Avanzan en el pedido de elevación a juicio

El hospital de Paraná funcionó como maternidad clandestina durante la última dictadura. (Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)

La querella y la Fiscalía Federal de Paraná ya comenzaron a trabajar en los requerimientos de elevación a juicio de la causa conocida como Hospital Militar, que investiga el robo de bebés durante la última dictadura en la capital entrerriana. El juez Gustavo Zonis los habilitó para avanzar en esa tarea en las últimas horas, luego de que corriera vista a las partes tras finalizar la instrucción.

Como se informara la semana pasada, Zonis emitió un decreto por el cual estimó completa la investigación. Luego de esto sólo quedaba pendiente que corriera vista a las partes acusatorias de conformidad con el artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, para que procedieran a pedir formalmente la elevación a juicio. Esto se concretó ayer, según informaron a UNO fuentes judiciales.

Los querellantes vienen avanzando desde hace un tiempo en esta presentación, al punto que no descartan efectuarla los primeros días de la semana que viene, sin necesidad de prórroga del plazo legal de seis días. Se trata del relato pormenorizado de los hechos, que comprenden el traslado a Paraná de la detenida-desaparecida Raquel Negro, su ingreso al Hospital Militar, donde permaneció aislada, el nacimiento de mellizos, la derivación con nombres falsos al Instituto Privado de Pediatría (IPP) –NN López y Soledad López– y la sustracción por parte de personal de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército, que dejaron a la niña en el Hogar del Huérfano de Rosario. La beba fue entregada en adopción y recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008; el bebé varón sigue sin aparecer.

El voluminoso expediente, de 25 cuerpos, llegaría a juicio oral y público recién el año que viene y se estima que los debates se extenderán por aproximadamente tres meses. Los procesados son Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino Héctor González, Juan Antonio Zaccaría, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri.

El abogado Marcelo Baridón remarcó a UNO que todos los integrantes de la querella –la Secretaría de Justicia de La Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Hijos y los hijos de Raquel Negro: Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez– vienen trabajando al unísono en la investigación, por lo cual se pudo avanzar en la elaboración del requerimiento de elevación a juicio.

Baridón recordó que la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná no renovó la autorización que venía otorgando para prorrogar el plazo de instrucción. "La Cámara, hace un tiempo atrás, le advirtió al Juzgado Federal que le deba la última prórroga y cuando el juez reiteró su solicitud, se la denegó”, indicó.

“Previamente, los fiscales se presentaron diciendo que a criterio de ellos y, en lo que respecta a Sabrina, la instrucción estaba completa; conclusión a la que adhiere la querella. El juez Zonis ya había separado la investigación para que se sigua investigando el destino del otro mellizo, que fuera ingresado al IPP como NN Lópéz, y ahora resolvió correr la vista prevista en el Código Procesal Penal de la Nación", describió.