Impulsan una ley que combata la trata de personas en la provincia

La monja Pelloni estuvo en Paraná capacitando a instancias de una ONG. Con la ley, deberá hacerlo el Estado. (UNO/ Juan Ignacio Pereira)

El Poder Ejecutivo provincial remitirá en pocos días a la Legislatura entrerriana un proyecto de ley de Prevención, Asistencia y Protección a la Trata de Personas que tiene por objetivo actualizar la legislación existente frente a uno de los delitos de mayor crecimiento de los últimos años, que es considerado el segundo más rentable en todo el mundo, detrás del tráfico de drogas.

Diferentes organizaciones no gubernamentales han coincidido en los últimos años -y especialmente después del secuestro y desaparición de la adolescente sanbenitense Fernanda Aguirre- en que Entre Ríos es una de las provincias del país donde este delito registra mayor actividad.

El proyecto, que fue analizado en el Ministerio de Gobierno, reconoce la autoría del diputado Jorge Kerz (Peronismo Federal) y el aporte inicial de la Red Alerta de Entre Ríos, pionera en la concientización de la necesidad de luchar contra el tráfico, la trata de personas y la explotación sexual, especialmente de menores.

El proyecto plantea la adhesión a la Ley nacional Nº 25.632 al Protocolo de Palermo y a la Ley nacional Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Igualmente propone crear en el ámbito de la provincia el Programa de Prevención, Asistencia y Protección de las víctimas de la trata de personas.

Se intenta de esta forma “propender a la acción conjunta de los poderes del Estado provincial, obligándose a actuar con la diligencia debida en tiempo y forma”, de manera que la acción estatal se dirija a “impedir la vulneración de los derechos humanos” por razón de la trata de personas.

La acción estatal contra la trata deberá propender al trabajo “conjunto y armónico con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en general”.

Se propone crear el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las víctimas y testigos de la trata y tráfico de personas, que integrarán, además de 10 representantes de entidades oficiales (del Ejecutivo y del Judicial), dos representantes de organizaciones no gubernamentales y erá presidido por el Ministerio de Gobierno.

Ese consejo estará facultado, entre otras cosas, para proponer al Poder Ejecutivo convenios con organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales; presentar propuestas de ley o de modificación de la presente; y tomar conocimiento del registro provincial y nacional de personas extraviadas.

Asimismo podrá promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y sus familias; desarrollar actividades de capacitación con el fin de lograr la mayor profesionalización de funcionarios públicos, que en razón del ejercicio de su cargo tuvieren contacto con víctimas de trata de personas; promover actividades de estudios, investigación y divulgación vinculadas a la protección de las potenciales víctimas.

También elaborar campañas públicas de concientización sobre el tema; promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades policiales de otras provincias ( especialmente las que sean una fuente importante de víctimas, provincias de tránsito o de destino de las víctimas); coordinar y articular sus acciones con la Justicia y los Ministerios Públicos para acortar los tiempos de circulación de la información y facilitar así la tarea.

Habrá un registro provincial de personas extraviadas
El Registro Provincial de Datos vinculados con el delito de trata de personas, cuya base deberá contar además con los datos de aquellas personas de las cuales se desconozca su paradero, así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación de quienes se desconozcan sus datos filiatorios. Incluirá una fotografía de la persona y datos de su desaparición.

El Consejo General de Educación aplicará contenidos curriculares que aborden la temática de la trata de personas y su prevención en todos los niveles de educación.
Para la protección de las víctimas la oficina de asistencia a la víctima dispondrá de los recursos necesarios para el alojamiento, alimentación y vestimenta, así como también de asistencia médica y psicológica hasta su traslado a su lugar de origen conforme lo dictamine la Justicia.

El delito que más crece en el mundo, y también en la Argentina
En 2000 las Naciones Unidas finalizaron la redacción de la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional, complementada por tres protocolos, uno de los cuales es el “ Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas”, especialmente mujeres y niños, también conocido como Protocolo de Palermo.

Argentina ratificó la Convención y el protocolo mediante la Ley Nº 25.632/2002, obligándose así a desarrollar una serie de medidas para prevenir la trata de personas. Según un informe elaborado en 2005 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominado Una Alianza Global contra el trabajo forzoso, existen más de 12 millones de trabajadores sometidos a trabajo forzoso en el mundo.

La trata de personas es un delito contra la libertad y dignidad de las personas y es considerada la esclavitud del siglo XXI. Argentina ratificó la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional, complementada por el Protocolo de Palermo de 2000.

En 2009 de 1.325 denuncias que recibió el registro nacional de personas menores extraviadas en el primer semestre se encontraron 599 menores, con una efectividad cercana al 40%.

No hay una relación directa con hechos delictivos y la mayoría son adolescentes que por problemas en el núcleo familiar deciden huir. De esas 1.325 denuncias, 20 casos fueron niñas víctimas de trata de personas.

El registro nacional fue creado en 2003 por Ley Nº 25.746, y en junio de 2009 se crea una nueva coordinación en base a la orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los fines de explotación son múltiples, básicamente la sexual, la laboral y la extracción de órganos y tejidos humanos. Siempre conlleva una restricción a la libertad ambulatoria, la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral o sexual.

El reclutamiento
Desde 2008, en función de los casos que llegan a las organizaciones que asisten las víctimas y sus familiares, se ha percibido un aumento del secuestro como medio de reclutamiento y, también, han habido varios casos de reclutamiento mediante la introducción de niñas de 12 a 14 años en la droga, luego de lo cual son involucradas en la prostitución.