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Miércoles, 10 de marzo de 2010

Se descartarán 10 millones de celulares

Al menos un 30% de estos aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios o basurales. Greenpeace pide al Congreso que apruebe la Ley de basura electrónica (RAEE).

Unos diez millones de celulares serán descartados durante 2010 y se estima que al menos un 30% de estos aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios o basurales, según un informe difundido ayer por Greenpeace.

En el documento, la organización ambientalista advirtió sobre la contaminación que generan los teléfonos móviles una vez terminada su vida útil. De acuerdo al informe, el descarte de teléfonos aumentó 4 veces en los últimos 5 años.

El incremento en el consumo, la escasa vida útil de los productos, y las altas cifras de descarte conviven con un reducido circuito de reciclado. "Hoy se recicla menos del 6% del total de los residuos provenientes del sector de tecnología", afirmó la organización.

"Los teléfonos móviles son, junto con las computadoras de escritorio, televisores, pilas y baterías, la porción de los residuos sólidos urbanos que está creciendo más rápidamente, y se espera una ola de descarte sea mayor en los próximos años", informó.

El riesgo de estos residuos radica en sus componentes tóxicos. "Además, enterrarlos o incinerarlos representa un despilfarro de materiales como oro, plata, cobre y plásticos que pueden ser recuperados y reintroducidos en el circuito productivo”, señaló Yanina Rullo, integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace. Uno de los elementos de los celulares con mayor potencial de contaminación son las baterías.

"Desde Greenpeace insistimos en la necesidad de una ley nacional de gestión de este tipo de residuos, para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales, que establezca la responsabilidad legal y financiera del productor, que prohíba la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos y que asegure una mayor durabilidad de los productos”, señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.

Argentina tiene un nivel de penetración de la telefonía celular semejante a los países desarrollados y 2 de cada 3 habitantes afirmó que cambiará su aparato en los próximos seis meses.

Estiman que cada habitante genera 2,5 kilogramos por año de este tipo de residuos, cerca de 100 millones de kilos anuales (100.000 toneladas).

Greenpeace propone
En el Congreso de la Nación se encuentra en discusión un proyecto de ley de presupuestos mínimos, que establece un marco legal nacional para regular la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Se considera que el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos es la solución para crear de manera urgente una Infraestructura Especial de Reciclaje y Recuperación de materiales, que establecerá la responsabilidad (legal y financiera) individual del productor como concepto político y determinará los incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.

"Para asegurar una gestión social y ambientalmente de estos residuos, es indispensable establecer explícitamente la meta de prevención de la generación de residuos mediante el diseño sustentable: diseñar para el ambiente; disponer la eliminación de ciertas sustancias peligrosas para asegurar que los peores productos no sean puestos en el mercado; establecer la Responsabilidad Individual del Productor (RIP) para los residuos futuros y asegurar que todos los costos de los residuos electrónicos sean absorbidos dentro del precio de venta de los productos.

También exigir garantías financieras para todos los productos puestos en el mercado para prevenir la generación de más productos “huérfanos”. Asegurar que los productores tengan el control sobre el reciclado de los residuos electrónicos, especialmente los que se generarán en el futuro; definir claramente al productor y los roles que cumplirán tanto el gobierno, como los productores mismos, las autoridades locales, los vendedores y los consumidores en el programa de RIP con respecto a la creación de un marco legal y monitoreo de su cumplimiento.

Además, establecer objetivos de recolección ambiciosos con metas claras en el tiempo; fomentar la reutilización total de los aparatos y sus componentes a nivel local; describir claramente qué significa reciclar y asegurar altos estándares obligatorios para lograrlo, incluyendo requerimientos previos dirigidos a la instancia de la producción promoviendo el ecodiseño. Asimismo, deben establecerse metas ambiciosas de reciclado de componentes y materiales.

Finalmente pidenprohibir las rutas de escape de los RAEE: rellenos sanitarios, incineración y envíos a sitios ilegales y no formales de reciclado y planificar el cumplimiento efectivo de las metas de recolección, reutilización y reciclado y establecer multas y penalidades ante la disposición inapropiada y el no cumplimiento de las metas.

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