley Nacional Nº. 24.449
“La seguridad de los habitantes de un país no puede estar sujeto a un carácter recaudatorio”, planteó Haidar.

Gendarmería realiza los operativos sin necesidad de estar acompañados por inspectores municipales, labra actas, pero no cobra las multas. Son los municipios, quienes luego coparticipan los ingresos a la fuerza.

Desde el Escuadrón Rafaela, ante la consulta de UNO, se informó que “queda a criterio del Juzgado el monto a abonar”.

Para Gendarmería, las unidades fijas equivalen a litros de nafta. Si el pago es voluntario, se abona 50%. En este caso, si el infractor es de la misma ciudad, el monto es menor.

Cada cual
Ante la consulta de UNO, Amado Siede, titular del Juzgado de Faltas Nº 1 de la Municipalidad de Paraná, indicó que la Municipalidad adhirió a la Ley Nacional de Tránsito. Pero explicó que además de ese marco normativo, se deben establecer convenios particulares.

“Cada lugar adhiere a su manera, incluso con objeciones. Por eso hay que ver cada lugar”, citó para graficar la gran diversidad existente en materia vial.
Por otro lado, apuntó que en Entre Ríos existe disparidad de monto de las multas, pero no por procedencia de los automovilistas, sino por lugar de la infracción y quién realiza los operativos.

Es que aquel automovilista que pisa la senda peatonal en una avenida de Paraná puede ser pasible de una multa de 300 pesos, ya que la unidad fija equivale a 1 peso.
En cambio, si lo mismo sucede sobre una ruta provincial –en operativo de la Policía de Entre Ríos– saldrá cuatro veces más, ya que las unidades fijas se equiparan con los litros de combustible.

“Las unidades fijas deben ser comunes en provincias”
La integrante del Consejo Federal Vial, Lucila Haidar, indicó que la controversial situación planteada en una localidad de Santa Fe “no tiene nada que ver con la adhesión de cada provincia a la Ley Nacional de Tránsito”.

Santa Fe convino con Gendarmería la participación en operativos en rutas nacionales. Y a sugerencia de municipios, en algunos cruces o travesías urbanas, mediante convenios anexos particulares.

“Gendarmería tiene jurisdicción en rutas nacionales, porque el control y seguridad vial es una función no delegada a la Nación. En ese sentido, las adhesiones de las provincias son con reservas, porque si bien son terrenos de jurisdicción nacional, la territorialidad es de cada provincia”, explicó.

De todos modos, la funcionaria provincial citó que “según el Código Único de Infracciones, dejamos estipulados que las unidades fijas sean comunes en las 24 jurisdicciones”.

“Hay que ser contundentes. El habitante que entiende que no fue atendido como corresponde, debe recurrir a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, para que le aclaren la situación, porque se desvirtuaría una norma unívoca aprobada por las 24 jurisdicciones”, se explayó.

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